José Valencia Flores

Rafael Buendía García

Partiendo de la política económica en tanto instrumento de gobierno y práctica del ejercicio del poder, el quehacer del gobierno, desafortunadamente visto, sólo como un agente económico más de la economía, se ha vuelto un agente deficitario, que sumado a los demás agentes, empresas y familias, en particular, de la sociedad rural, son también, deficitarios.

Así las cosas se premia la explicación del problema de crecimiento y desarrollo sólo en términos de déficit, tenemos al menos 25 años enfrentándolo así en términos de: el ingreso, la salud, los servicios, el ahorro interno, las finanzas públicas, etc.

Deberemos admitir que nos encontramos entonces ante el paradigma de la pobreza, en un callejón sin salida, estamos al estira y afloja de pocos recursos ante tantas y crecientes necesidades. Esa insuficiencia, se ha creado y consolidado en el espejismo de que el Estado debe involucrar a los agentes económicos mecánicamente, en las llamadas políticas públicas, como salida ante la debilidad de las políticas económicas, que escamotea que el carácter público de las políticas tiene su fundamento en una sociedad política integrada por ciudadanos maduros, ya sean estos ubicados en territorios urbanos o rurales.

Bajo este contexto deficitario tal parece que la única salida es encontrar la eficiencia de los recursos y hallar una asignación de los mismos que busque rentabilidad, en consecuencia, luego vendrán sus beneficios.

En esta perspectiva las leyes del mercado y la teoría económica son explicitas: recursos abundantes su precio es bajo, recursos escasos su precio es alto. Sin embargo, la teoría de la eficiencia que implanta la lógica del mercado, nunca nos dice si la distribución de los recursos, el pago de los factores y la eficiencia, son equitativas, solo nos dice que los ingresos están en función de la dotación de recursos y de su abundancia. No obstante, esa misma lógica establece que las deficiencias serán cubiertas bajo políticas asistenciales y supone que las ineficiencias se deben a una mala asignación de los recursos.

Qué sucede cuando el mercado y su lógica imponen cada vez más, como es el caso de México, que las políticas asistenciales se hayan convertido en regla general y sus resultados sean poco significativos.

Parafraseando al maestro Ibarra “La marginación, la pobreza, la concentración de ingresos y la pérdida de legitimidad gubernamental son fenómenos vivamente presentes que se asocian al tratamiento en estancos separados de los problemas económicos respecto a los sociales y políticos�.

Así pues, la cuestión social del campo mexicano no puede partir de un paradigma eminentemente económico y de gasto con orientación asistencial, mucho menos desde un enfoque eficientista, reflexionemos, que para superar la pobreza, la desigualdad y la concentración de ingresos, desde el enfoque social se debe partir de la coexistencia de la dinámica propia que tienen la sociedad rural en su multifuncionalidad.

Tenemos que buscar nuevas bases para construir un nuevo paradigma social que logre no solo explicarnos y describir el estado actual, sino que nos ayude a encontrar salidas en el mediano plazo y para las futuras generaciones un nuevo estadio de desarrollo, es decir, busquemos en la economía política del desarrollo, explicaciones que complementen a las que ya existen para lograr un redireccionamiento del Estado y una reelaboración de las políticas económicas dirigidas a la sociedad rural, que incluya no solo actividades económicas sino también a las instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y sus expresiones en los partidos políticos y en el Congreso –en su sentido original de “asamblea popular�.

En este seminario se plantea lo social ante los retos que nos depara el próximo año 2008, dado que en ese año concluirá el periodo de “protección� negociado por sus creadores, entonces se liberará por completo el intercambio comercial con Estados Unidos.

En ese sentido, como bien dice el maestro Ibarra “es posible que la negociación del apartado agrícola del TLCAN haya sido deficiente…también podría causar extrañeza que se usen tímidamente las cláusulas de salvaguarda…Pero es del todo inaceptable que el desmantelamiento de las instituciones del proteccionismo se haya llevado a cabo sin la construcción a tiempo de las instituciones mercantiles de reemplazo, que no se haya implantado una estrategia vigorosa de reconversión y modernización productivas y que se haya permitido el desplome del gasto, el crédito y la inversión públicas dirigidos a sostener el desarrollo del sector agropecuario y resguardarlo en un mundo donde no priva el libre comercio, sino el intervencionismo estatal principalmente de las naciones industrializadas�.

