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Controles de precios y subsidios: ¿Regreso a los 70?

GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI. EL SOL DE MÉXICO.

Entre los múltiples frentes de conflicto o polarización que se abren sin cesar, con un nuevo gobierno que se asume como agente de una transformación histórica, revive una vieja discusión económica que parecía zanjada desde hace décadas en México: los controles de precios y subsidios para el campo.

No debe haber sorpresa: los programas, lanzados formalmente el pasado 18 de enero, se apegan a lo prometido en las campañas electorales. Sin embargo, cambios como estos difícilmente pueden escapar del debate público, y de hecho tiene que darse este contrapunteo, por todo lo que está de por medio.

Por un lado están quienes hablan de soberanía alimentaria y justicia social, para apoyar subsidiariamente a la población de menores recursos y a millones de campesinos que padecen una marginación endémica. Por otra parte, quienes advierten que estos controles son incompatibles con la economía actual, al tiempo que advierten de riesgos como distorsión de mercados, corrupción y cargas fiscales insostenibles a la larga.

En su esencia y contenidos, el programa anunciado tiene poco de novedad: se compone, en gran medida, de medidas que se aplicaron hace medio siglo. Implica precios de garantía para frijol, maíz, trigo o arroz, pagados por el gobierno. La tonelada de maíz podrá comercializarse en 5,610 pesos, contra el precio de mercado, rondan los 4,300. En el esquema se incorporan límites por productor; por ejemplo, en maíz, 20 toneladas.

Con ello se busca beneficiar a más de 2 millones de pequeños productores, quienes venderían a una nueva dependencia: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que distribuirá lo adquirido en sus tiendas, lo que antes era Liconsa y Diconsa, o bien en el mercado, al precio que se lo tomen.

Difícilmente no ver reminiscencias de los años 70: los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria, intervención directa del Estado en los mercados, el retorno de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), incluso de un director general de esa paraestatal desaparecida en 1999.

Finalmente, por el lado de los precios al consumo, el 29 de enero se anunció la ampliación de la canasta básica con precios subsidiados por el gobierno federal: de 23 a 40 productos disponibles en las tiendas comunitarias.

Para evaluar este tipo de programas, hoy como ayer, es preciso considerar los aspectos prácticos, más allá de la ideología y los buenos propósitos: técnico-económicos, empíricos, de razones de costo-beneficio.

Lo que puede decirnos de esto la teoría y experiencia económica es claro: los precios máximos hacen los alimentos más asequibles, pero también llevan a escenarios de escasez y desabasto. Los precios mínimos, como los de garantía, pueden aumentar los ingresos de los productores, pero también conducir a un exceso de oferta, que al final tira los precios. El gobierno entonces pierde aún más dinero público, de todos.

Ese costo no puede sino reducir la disposición de recursos requeridos para muchos otros fines. Más aún si la pérdida es doble: al mismo tiempo pagar más al productor y cobrar menos al consumidor. Todo esto, sin contar los costos de distribución y almacenamiento.

Aunque puede haber ocasiones en que los controles y subsidios ayuden, como ante productos con precios muy volátiles, la experiencia ha sido que exacerban los problemas en vez de resolverlos. Ese ya fue el desenlace hace 50 años: alteración artificial de la estructura de la producción, beneficios regresivos que acabaron en gran parte en intermediarios.

Más aún, se propició clientelismo político, así como prácticas de corrupción tan abusivas como el fraccionamiento artificial de tierras o una especie de carrusel: vender caro al gobierno y luego presentarse, como procesadores, para comprar barato y repetir el ciclo, incluso varias veces.

En todo caso, cabe pensar en las alternativas: subsidios sí, pero canalizarlos a apoyar a los productores para que eleven su productividad; enfocarse en lo que les genere mayor rentabilidad y desarrollo sostenible.

No hay que olvidar esa otra faceta del campo mexicano: una agroindustria cuya generación de divisas apunta a los 35 mil millones de dólares anuales; más que el petróleo; con tasas de crecimiento casi al doble de la economía.

La oportunidad: que el sector rezagado suba al tren; maximizar vocaciones productivas en segmentos y actividades de más valor agregado, que incrementen sus ingresos de forma sustentable. Un esquema de costo-beneficio social con sentido para los campesinos, más que para un gobierno.

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