domingo , 19 noviembre 2017
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Plantean reforma en materia de seguridad en la tenencia y aprovechamiento de la tierra

COMUNICACIÓN SOCIAL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Fortalece los derechos de los sujetos agrarios.

La senadora Hilaria Domínguez Arvizu propuso armonizar la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, -promulgada en noviembre de 2016- con el marco normativo que protege a los sujetos agrarios en lo relativo a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI pidió que se respete el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria, que señalan a la Asamblea General de ejidatarios y comuneros como el órgano supremo del núcleo agrario, donde el comisariado ejidal es el órgano de representación responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La atribución que la Constitución confiere tanto a la Asamblea como al comisariado ejidal, explicó, no puede ser limitado por una ley secundaria que atenta contra el patrimonio de quienes son titulares de los derechos agrarios.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, DE LA SENADORA MARÌA HILARÌA DOMINGUEZ ARVIZU DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La que suscribe, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS

La propiedad social en México, representa el 52% de la superficie nacional, es decir, 105 millones de hectáreas pertenecen a los núcleos agrarios, los cuales están conformados por ejidos y comunidades.

Actualmente en México, se tiene un registro de 32 mil 83 núcleos agrarios, donde radican más de 32 millones de personas que pertenecen al sector rural.

Tanto la población urbana como la rural, están sufriendo un cambio radical dentro de su estructura, pues desde el año 1950 y hasta el año 2010, la población urbana se incrementó de 42.6% al 77.8%, mientras que la población rural para el mismo periodo disminuyo del 57.4% al 22.2%.

Esto advierte que seguimos sufriendo un abandono del campo, pues nuestra población rural no está encontrando los medios suficientes para subsistir en este entorno, viéndose obligados a migrar hacia las principales ciudades y sus zonas conurbadas.

Como consecuencia de esto mismo, los centros urbanos están presentando escasez e ineficiencia en la prestación de servicios públicos, reduciendo la calidad de vida de quienes habitan en las ciudades.

Durante la Administración de nuestro Presidente el Lic. Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una nueva Política Nacional Urbana y de Vivienda que se ha estado implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con la convicción de elevar la calidad de vida y consolidar ciudades más competitivas, productivas y sustentables.

Ante esta situación de migración interna, las autoridades en materia de asentamientos humanos han establecido nuevos ordenamientos que garanticen que quienes radican en áreas metropolitanas tengan acceso a bienes y servicios básicos de infraestructura que permita llevar un desarrollo pleno de sus actividades cotidianas.

Prueba de ello es la promulgación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue aprobada el 16 de octubre y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2016.

Esta nueva Ley, contempla la creación en conjunto entre los tres órdenes de gobierno, de una estrategia que permita aprovechar al máximo el espacio disponible de las zonas conurbadas, garantizando que la ciudadanía no carezca de bienes y servicios públicos básicos.

Otra característica de esta nueva Ley, es la incorporación del Derecho a la Ciudad, que en su artículo 4º, fracción primera señala lo siguiente:

“Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia”

De esta forma, al elevar este principio a un grado constitucional además de protegerlo ante los tratados internacionales como la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, nuestra nación se está comprometiendo a que a través de sus medios, instrumentos y organizaciones promoverá programas, planes o modelos de desarrollo urbano que permitan el desarrollo pleno de las actividades de quienes habitan los centros urbanos.

En este sentido, los esfuerzos por parte del Gobierno en la materia, están enfocados en evitar que se intensifique la expansión descontrolada de la mancha urbana en las principales metrópolis de México.

Asimismo, dentro de la Política Nacional Urbana y de Vivienda, se debe diseñar una estrategia eficiente que favorezca a la población rural, pues el abandono de sus tierras implica un serio problema económico y social.

Esto es, por el lado social y como se ha señalado anteriormente, conlleva un crecimiento descontrolado de los centros urbanos que implica riesgos de espacio, inseguridad y desabastecimiento de servicios; y por el lado económico, implica que nuestros campos están siendo desatendidos y deja de aprovecharse el sector primario.

Esto último, conlleva un problema mayor, pues al no haber personal ocupado de las tierras agrícolas, provoca un desabasto de alimentos básicos, que más allá de ser productos que pueden colocarse en el mercado externo, nos obliga en algunos casos a importar dichos productos, generando que la tengamos un déficit en nuestra balanza comercial.

Un claro ejemplo de esto es la importación de Maíz, Semilla de Soya, Trigo, Leche y sus derivados, y Semillas de Nabo, solo por mencionar algunos, pero que en su conjunto representan el 60% de las importaciones agropecuarias.