Ingresamos al siglo XXI con retos y oportunidades que la globalización ha generado, sin embargo, debe recalcarse que la globalización también esconde las desigualdades y diferencias, no sólo de recursos y de asignaciones de los mismos, sino también de culturas e identidades que suponen diferentes formas de entender el desarrollo. Como bien dice Bauman:

“La imposición del libre comercio y la abolición de aranceles aduaneros e impuestos de consumo alcanzan hoy para ejercer el tipo de dominio para el que en una época eran necesarias la conquista militar, la adquisición y absorción de empresas y la apropiación del territorio. Así es que la soberanía estatal se hace más fácil de obtener, a la vez que su alcance y contenidos se empobrecen progresivamente�.

No es sencillo establecer una relación funcional, es decir, esta variable depende de esta otra, sino, que hoy el horizonte del desarrollo con globalización nos obliga a ver la cuestión social de la sociedad rural en distintos planos.

Resulta infructuoso ponernos a discutir si lo que se hizo en el pasado se hizo mal o si hubo aciertos, también lo es si el TLCAN debe ser suprimido o renegociado, nuestra realidad nos rebasa ante los múltiples diagnósticos disponibles; basten unos ejemplos para darnos cuenta de lo que sugieren estudiosos, académicos y protagonistas del campo:

1. Desde la década 60’s del siglo XX hay un sin número de estudios que nos mencionaban desde un enfoque sectorial, que las actividades agropecuarias demostraban poco dinamismo y nos decían que dicha pérdida de dinamismo se debía a la traslación de valores del sector agropecuario al industrial; mostraban también que teníamos una estructura económica concentrada y desigual, heterogénea incluso, demostraban que era un sector olvidado por las estrategias y la política económica.

Este sector, en términos generales, continua teniendo problemas y no se ha resuelto la situación que le aqueja; razones hay muchas; instrumentos utilizados han sido variados, inversiones han sido cuantiosas, y no hemos logrado superar la crisis estructural del campo mexicano.

2. Para no ir tan lejos tomemos 1982 como el año de punto de quiebre, veamos cómo en aras de la sanidad de las finanzas públicas hicimos al Estado un agente económico deficitario per se. Esto último, entendido como: deficitario ante las necesidades que la economía y la sociedad mexicana genera y solicita ser atendida y resuelta. En ese año el gasto programable del sector público como porcentaje del PIB alcanzaba una proporción de 25.4%. En 1994, año en que inicia operación el TLCAN dicho gasto alcanzó una proporción de 17.5%, y en los albores del Siglo XXI, año 2000, dicho gasto alcanzó 15.9, en tanto para el tercer trimestre del año pasado, 2006, dicha proporción llegó a 15.7.

Ahora veamos cómo esta circunstancia deficitaria del Estado impacta en el gasto para el sector agropecuario, en 1982 como proporción del PIB fue de 2.8%; en 1994 1.1; para el año 2000 0.6 y para el año 2006 0.6, es decir de cada peso que el sector público gastó, sólo 4 centavos se destinaron al campo. ¿Hasta donde podremos estirar la liga de lo deficitario?, ¿hasta dónde como sociedad podremos seguir estirando la pobreza y distribuirla?

3. Actualmente la población rural, de acuerdo al CONAPO, es de 24% de la población total, o sea 25 millones; pero en términos de territorio la proporción es más que inversa: 90% rural y 10% urbano. Esa población expresada en términos de productores es de 6 millones, de los cuales quienes hacen poco más del 60% del PIB agrícola son apenas 5% de ellos, alrededor de 300 mil productores situados en la franja de la exportación y lo poco que queda del mercado interno.

En términos de la tierra social, poco más de 3 millones son ejidatarios y poseen la mitad de las tierras rústicas del país; luego de 70 años de reforma agraria el envejecimiento de sus poseedores alcanza al 60%, este dato cobra relevancia si consideramos que la crisis estructural del campo lleva ya poco más de 40 años, es decir, 4/5 partes de su vida han estado en crisis, qué podemos esperar, interés reducido en innovaciones y cambios que la modernización global impone como exigencia.

