Aunque localmente se debatió abiertamente, en el plano nacional fue una sorpresa mayúscula: Oaxaca prohíbe la venta de comida chatarra a infantes, so riesgo, de sanciones, multas, clausura y hasta cárcel a los infractores.

El ejemplo podría cundir en otras entidades. Ayer 6 de agosto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que la próxima semana enviará al Congreso de esa entidad una iniciativa para reformar la Ley General de  Salud en términos similares a lo que se hizo en Oaxaca, para prohibir la comida chatarra.

Cuando la batalla del gobierno federal en contra de la comida chatarra estaba enfocada en la inminente entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia —que tanta inconformidad ha generado entre los industriales de bebidas y alimentos procesados—, de pronto cae como “bomba” la aprobación de esta iniciativa en la entidad que gobierna Alejandro Murat.

Parece que no les dieron tiempo ni de reaccionar. De hecho los sectores afectados aseguran que no fueron escuchadas sus opiniones.

Los bandos están marcadamente divididos.

Quienes están a favor de la prohibición de la comida chatarra en Oaxaca aseguran que México ya es ejemplo internacional y vanguardia.

Quienes están en contra afirman que se trata de una medida que tendrá un impacto muy negativo en toda la cadena agroalimentaria y a todos los eslabones de la cadena de comercialización.

El subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell celebró que Oaxaca prohíba la venta de alimentos chatarra a niños.

Es un avance en el cuidado de la salud desde la prevención, dijo.

Por su parte, todas las organizaciones empresariales reprobaron la iniciativa de ley.

Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex, Canaco, Canacintra, la ANTAD, ConMéxico y ANPRAC rechazan la prohibición de alimentos y bebidas.

Sostienen que la prohibición incentivará el mercado informal e impactará negativamente a las familias que dependen de su venta, distribución y comercialización.

El negocio de la comida chatarra —como se le denomina a todos aquellos productos con elevado contenido de azúcar, sal y grasas saturadas y trans que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión arterial—, está en el ojo del huracán en todo el mundo.

En México, las grandes compañías internacionales del sector de alimentos y bebidas azucaradas, arroja enormes ganancias anuales.

Y en contrapartida, el presupuesto gubernamental, crece anualmente para atender las tres epidemias relacionadas con la mala alimentación: diabetes, hipertensión y obesidad.

La pandemia del Covid-19 —más allá de la fallida estrategia gubernamental para enfrentarla— dejó clara la mala salud de la sociedad mexicana.

Las cifras son elocuentes. México es el segundo país del mundo con más personas obesas –solo por detrás de EU– y ocupa el sexto lugar en muertes causadas por diabetes.

La guerra alimentaria confronta a la poderosa industria trasnacional alimentaria y de bebidas con el gobierno mexicano que por primera vez decide llevar adelante una campaña en pro de la salud de la población mexicana.

El etiquetado frontal de advertencia es apenas la primera batalla, que aparentemente ya perdieron los representantes de esa industria.

Pero viene lo más difícil. Viene la guerra frontal.

La confrontación va no solo contra las grandes corporaciones, sino contra toda una estructura comercial que incluye desde las tradicionales cadenas de abarrotes, cuyos estantes en un porcentaje mayoritario expenden comida chatarra, hasta las modernas tiendas de conveniencia.

De acuerdo con diversos estudios, la mayoría de las tiendas de ambos formatos dependen de la venta de los productos de las empresas de alimentos y bebidas considerados como comida chatarra.

El camino de la prohibición, para muchos es exagerado e ineficaz, para sus promotores, es la vía más rápida para crear conciencia entre la sociedad mexicana para el cuidado de la salud.

Está de por medio la salud de los mexicanos. Y al mismo tiempo multimillonarias inversiones y miles de empleos. Veremos.