LEÓN, Guanajuato. Investigadores del Centro de Desarrollo Indígena Loyola y de la Universidad Ibero León criticaron que la atención que brinda el Municipio a jornaleros agrícolas mantenga exclusivamente el enfoque asistencialista, y que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez no haya anunciado un programa de trabajo en específico para este grupo.

Lo anterior, durante la presentación de la investigación llevada a cabo por ambas organizaciones, titulada ‘Migración indígena jornalera a las zonas agrícolas de León: análisis de acciones públicas 2019-2020’.

Pedro Guzmán, uno de los investigadores que participó en el estudio, indicó que año con año llegan a León entre 1 mil 100 y 1 mil 200 jornaleros agrícolas provenientes de Guerrero, aunque esta cifra es la que las autoridades municipales obtienen con base en los apoyos que entregan, como cobijas y despensas.

Por ello, consideró necesario que el Gobierno del estado trabaje en un censo que sirva como insumo para generar una política pública integral para atenderlos.

“Creemos que ese registro se queda corto. Lo que buscaríamos es que sí se realice un censo desde el estado porque hemos detectado movilidad de jornaleros no solo en León, sino también en Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, entonces que se considere un censo estatal para tener la certeza de cuántos jornaleros son los que arriban al estado y al municipio para que desde ahí se parta para la elaboración de una política pública integral”, dijo.

Las condiciones laborales de las familias jornaleras son precarias: sus jornadas duran hasta 12 horas, carecen de contrato alguno, y en consecuencia, no tienen ninguna prestación ni seguridad social, además de que ganan entre 18 y 25 pesos por cada arpilla que llenan en la pizca de chile, cada una de 30 kilos.

“Por ello la necesidad de que todas las niñas, niños, toda la familia entren a trabajar porque con ello aseguran un ingreso un poco más alto por día. El trabajo ellos lo cobran a destajo porque eso les permite obtener al final del día un mayor ingreso”, dijo.

Añadió que los niños de 6-7 años se dedican al cuidado de los hermanos menores, mientras que los hermanos mayores junto con sus papás trabajan en el campo.

Por su parte, Giovanna Battaglia, también investigadora de la Ibero León, subrayó que carecen de viviendas dignas, habilitando pequeñas e improvisadas casas de campaña o incluso aprovechando casas en obra negra para resguardarse.

Esto los vuelve vulnerables también ante la inseguridad que se vive en las comunidades en las que laboran, pues se han registrado robos de documentos personales que les impide el acceso a otros derechos.

Por lo anterior, coincidieron en que es preocupante que tanto autoridades estatales como municipales se limiten a otorgar apoyos asistencialistas a este sector de la población, y hasta ahora no busquen elaborar una política integral que involucre a todas las áreas relacionadas con el tema.

De igual manera, lamentaron que la alcaldesa de León no enunciado hasta ahora una estrategia transversal con enfoque en derechos humanos destinada a mejorar la calidad de vida de los jornaleros agrícolas, cuya presencia en el municipio crece año con año.