domingo , 18 noviembre 2018
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Agua: ideas geniales

MARIANO RUIZ FUNES. EL FINANCIERO.

E l jueves pasado, el presidente morenista del Senado, Martí Batres, propuso una iniciativa para “eliminar” de la Ley de Aguas Nacionales la participación privada en todas las actividades vinculadas con el sector. La exposición de motivos y el mensaje del senador ante el pleno, así como los cambios propuestos en el articulado, denotan ignorancia en el tema y, sobre todo, irresponsabilidad acerca de los efectos que pueden generar esas modificaciones para la población. Lo que queda claro es la gran carga ideológica de la propuesta.

Los argumentos de la exposición de motivos de la propuesta se basan en el Artículo 4º Constitucional en el que se establecen los derechos fundamentales de las personas. El derecho humano al agua se incorporó en febrero de 2012; en el párrafo sexto de ese artículo se establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho…estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Batres elimina, convenientemente, este último concepto en la exposición de motivos e interpreta que “es facultad exclusiva del Estado en sus tres niveles de gobierno el suministro de agua potable, ya que, al ser un derecho humano, solamente puede ser prestado por el Estado y no así por particulares”. Con ello, en la lógica “batresiana” otros bienes y servicios asociados a los derechos constitucionales sólo podrían ser otorgados o prestados por el Estado y no sólo garantizados, como establece la Carta Magna. Ese sería el caso de la protección de la salud, el derecho a la alimentación, una vivienda digna y decorosa o el acceso a la cultura y al deporte, entre otros. Pues vaya tarea para el Estado.

Más allá de la pésima justificación, la iniciativa propone reformar cuatro artículos de la Ley de Aguas Nacionales que en esencia excluye los conceptos de concesión y de participación de terceros, asignándole toda la responsabilidad del financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura a la Conagua; asimismo, propone eliminar todo el capítulo sobre la participación privada de dicha Ley.

Frente a las restricciones presupuestales, y los múltiples programas y proyectos planteados por el presidente electo, es previsible que la Conagua siga enfrentando grandes limitaciones de recursos: en 2018 se le asignaron 27 mil millones de pesos, monto nominal similar al de 2017 y casi 40% inferior al de 2016. Del monto para este año, sólo 7,600 millones de pesos se destinaron a infraestructura de agua potable (de los cuales 5 mil son para el túnel emisor oriente) y 3,500 millones de pesos para programas sujetos a reglas de operación que llevan a cabo los municipios, 70% menos que en 2016. A ello se suma la precariedad presupuestal y deterioro financiero de la mayoría de los municipios, responsables de los servicios de agua potable y drenaje, y de los organismos operadores estatales o municipales.

Por otra parte, eliminar el término de ‘concesión’ en la ley puede ocasionar múltiples problemas a los concesionarios actuales en diversas ciudades del país y a los productores agropecuarios que operan bajo esa figura para el uso de aguas superficiales —a través de los 86 distritos de riego— y para los concesionarios de pozos para usos agrícola, ganadero y urbano.

No es un tema de ideologías, sino de realidades. De prosperar esa iniciativa, es muy probable que se registre un retroceso en los niveles de cobertura de agua potable y drenaje (según el INEGI, en 2015 fueron de 94.4% y 91.5%, respectivamente), además de un deterioro de su calidad, y un incremento en las carencias sociales vinculadas con el abasto de agua. Al mismo tiempo, ello incidiría en la confianza para invertir en el país. Ideas geniales para el arranque del nuevo gobierno.

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