4. Siguiendo con la tendencia a segmentar la inversión dirigida a la sociedad rural en su aspecto económico, y más específicamente técnico y productivista, el programa emblemático de los últimos 12 años Alianza para el Campo es revisado desde la perspectiva de qué tanta innovación se ha sembrado con dichas inversiones.

Dice el reporte: Los recursos de Alianza para el Campo se traducen poco en empleos y generación de riqueza. Entre otras causas porque:

1. Se atiende a demandas dispersas que no se traduce en procesos trascendentes y visibles de impacto regional.

2. Los apoyos se canalizan a la adquisición de activos, sin desarrollo de capacidades.

3. Una parte importante de los apoyos se destinan a hacer más de lo mismo, es decir, sin innovar.

4. La selección de los beneficiarios considera fundamentalmente su elegibilidad normativa y se valora muy poco su potencial, experiencia, infraestructura, compromiso y capital social.

5. Los Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) tienen poca eficiencia para resolver problemas, se comprometen poco con el desarrollo de innovaciones y le siguen dando énfasis a la gestoría de apoyos.

6. No se cuenta con equipos técnicos en campo que ayuden a estructurar a la demanda, que articulen la oferta institucional, pero sobre todo, que den seguimiento a la ejecución y consolidación de las acciones y apoyos.

7. En el marco del PRODESCA se ha privilegiado el diseño y puesta en marcha de proyectos de inversión, dando poca importancia a los servicios de asesoría, consultoría y capacitación, es decir, al desarrollo de capacidades de innovación.

En síntesis, en la gestión de recursos gubernamentales se centra el trabajo de los cuadros técnicos, llamados PSP’s. Pero aún más, el reporte concluye que 80% de las empresas así gestionadas cierran al tercer año después de su puesta en marcha.

Quisiéramos contrastar este diagnóstico con una conclusión de Jaime Ross de hace 23 años.

“El resultado principal ha sido la reproducción de una escala mayor de la desigualdad tecnológica inicial, ya sea por el lado de los desniveles tecnológicos entre sectores, como en el caso de la agricultura y la industria; ya sea por el lado de la marginalización como en el caso de la expansión de los servicios disfuncionales�.

Esto lo señaló en un ensayo escrito en 1983 sobre la desigualdad en el proceso de incorporación y difusión del progreso técnico. ¿No nos estaremos topando con la misma piedra? ¿O será que la nueva realidad social, económica, tecnológica y cultural exige una adaptación ágil y una nueva identidad?

5. Los anteriores elementos explican el lado económico, nuestros aciertos y desaciertos con y sin TLCAN, ahora veamos en nuestra figura geométrica el lado social, visto desde las organizaciones sociales y sus instituciones; reflexionemos sobre las formas de organización social que se han creado en ese segmento de la población que aún en los discursos tanto de gobierno como de partidos y clase política acuñan el concepto de la sociedad rural.

El panorama para el 2008 no está claro para la sociedad rural, o habría que decir, se advierte incierto, primero porque los obstáculos y limitantes, así como las fortalezas y debilidades, ni se han comprendido cabalmente, ni existe un trazo político para alinearlas.

México navega sin rumbo, o más bien, su rumbo es de una erosión social que coexiste con la alta concentración de la riqueza, lamentablemente carece de instrumentos bajo el estándar actual de democracia, como para discernir y asumir cuán adverso esta siendo ese estado de cosas para la mayoría.

No podíamos esperar que fuera diferente de manera espontánea. La sociedad rural ha sido menospreciada por los motores y promotores del desarrollo nacional, de antes y de ahora.

¿Cuál es la expresión orgánica de la sociedad rural?, Un sector de productores y empresarios 6% que controlan 65% del PIB agropecuario frente a un 94% de pequeños productores ejidales y comunales que se disputan el restante 35%.

Un Consejo Nacional Agropecuario CNA que agrupa a buena parte de ese 6% de empresarios agropecuarios, cuya expresión política coincide en lo sustancial con el trazo de los gobiernos encabezados por el PAN. Los que una vez en el poder no acertaron más que a reeditar el corporativismo de Estado que aseguran combaten.

Mientras los pequeños productores se agrupan en decenas de organismos. Destaca la CNC que se sostiene de las prácticas y gobiernos priistas, cuenta con una importante influencia, tiene presencia en todos los estados; predominio en diversas organizaciones por rama de producción y actividades (caña de azúcar, café, maíz, trigo, artesanía, comercialización, transporte, vivienda, etc.), además de diputados y senadores. Sin faltar relaciones con importantes funcionarios de la administración federal.

