viernes , 15 diciembre 2017
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México, un estado sin tierra

GABRIEL QUADRI DE LA TORRE. EL ECONOMISTA.

Es vital para México reconstruir un acervo territorial de propiedad pública, que fue perdido y dispendiado en buena parte durante la Reforma Agraria del siglo XX. El territorio se asumió sólo como medio de redistribución, vehículo justiciero de reivindicación social, y palanca de control corporativo colectivista de la población rural. Así, el Estado en México se quedó virtualmente sin tierra; nunca tuvo la visión de reservar porciones relevantes para conservarlas en beneficio de todos, a perpetuidad, como patrimonio de la Nación y de generaciones futuras. La mayoría de los mexicanos, que no fuimos privilegiados con el reparto agrario, nos quedamos sin derecho a la tierra; sin derecho a disfrutar como propios los monumentos naturales, paisajes, valores escénicos e históricos, y la inmensa biodiversidad de nuestro territorio. Todo se transformó en propiedad privada (ejidal, comunal o individual), concebida como productora de bienes privados (productos agropecuarios), y no de bienes públicos (biodiversidad, paisajes, valores escénicos, servicios ambientales).

México no generó un Teodoro Roosevelt, creador de grandes parques nacionales de propiedad pública, gobernante visionario y comprometido con la conservación de la naturaleza como patrimonio, herencia, cultura, estandarte y símbolo de nacionalidad (además de amante de la caza como forma de conocimiento e inserción en el mundo natural). México no tuvo un Servicio de Parques Nacionales, institución poderosa, intachable y prestigiada; tuvimos una Comisión Nacional de Desmontes. Tampoco un Servicio Forestal a cargo del uso y manejo sostenible de bosques nacionales (perdimos los bosques nacionales). Menos, un Departamento del Interior responsable del patrimonio territorial del Estado; tuvimos a cambio un Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, al que se encomendó distribuir y privatizar absolutamente todo el territorio a favor de ejidos, comunidades, colonias e individuos. El país del liberalismo a ultranza conservó y gestionó en manos del Estado más de 30% del territorio de los Estados Unidos en forma de parques nacionales, bosques nacionales, tierras federales, monumentos naturales y de otras categorías de conservación y manejo. Aquí, los parques nacionales fueron objeto de reparto agrario; en el país del nacionalismo revolucionario y del estatismo. Miguel Ángel de Quevedo perdió la batalla frente a Lázaro Cárdenas.

El Artículo 27 Constitucional y la potestad de la Nación de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público se decantaron a favor del agrarismo cardenista (irónicamente privatizador), que persistió hasta finales del siglo pasado. Un Estado corporativo y omnímodo, finalmente resultó débil; incapaz de preservar para sí (y para todos) un patrimonio territorial significativo.

La propiedad privada de la tierra tiene desde luego una función social (de acuerdo al Artículo 27) que se manifiesta a través de la regulación. Es decir, el Estado puede imponer modalidades, restringir derechos, usos y destinos de la tierra; pero el interés privado (individual o colectivo) casi siempre estará en tensión y contradicción con los intereses públicos de conservación y disfrute a perpetuidad. La regulación no puede garantizar la conservación a perpetuidad, ni el derecho de todos a acceder a la tierra. Tampoco, oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar a los pobladores rurales locales a través del turismo de naturaleza. Éstas sólo pueden concretarse cabalmente cuando la propiedad de la tierra en Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales y Reservas de la Biósfera) es pública. Por ello en México no se desarrolla este tipo de turismo, como en los parques nacionales de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Panamá, Sudáfrica, Australia, y muchos otros países.

El Estado en México debe plantearse seriamente revertir los alcances más excesivos de la Reforma Agraria, y reconstituir un patrimonio territorial en Áreas Naturales Protegidas, a través de un fideicomiso nacional que compre y expropie tierras, financiado con un Carbon Tax, entre otros instrumentos.

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