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Info Rural

Cámara de Diputados / Agrarias
18 de abril de 2007

Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria

     
                       
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GACETA PARLAMENTARIA. El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados en ejercicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, solicitándole que se turne a la Comisión de Reforma Agraria para ser dictaminada, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Banco Mundial reconoce que la pobreza, y la marginación en los municipios mexicanos es alarmante: en los últimos 10 años, de 1995 a 2005 aumentó en 40 por ciento. El campo y las comunidades rurales de nuestro país atraviesan por una grave y compleja crisis económica y multidisciplinaría generada por la falta de políticas económicas, educativas y culturales acordes con los tiempos modernos. Los conflictos agrarios, por su duración y gran complejidad, han lesionado gravemente el estado de derecho de las comunidades rurales y ejidos que aún no cuentan con la seguridad jurídica que la ley les otorga.

La política sectorial no dio la importancia que se requería para resolver la problemática agraria, y los apoyos al sector rural no fueron suficientes para promover el aumento de la producción primaria que diera cobertura a la demanda del consumo nacional y mantenerlo en un rango de competitividad con los mercados externos.

En la década de los ochenta, el país entró en crisis económica, ocasionando con ello que se destinaran menores recursos al campo, lo que provocó que disminuyera la producción agrícola y se perdiera productividad en el agro.

Para dar el impulso que requería el sector primario, en 1992, durante la administración Carlos Salinas de Gortari, se reformó el artículo 27 constitucional, se promulgó la Ley Agraria (derogando la Ley Federal de Reforma Agraria), la cual determinó la creación de la Procuraduría Agraria y la transformación del Registro Agrario Nacional en un órgano desconcentrado de la Secretaria de la Reforma Agraria; la emisión de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en todo el país y se dio por concluido el reparto agrario.

A 12 años de haberse promulgado la Ley Agraria, según informes de la Secretaría de la Reforma Agraria a fines de 2003, a través del Procede se ha avanzado significativamente en la certificación y titulación de 78.6 por ciento de los núcleos agrarios del país, con lo cual se da la certeza jurídica que se requiere para el desarrollo de las actividades económicas y sociales.

Es pertinente señalar que, independientemente de los errores en que en política sectorial haya incurrido el gobierno federal, en los últimos 40 años, la problemática que actualmente se tiene en el sector rural se debe también a las crisis económicas recurrentes por malas políticas económicas, con lo que se agrava y se aumenta la vulnerabilidad de México ante las variables externas.

La situación tan precaria que se vive actualmente en el campo nos sensibiliza y nos hace pensar que se requiere infinidad de modificaciones de la Ley Agraria vigente, con el propósito de crear condiciones que propicien un incremento de la producción y productividad agropecuaria para dar respuesta a la demanda nacional, lograr la autosuficiencia alimentaria de manera sustentable, elevar la competitividad con los mercados externos, impulsar la creación de fuentes de ingreso y empleo en el sector rural, y vincular activamente la Ley Agraria con la normatividad de desarrollo y fomento rural, y con los programas que las dependencias federales y estatales operan en el sector agropecuario, con el fin de dar integración a las normas legales vigentes.

La presente propuesta tiene como finalidad primordial ampliar el derecho del tanto, al que se refiere el artículo 80 de esta ley, a los integrantes de la familia del ejidatario, como son cónyuge, hijos de éstos, incluidos los que tienen un derecho legal reconocido, sus concubinarios o concubinas, e hijos de éstos, regulando esta forma de costumbre que actualmente en el campo es común, además de requerir formalidades para perfeccionar dichas enajenaciones y señalando plazos para que se realice el ejercicio de este derecho, en el entendido de que con estas políticas liberaremos el freno al proceso de cambio que requiere nuestro país.

Esto redundará indudablemente en beneficio de la productividad de la tierra, ya que al querer transmitir su propiedad el ejidatario, obviamente no está pensando en mejorar la producción agrícola, sino en el beneficio económico momentáneo que le repercutirá la venta de su unidad de dotación, en cambio, el familiar que adquiere la parcela, tratará de que los frutos de la tierra sean prontos y de buena cepa, para recuperar de manera pronta su inversión.

Se estima que debe hacerse un análisis profundo de la realidad actual y dejar a un lado el paternalismo que se ha dado al campo, con la finalidad de incluir a los campesinos de manera más rápida en el proceso económico, como productores y no con las desventajas que se tienen con sus competidores de otras naciones.

Con estas acciones lograremos reducir en algo la venta indiscriminada de las pocas superficies agrícolas productivas que nos quedan en el país y así preservar lo que queda en capacidad agrícola en México. Esto, con el único fin de lograr en buena medida el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaría que nuestro país requiere. Reflexionemos más en este sentido, lo que conlleva la realización de estas modificaciones y la gran importancia que tiene el tema de lograr la conquista de la independencia y soberanía alimentaria. Debemos considerar este tema como un asunto de seguridad nacional.

En razón de lo anterior, se proponen las siguientes reformas en la presente iniciativa: que la figura de "concubinato" sea considerada en la ley al menos por lo que respecta a la enajenación de sus derechos parcelarios y con el fin de que las ventas y los cambios de uso y destino de suelos agrícolas con vocación productiva sean reducidos y regulados a través de la Ley Agraria y de acuerdo con la normatividad vigente y con el destino que se pretenda darles.

En otro sentido, dar a la concubina y a los hijos de ésta certidumbre y tranquilidad legal, pues esta figura la tenemos presente en gran medida en las distintas comunidades del campo y no es posible únicamente ignorar esta problemática, como se ha hecho con muchas otras situaciones del campo mexicano.

Es tiempo de que la cultura de justicia y equidad se institucionalice en los distintos ámbitos del servicio público.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

INICIATIVA

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecinados del mismo núcleo de población, respetando para ello el derecho al tanto que asiste al cónyuge, a los hijos del enajenante y sus ascendientes, la concubina, concubinario o hijos de éstos, o a quien le asista derecho legal reconocido, quienes en ese orden deberán ejercerlo dentro de un término de treinta días naturales, contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos. Si no hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada y se requerirá además aviso por escrito a los integrantes del comisariato ejidal.

Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos. El escrito de referencia, así como la renuncia a ejercer el derecho al tanto señalada en el párrafo anterior, deberá ser ratificado ante fedatario público o ante el registrador del Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir, de ser procedente y sin demora, los nuevos certificados parcelarios. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)



 
 

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