El CAP que agrupa a unas 15 centrales campesinas -incluida la CNC- se atribuye representar en conjunto a la mayor parte de ejidatarios e indígenas del país y es así, ante la ausencia de mejores expresiones.

Refiere un modelo desgastado de negociación e interlocución con el Gobierno, siempre demandante de recursos, que cada vez sirven menos para mantener su estructura y menos aún para orientar el cambio desde la perspectiva de la sociedad rural, ante lo que el mercado, esa nueva supraentidad, hace ajustes a una velocidad, costo y rentabilidad para los cuales estos actores rurales son irrelevantes.

El trato que hemos dado al maíz es reflejo de la desarticulación política de la sociedad. La tesis de un pequeño grupo de “tecnócratas� pudo más que la cultura del maíz para los mexicanos.

No podemos más que concluir que los mexicanos erramos y vamos de error en error, precisamente porque no encontramos un arreglo político consecuente que de dirección al barco en que al final todos navegamos. Una pregunta, ¿el campo y los campesinos cuentan con las organizaciones sociales útiles en las actuales circunstancias?.

Desafortunadamente, la respuesta es negativa. Pero, son las que están y otras que existen en ámbitos locales o regionales sin alcanzar despliegue. Varios autores han abordado este punto, uno de los mecanismos usuales de interlocución estudiados sugiere que las organizaciones se construyen alrededor de los programas institucionales de gobierno, bajo una lógica patrimonialista y con poca capacidad para aterrizar los recursos gestionados en sus retos técnicos, económicos o comerciales.

¿Qué organizaciones se han conformado en los últimos 10 años en que se han desmantelado las instituciones de fomento al campo? En lo esencial de dos tipos emparentados, en 2003 Unioss de formato panista y el Consejo Nacional Agropecuario CNA que agrupa básicamente a los empresarios rurales de exportación y con fuerte presencia en el mercado interno.

¿Quiénes representan los intereses de los pequeños productores?, las mismas organizaciones de hace 20 años cuyos formatos y visiones se fraguaron aún antes, en la etapa corporativa, la que si bien combatieron terminaron por reproducir.

¿Cuáles han sido sus resultados, cuáles sus planteamientos, cómo se han relacionado con ese universo de productores ejidales, indígenas, cada vez más abrumadoramente de subsistencia?.

Sólo un dato de contraste significativo para medirlos por sus resultados. El Procampo que canaliza subsidios directos al ingreso de los productores, que hasta 2002 significaba unos 12 mil millones de pesos y que en parte como resultado de las movilizaciones de ese año del Campo no aguanta más y de su resultado el “Acuerdo nacional para el campo� elevó la cifra a 14 mil millones, se distribuye de la siguiente manera:

Un universo de poco más de 3 millones de beneficiarios de los cuales 75% lo son de .5 a 5 has y se llevan la mitad del total, es decir, que cerca de 750 mil productores de superficies mayores de 5 has. obtienen 7 mil millones de pesos de ese programa, en otras palabras, una vez más la expresión de la desigualdad y el enfoque asistencialista para el campo como solución transitoria.

En 1992 cuando se negocia internamente el TLCAN a partir de la reforma al 27 constitucional, el panorama de las organizaciones expresaba el conflicto previo de 10 años de deterioro no sólo económico sino la inviabilidad del modelo de negociación política con el campo que hasta entonces el gobierno manejara a través de la CNC.

En todo caso, lo relevante de este recuento busca señalar que las organizaciones sociales o pretendidamente económicas del campo, no han logrado representar con justicia las dimensiones económica, social y política de los productores rurales, han enfrentado la visión predominante desde el Estado y sus gobiernos como una variable residual, irrelevante.

Retomando. El primer problema central de la sociedad rural es que sus actores están desarticulados, privados del espacio político desestructurado por el ánimo globalizador y la “libertad del mercado�, apenas alcanzan a reeditar las prácticas proteccionistas y cupulares. El segundo. Que las instituciones y organismos de gobierno presentan el mismo problema, dejando el territorio sujeto a las libres determinaciones del mercado, vigilando que éstas se cumplan puntualmente, sin importar el costo.

