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No cumplieron autoridades agrarias decreto presidencial

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CASTRO. EL SOL DE SAN LUIS…
Determinaba expropiación de 200 mil hectáreas en Pujal-Coy
Ciudad Valles, San Luis Potosí.- Las autoridades agrarias no dieron cumplimiento al decreto presidencial que determinaba la expropiación de 200 mil hectáreas que conforman el sistema Pujal-Coy, y corresponde a la segunda fase y comprende municipios de San Luis Potosí y Tamaulipas.

La denuncia la hace Said López de Olmos Martínez, dirigente del Movimiento Huasteco Democrático (MHD), quien denuncia que tanto la Procuraduría Agraria como la Secretaría de la Reforma Agraria violaron los acuerdos establecidos con las organizaciones campesinas, lo cual debe investigarse porque se presume que estas dependencias tienen relación con el “rentismo” de tierras en la región.

Mencionó que ahora que se busca reiniciar el Pujal-Coy, sería importante conocer por qué las 5 mil hectáreas que se otorgaron al MHD nunca llegaron a manos de los campesinos, es por ello que ahora se exige al Gobierno del Estado, la Procuraduría Agraria y la SRA, hacer la revisión requerida y estas tierras las reciban gentes que forman parte del MHD, porque actualmente las tienen gente de otras organizaciones.

A través de oficio se denunció que se cometieron graves irregularidades, lo que motivó que esta denuncia se hiciera llegar a la ciudad de México, al Gobierno del Estado, así como a las dependencias involucradas con la actividad agrícola, el primer convenio se firmó el 24 de Junio de 1997 y el segundo el 29 de Junio del 2004, pero nada se cumplió.

Además señalan que hay corrupción en las acciones de las autoridades, que no respetaron el punto de acuerdo emitido por el Congreso de la Unión con fecha 27 de Enero del 2010 que a la letra dice: “Se exhorta al Procurador Agrario, al secretario de la Reforma Agraria, al Gobierno del Estado y otras dependencias a dar cumplimiento al acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático”.

Pero eso no es todo, el actual titular de la SEDATU, Carlos Ramírez Marín es quien debe dar una explicación a esto, porque una gran extensión de tierras está hasta la fecha en manos de particulares, por ello es que organizaciones campesinas están exigiendo a la federación que antes de continuar con los trabajos en Pujal-Coy, se practique una auditoria general y conocer la extensión de tierras en abandono, ya sean nacionales, excedentes, o que los anteriores propietarios las dejaron.

Con ello se conocerá que se cometieron muchas irregularidades y muchos grupos campesinos se quedaron sin tierras, aun teniendo expedientes ya instaurados y capacitación agraria, por ello es necesario que se audite y poner fin a los conflictos que pueden surgir por la posesión de tierras.

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