domingo , 18 noviembre 2018
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La sentencia de la SCJN y la restitución de tierras en Tepoztlán

JUAN PABLO SÁNCHEZ TEJEDA. CRÓNICA.

Mediante el comunicado 135 de fecha 24 de octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó al público en general respecto a la resolución que emitió la Segunda Sala en un asunto en materia de Derecho Agrario. En concreto, se trata de una sentencia en la cual se ordenó la restitución de tierras a una comunidad agraria de Tepoz­tlán en el estado de Morelos.

La comunidad y el ejido son dos figuras que se reconocen en el sistema jurídico mexicano como núcleos de población en materia agraria. Su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ubica en el artículo 27. Este artículo constitucional tiene su ley reglamentaria, la Ley Agraria, en la cual se regula tanto a la comunidad como al ejido.

El reconocimiento del Derecho Agrario en la Constitución Federal de 1917 se generó como resultado de una enorme lucha por cambiar las lamentables condiciones en que vivía gran parte de la población mexicana. Entre los múltiples problemas que existían y que aquejaban, en general, a la gente, se encontraban los referentes al ámbito laboral y al ámbito de las tierras. Por lo que se refiere a este último ámbito, grandes extensiones de tierra habían sido acaparadas por no muchas personas; en cuanto al ámbito laboral, los trabajadores padecían, constantemente, condiciones semejantes a las de la esclavitud.

Las personas se veían afectadas  al no contar con tierras propias que pudieran tener para trabajarlas y obtener así su aprovechamiento. Las tierras que trabajaban eran ajenas. De esta manera, hubo una convergencia de factores que motivaron a diversos sectores de la población a derrocar el sistema del entonces presidente Porfirio Díaz. Una de las consecuencias jurídicas más importantes posteriores al derrocamiento de dicho sistema, es la promulgación de una nueva Constitución para el país. Por lo que hace a los derechos laborales, estos quedaron plasmados en el artículo 123; a su vez, los derechos agrarios, en el artículo 27.

Desde entonces, y con diversas modificaciones que han existido en las normas jurídicas en la materia, el Derecho Agrario se ha mantenido vigente en el sistema jurídico mexicano. Las últimas modificaciones que tuvieron gran impacto en materia agraria, son las que se llevaron a cabo en el año de 1992, ya que se reformó el artículo 27 de la Constitución Federal y se publicó la actual Ley Agraria.

Los Derechos Agrarios son considerados, actualmente en México, como Derechos Humanos. Estas prerrogativas son reconocidas tanto para los individuos que ostenten la calidad de ejidatario o comunero, como para los núcleos de población que tengan la calidad de ejido o comunidad. Es decir, no sólo las personas físicas que sean ejidatarios o comuneros pueden hacer valer sus Derechos Humanos Agrarios, sino que también las personas morales denominadas ejidos o comunidades pueden hacerlos valer. Estos núcleos agrarios tienen personalidad jurídica, lo cual permite que puedan acudir ante autoridades del Estado encargadas de administrar justicia, para hacer valer y defender sus derechos humanos.

A pesar de que el Derecho Agrario no es tan conocido y utilizado como, por ejemplo el Civil, Penal, Mercantil, Familiar, entre otros, se encuentra regulado en diversos ordenamientos legales vigentes; lo cual, permite que cualquier controversia en materia agraria pueda ser hecha de conocimiento de los órganos jurisdiccionales correspondientes, con la finalidad de que sea resuelta. Inclusive, pueden llevarse a cabo ante dichos órganos, trámites en materia agraria que no se consideran propiamente como litigio. Esto adquiere importancia si se toma en cuenta el contexto neoliberal que permea actualmente en México. Es decir, hoy en día existe una tendencia a tratar de favorecer los intereses de particulares, por encima de los de grupos que tienen derechos de carácter social.

A pesar de que hace más de 100 años gran parte de la población mexicana sufrió los estragos de la opresión por parte de particulares e, inclusive, del propio Estado, pareciera que poco a poco esto se ha ido olvidando; y lo peor, que en el presente existen condiciones que posiblemente lleven a la sociedad mexicana a repetir parte de esa historia. Un claro ejemplo del impacto que ha tenido la política neoliberal en la materia agraria, es el de las parcelas. Si se observa el artículo 81 y siguientes de la Ley Agraria vigente, es posible que los ejidatarios puedan adquirir el dominio pleno sobre sus parcelas, es decir, la propiedad sobre esas tierras donde se encuentra su parcela. Es importante señalar que las tierras ejidales no son propiedad de los ejidatarios sino del ejido, por lo que los ejidatarios sólo tienen derechos ejidales. Sin embargo, si los ejidatarios se convierten en dueños de esas tierras donde se encuentra su parcela, éstas ya no serán reguladas por el Derecho Agrario sino por el Derecho Civil. De esa forma, las tierras se vuelven de propiedad privada.

Una sentencia como la emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de notable importancia, en razón de que se protegieron los derechos humanos agrarios de una comunidad de Tepoztlán, Morelos. Al determinar que se le restituyan las tierras que estaban en litigio, se pone de manifiesto el reconocimiento que otorgan las normas jurídicas y el Estado a los núcleos agrarios. Desde 1999 se inició la batalla legal por dichas tierras, pero la comunidad de Tepoztlán logró demostrar la propiedad sobre las mismas; por lo cual, no se trata de un caso donde se le haya dado la razón sin sustento alguno a un núcleo agrario. La comunidad acreditó tener la propiedad de esas tierras con base en un título de bienes comunales que resultó ser válido. Título que fue producto de una resolución que emitió el Presidente de México en el año de 1929, con la cual se le dotó de dichas tierras.

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Profesor-investigador del Departamento de Derecho y Jefe de la Sección de la Propiedad del Bufete Jurídico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana

 

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