Esto nos debe alertar en que debemos voltear hacia nuestros campos y tratar de ofrecer a nuestros productores agropecuarios, tierras, facilidades y esquemas de trabajo que favorezcan su bienestar y por consecuente favorezca la calidad de vida de toda la población mexicana.

Bajo esta premisa es indispensable señalar que, a pesar de contar con un ordenamiento actualizado como lo es la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, aún estamos lejos de garantizar un clima de convivencia armónica entre la población urbana y rural.

Como he venido señalando, existen vicisitudes entre ambos asentamientos, pues este ordenamiento, trata de controlar la expansión de la mancha urbana, dejando de lado los intereses e integridad de los miembros de los ejidos y comunidades.

Esto es, en diferentes disposiciones de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, no considera la participación de la asamblea general en los trabajos del desarrollo nacional, estatal o municipal. Pues, aunque dentro de su artículo 20 contempla dentro de los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial a los representantes del sector social y gubernamental. En otras disposiciones señala que los organismos ejidales y comunales deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley.

No obstante, nuestra Carta Magna en su artículo 27, establece la obligatoriedad del Estado para respetar y proteger las tierras y aguas de uso común respetando la vida comunitaria de los ejidos y comunidades.

Reconociendo a estas últimas como las formas de asociación que permitan aprovechar los recursos productivos provenientes de las tierras que les pertenezcan y que dichos recursos sirvan para elevar la calidad de vida de los integrantes de los núcleos agrarios.

En este mismo tenor, el artículo 27 constitucional señala que será la asamblea general el órgano supremo de toma de decisiones y control de los núcleos agrarios.

Además, como complemento, el artículo 9º de la Ley Agraria, señala explícitamente lo siguiente:

“Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.”

A su vez, el artículo 56 de la Ley Agraria establece que la asamblea será el órgano que podrá definir el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reconocidas o regularizadas y podrá destinarlas para asentamiento humano.

Como se puede observar, existen contradicciones que atentan contra el desarrollo de los sujetos agrarios, pues, aunque la nueva disposición contempla un nuevo marco que obliga a las administraciones en sus tres niveles de gobierno a desarrollar planes estratégicos para el aprovechamiento de las tierras. No se garantiza la protección de quienes son los legítimos dueños de la tierra.

Por lo tanto, resulta necesario que la nueva Ley de Asentamientos Humanos, se ajuste al marco normativo actual en materia de protección de derechos agrarios.

Como se ha mencionado, más del 50% del territorio nacional está bajo el régimen de propiedad social, con un marco normativo específico que garantiza que quienes viven del campo puedan acceder a recursos especialmente diseñados que sirvan para impulsar el desarrollo socio económico de la población agraria.

Sin embargo, pese a que los sujetos agrarios se encuentran debidamente protegidos bajo una estructura jurídica robusta, aun se han presentado casos de abuso por el sector privado.

CONSIDERACIONES

El objetivo de esta iniciativa es armonizar la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco normativo que protege a todos los sujetos agrarios en cuanto a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social.

Por lo tanto, se propone que dentro de esta nueva ley aprobada el pasado 28 de noviembre de 2016, en primera instancia se respete, lo estipulado en el artículo 27 de nuestra carta magna y en la Ley Agraria, que señala que la Asamblea General de ejidatarios y comuneros, es el órgano supremo del núcleo agrario, siendo el comisariado ejidal el órgano de representación responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

En ese sentido, la atribución que nuestra Constitución confiere tanto a la Asamblea como al comisariado ejidal no puede ser limitado por una ley secundaria que atenta contra el patrimonio de quienes son titulares de los derechos agrarios.

Al incorporar en diversos artículos de esta la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las atribuciones, derechos y obligaciones que tienen todos los sujetos agrarios, garantizaremos la protección de su patrimonio y el desarrollo de ellos y sus familiares.

Asimismo, estaremos reforzando una Ley que era necesario actualizar, pues nuestros centros de población están sufriendo desabasto en servicios, ocasionando serios problemas que afectan el desarrollo pleno de sus habitantes.

Desde el aseguramiento de incorporar a los representantes de los núcleos agrarios dentro de los consejos estatales y locales, hasta armonizar los procedimientos para el establecimiento de nuevas tierras para asentamientos humanos, estamos ofreciendo a los sujetos agrarios la certeza jurídica necesaria que proteja sus derechos sobre la tenencia y aprovechamiento de la tierra.

Para una mayor apreciación de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Ley vigente

Propuesta de modificación

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Verificar que, en los casos de afectación por Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal, se cuente con el Acta de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros.

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.

(…)

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.

(…)

El titular de la Procuraduría Agraria, formará parte del Consejo Nacional.

