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Alertan de riesgos a dueños de tierras

ANTONIO BARANDA. REFORMA

 

Cd. de México (08 agosto 2014).- La reforma energética y sus leyes secundarias dejan en estado de indefensión a los campesinos y ponen en riesgo a sus territorios, advirtió ayer Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Durante un foro sobre derecho agrario para la defensa de la tierra, organizado por el Centro Prodh, el especialista alertó de posibles atropellos de empresas privadas, afectaciones ambientales y expropiaciones focalizadas.

  • El Centro Prodh realizó ayer un foro sobre derecho agrario para la defensa de la tierra. Foto: Paola Urdapilleta

“Este atraco ya está consolidado y pone en riesgo a amplias franjas del territorio nacional. Toda la zona del Golfo de México va ser afectada”, expresó.

Cravioto, quien centró sus preocupaciones en el contenido de la Ley de Hidrocarburos, aseguró que las contraprestaciones que las empresas contratistas deberán dar a los dueños de la tierra por explorar y explotar energéticos darán pie a una serie de abusos.

Señaló que en la ley no hay garantías para que la iniciativa privada otorgue compensaciones justas a través de figuras como ocupación temporal y servidumbre legal, las cuales, dijo, se convertirán en las nuevas expropiaciones.

“Se retiró la palabra ‘expropiación’ del artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, pero eso simplemente fue una movida política, porque el que se haya retirado no implica nada, pues, de todos modos se va expropiar. El territorio va quedar devastado y contaminado”, consideró.

El investigador de Fundar expuso que la fractura hidráulica para extracción de gas, técnica conocida como “fracking”, afectará el subsuelo de entidades como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Los nuevos pozos a explotar, sostuvo, ocasionarán contaminación de la tierra y los mantos freáticos, desabasto de agua en distintas regiones, fugas de metano y hasta desestabilización de fallas tectónicas.

En tanto, Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, aseguró que la posibilidad de “consulta previa” a pueblos y comunidades indígenas prevista en el artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos es una mera simulación que choca con el Convenio 169 de la OIT.

Alrededor de 25 organizaciones sociales que participan en el denominado el foro para la defensa de la tierra exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que todavía no publique las leyes energéticas.

“Significan una ofensiva sin precedentes contra los ejidos, las comunidades y los pueblos indígenas. No se trata de leyes aisladas sino de una política integral que busca acabar con la propiedad social de la tierra”, señalaron en un pronunciamiento.

 

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