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Presupuesto aprobado y sector agropecuario

MARIANO RUIZ FUNES. EL FINANCIERO.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 (PEF), aprobado por la Cámara de Diputados, se ha definido como “redistributivo”, “orientado al desarrollo social” y/o “asistencialista”. El proyecto que envió el Ejecutivo fue sujeto de severas críticas y protestas por los recortes a recursos y programas vinculados con universidades, cultura, medio ambiente y al sector agropecuario, entre otros, lo que requirió que el Legislativo hiciera modificaciones: desde inventarse ingresos adicionales por una supuesta eficiencia recaudatoria, de poco más de $23 mil millones de pesos, hasta reasignaciones por cerca de $40 mil millones para corregir los “errores de dedo”, que implicaron reducir los presupuestos al Poder Judicial y a varios de los organismos autónomos, así como al pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores (Adefas). Los saldos: reducción de gasto en programas y dependencias para acomodar las prioridades y promesas de campaña, como era lógico que ocurriera; restricciones al Poder Judicial y a las instituciones fuera del control gubernamental lo que, como se señaló en este espacio, minará su autonomía; y posposición de pagos a proveedores del gobierno.

Para el sector agropecuario, a pesar de que se incrementó el PEF aprobado para la Secretaría de Agricultura en relación con la propuesta original, en $8,092 millones de pesos (al pasar de $57.3 a $65.4 mil millones), en 2019 ejercerá el presupuesto más bajo desde 2008 y 14.5% inferior al autorizado para el año anterior (10.4% en términos reales). Si bien es claro que hay espacios para reducir e incrementar la eficiencia del gasto público en el sector, resultan preocupantes los cambios de dejar de apoyar la generación de bienes públicos e impulsar actividades productivas y canalizar la mayoría de los recursos a programas de supuestos “apoyos al desarrollo rural” de muy dudoso impacto y efectividad. En ese sentido, de acuerdo con el reporte de Grupo Consultor en Mercados Agrícolas, se recortan los recursos a investigación y transferencia de tecnología agrícola (en 62%), mejoramiento de suelos y agua (62%), acceso a financiamiento (71%), sanidades (57%, aunque se repuso el componente de acciones complementarias), sistemas de información al productor (47%), aseguramiento agropecuario (56%), extensionismo (50%) y apoyos para activos productivos (67%).

En contraste, se rescatan del pasado programas que probaron ser altamente distorsionantes para los mercados o que, al otorgar apoyos sin fines productivos ni establecer condiciones específicas, representaron grandes desperdicios de recursos. En el primer caso, están el de precios de garantía para productos básicos ($6 mil millones de pesos) y el de adquisición de leche (casi $500 millones). En casi todo el mundo, esos esquemas se han eliminado y sustituido por otro tipo de apoyos. En el segundo caso se ubican el programa de crédito ganadero a la palabra ($4 mil millones), que hace recordar el desastre de Banrural, y el nuevo programa de fertilizantes ($1.5 mil millones), cuyos antecesores se prestaban a una sobreutilización en el campo con graves efectos contaminantes en suelos y aguas, así como a corrupción; sólo hay que ver programas similares administrados por algunos gobiernos estatales.

Por último, aparentemente otros programas sólo fueron rebautizados —una estrategia que han seguido todas las administraciones federales y que sólo se presta a confusiones en los productores— como “desaparecer” Proagro Productivo (antes Procampo) y que parece será reemplazado por el programa “Producción para el Bienestar”, que tiene una asignación de $9 mil millones de pesos, cifra similar a la de Proagro en 2018, o el de apoyos a la comercialización ahora denominado “Agromercados Sociales y Sustentables”.

En todo caso, será fundamental conocer las nuevas reglas de operación de cada programa para evaluar con detalle sus alcances e implicaciones, pero el panorama no pinta bien.

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