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector y expertos, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

(…)

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector, expertos, comisariados ejidales y de bienes comunales, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

(…)

A las reuniones de los consejos estatales, concurrirá un delegado de la Procuraduría Agraria, con voz y voto.

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

(…)

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

I al IV

(…)

La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I. La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente;

II a IV

(…)

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I.  La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente, tratándose de tierras de propiedad ejidal o comunal, deberá notificar a la asamblea general de ejidatarios y comuneros que corresponda por escrito;

II a IV

(…)

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales correspondientes, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

(…)

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales, asimismo deberá acreditar la consulta a la asamblea ejidal o de comuneros correspondiente, de acuerdo al mandato del artículo 9º de la Ley Agraria y a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

(…)

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares,  previa consulta, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley,a la fracción VII del artículo 23 de la Ley Agraria, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.
Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, sujetándose a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, debe ser con base en la consulta a la asamblea ejidal y de comuneros, que será en estricto apego a lo que señalan los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Agraria.

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

Para el caso de terrenos ejidales o comunales, además deberá acreditarse mediante el acta respectiva, la anuencia a quienes se ostenten como titulares de esos derechos agrarios.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivada, me permito someter esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforman, la fracción V del artículo 1; la fracción XXV y se recorre el subsecuente del artículo 11; se adiciona un párrafo tercero al artículo 15; se adiciona un párrafo tercero al artículo 20; se adiciona un párrafo tercero al artículo 24; se reforma la fracción I del artículo 30; se reforma el párrafo segundo del artículo 62; se reforma el artículo 63; se reforma la fracción II del artículo 79; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 80; todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I a IV

(…)

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avecindados, y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I a XXIV

(…)

XXV. Verificar que, en los casos de afectación por Planes y Programas de Desarrollo Urbano, a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal, se cuente con el Acta de la Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros.

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 15. El titular de la Secretaría determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo principios de pluralidad y equidad de género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado.

(…)

El titular de la Procuraduría Agraria, formará parte del Consejo Nacional.

Artículo 20. Para garantizar que los consejos estatales sean representativos conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos reglamentos internos se definirá el número de miembros, con perspectiva de género, que estará formado por representantes del sector social y gubernamental de los órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector, expertos, comisariados ejidales y de bienes comunales, entre otros, para participar e interactuar en la formulación, aplicación, evaluación y vigilancia de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.

(…)

A las reuniones de los consejos estatales, concurrirá un delegado de la Procuraduría Agraria, con voz y voto. 

Artículo 24. La estrategia nacional de ordenamiento territorial configura la dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo; establecerá el marco básico de referencia y congruencia territorial con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y regionales del país en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, y promoverá la utilización racional del territorio y el desarrollo equilibrado del país.

La estrategia nacional de ordenamiento territorial deberá:

I al IV

(…)

La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al Desarrollo Urbano y la vivienda.

Artículo 30. La legislación estatal de Desarrollo Urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de Desarrollo Urbano.

En la aprobación y modificación de los planes o programas se deberá contemplar el siguiente procedimiento:

I.  La autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, difundiéndolo ampliamente, tratándose de tierras de propiedad ejidal o comunal, deberá notificar a la asamblea general de ejidatarios y comuneros que corresponda por escrito;

II a IV

(…)

Artículo 62.

(…)

La urbanización, fraccionamiento, transmisión o incorporación al Desarrollo Urbano de predios ejidales o comunales deberá contar con las autorizaciones favorables de impacto urbano, fraccionamiento o edificación por parte de las autoridades estatales y municipales, asimismo deberá acreditar la consulta a la asamblea ejidal o de comuneros correspondiente, de acuerdo al mandato del artículo 9º de la Ley Agraria, de acuerdo a esta Ley. Dichas autorizaciones deberán ser públicas, en los términos de este ordenamiento y otras disposiciones en la materia.

(…)

Artículo 63. Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de Crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares,  previa consulta, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a esta Ley, a la fracción VII del artículo 23 de la Ley Agraria, a las disposiciones jurídicas locales de Desarrollo Urbano, a la Zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia y a las normas mexicanas o normas oficiales mexicanas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la intervención del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad.

Artículo 79. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:

I

(…)

II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de incorporar terrenos ejidales y comunales para el Desarrollo Urbano y la vivienda y evitar su ocupación irregular, debe ser con base en la consulta a la asamblea ejidal y de comuneros, que será en estricto apego a lo que señalan los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la Ley Agraria.

Artículo 80. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al Desarrollo Urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I a IV

(…)

Para el caso de terrenos ejidales o comunales, además deberá acreditarse mediante el acta respectiva, la anuencia a quienes se ostenten como titulares de esos derechos agrarios.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República el 7 de septiembre de 2017.

 

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