Tercero. Que la política de desarrollo e impulso a actividades productivas ha sido cuando menos errática y con claros sesgos eficientistas e ineficiencias.

El problema, es entonces, que no tenemos una política de fomento coherente o no la tenemos porque lo que tenemos es un problema político de fondo, que impide alcanzar los acuerdos sociales para poner en marcha una estrategia inteligente y coherente que detone la productividad e innovación y mejore el nivel de vida.

Por otra parte, el desmantelamiento institucional no sólo no preparó con oportunidad las instituciones mercantiles de reemplazo, hoy ni siquiera considera necesario que las instituciones reflejen la realidad del campo como un todo, sin encontrar oposición orgánica real.

Tomemos por ejemplo la dilatada reconstrucción de la Secretaría de Agricultura, espacio emblemático del Estado por décadas. De Agricultura y Recursos Hidráulicos en los 60’s pasó a SAGAR incluyendo agricultura, ganadería y desarrollo rural; ahora parece inclinarse por incluir todo en un solo estanco mediante un título estrambótico que pretende abarcarlo todo y que su desempeño deja mucho que desear: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Todo, excepto lo hidráulico el alimento de las productivas zonas de riego disputadas por el aliento concentrador, todo en el sentido mentado, poco o casi nada en la realidad.

Lo que encierran las iniciales de SAGARPA es que ante los pocos recursos disponibles, hemos aceptado, como gobierno y sociedad, que todo se junte en un mismo costal, ocultando no solo la reducción del gasto sino también, la ineficiencia y la escasa creatividad como sociedad. Hoy por ejemplo, en el caso de la ganadería, lo que antes era una secretaría es una coordinación, lo mismo sucede con pesca.

Como bien dice Luís Salazar “La simplista y hasta criminal concepción mercadolátrica imperante ha conducido a pretender que todas las dificultades de nuestras sociedades obedecían al tamaño del Estado, legitimando así un costosísimo proceso de desinstitucionalización y desprestigio de lo público en general, que necesariamente ha desembocado en desigualdades y empobrecimientos de amplias franjas sociales, así como en verdaderos procesos de descomposición del tejido social, favoreciendo una verdadera oligarquización excluyente de las sociedades, pero también a un descrédito generalizado de las propias instituciones de la democracia representativa�.

Así entonces, en el pasado la política con mayúsculas era el eje ordenador de las variables tales como: Instrumentos de política económica; los empresarios; los territorios y sus recursos; el conocimiento y la educación etc. y de diversa manera todo ello influía en la sociedad mexicana tanto urbana como rural.

Esto era así porque existía un Pacto Social; ahora, con el espejismo y la realidad de la globalización, todas las variables mencionadas, incluyendo al Estado mismo, tienen como eje rector a la economía, pero sin pacto social que sustituya al anterior, de hecho los partidos políticos están atrapados en ese nuevo eje, basta sólo leer la Ley de Desarrollo Rural Sustentable LDRS para constatar que el eje rector es la economía, no la política, no la sociedad rural.

Así, mientras para los partidos de derecha, sus gobiernos y agentes su reto y tarea a la vez, es la defensa y el avance de sus privilegios, como bien dice el maestro Cordera, para la izquierda y la inteligencia sin adjetivos, no debe haber equívocos en cuanto a la superación efectiva de la pobreza, sino de atacar de frente la desigualdad, no sólo en acceso de oportunidades sino en riqueza e ingresos, de hecho parafraseando al mismo Cordera, la concepción desarrollista debe estar basada en un crecimiento alto y sostenido, en una recuperación del sentido de Estado y devolver al Estado su centralidad bajo una fórmula político económica que renueve la conversación entre acumulación y distribución.

Todo ello implica que para superar la pobreza debemos trasladarnos a un paradigma de generar riqueza, no de cómo disminuir la pobreza. Esto es, desarrollar estrategias que generen riqueza suficiente para todos, no para unos cuantos, que plasmen una sociedad con un mayor grado de libertad para que toda persona pueda desarrollarse y que la cuestión social de la sociedad rural suprima las desventajas que impiden a una mayoría acceder al bienestar y a la libertad. En caso contrario el horizonte que podemos prever es el de la balcanización ya presente, pero más extendida, donde el supuesto de “sociedad rural� que nos convoca, será sólo eso, un supuesto y una vez más una anécdota de nuestra historia.

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