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29 de abril de 2012

Reforma Senado Ley de Aguas Nacionales

     
                       
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COMUNICACIÓN SOCIAL. SENADO DE LA REPÚBLICA...

El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Aguas Nacionales, que van desde el mejoramiento de la atención a los usuarios, regulación y distribución del recurso, hasta clausura y aplicación de multas por desperdicio, contaminación, robo, sobreexplotación y descargas residuales.

El dictamen especifica que será la CONAGUA o el Organismo de Cuenca que corresponda, la que atenderá con eficiencia las necesidades de la sociedad en la materia, a través de la administración, regulación control y protección del dominio público hídrico.

Con las modificaciones propuestas, se reclasifican las infracciones, de tal forma que la sanción más grave será de mil 500 días de salario mínimo vigente en el D.F. a quien cause daño a la infraestructura hidráulica, y ponga en riesgo la vida de personas, bienes y el recurso hídrico.

También se multará con mil 200 días de salario mínimo a los grandes usuarios por obras en mal estado, descargas que no cumplan parámetros de tratamiento, desperdicio de agua o la dilusión de descargas con aguas claras.

En caso de existir riesgo inminente, daño y deterioro a la salud, bienes nacionales, biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua, la autoridad suspenderá la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas, independientemente de la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

Al exponer los motivos de las reformas, los senadores aclararon que los gobiernos Federal, estatales, municipales y del DF, podrán adoptar otras medidas urgentes, como el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, a fin de proteger la vida y los bienes de las personas.

Además, la autoridad deberá vigilar la explotación de pozos, manantiales y cuencas, y revisará periódicamente la vigencia y cumplimiento de las concesiones otorgadas a personas físicas y morales, con carácter público o privado.

El dictamen, aprobado por 84 votos, fue remitido al Ejecutivo federal.



 
 

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