FERNANDO SOTO BAQUERO, coordinador del Grupo de Políticas la Oficina Regional FAO para ALC. Los países Latinoamericanos han adoptado diversas medidas de políticas inmediatas y movilizado recursos para atenuar los impactos del alza de los precios internacionales de alimentos sobre la disminución de la capacidad de compra de la población y para fomentar una mayor producción interna de alimentos básicos.

Los Gobiernos han reforzado y/o creado nuevos programas que apuntan por una parte a reforzar los sistemas existentes de protección social y por otra a reducir los precios internos de los alimentos.

En forma complementaria, se han reforzado y generado nuevas iniciativas de coordinación y cooperación entre países, con el objetivo de facilitar el comercio de alimentos e insumos agrícolas y acceder a nuevas fuentes de financiamiento para aumentar la inversión en la agricultura e impulsar la producción de alimentos.

Si la economía mundial no sufre una desaceleración importante, los precios de los alimentos básicos debieran caer, pero marcando un nuevo piso del cual no descenderán fácilmente, lo que hace que se mantengan los riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional, en circunstancias en que la reducción de las vulnerabilidades de los hogares y de los Gobiernos es algo que no se soluciona únicamente con las medidas tomadas en el corto plazo y requiere de una visón y estrategia de largo plazo.

Las vulnerabilidades de los hogares, los Gobiernos y del sistema alimentario internacional, puestas en evidencia al aumentar los precios internacionales de los alimentos, han reposicionado en la agenda política de los países el tema de su seguridad alimentaria y nutricional. Evidencia de ello, es la prioridad y mayor responsabilidad puesta en la política pública para: garantizar la disponibilidad interna de alimentos básicos, reduciendo la dependencia de importaciones; mejorar las capacidades de acceso de la población a los alimentos, incidiendo en el nivel de sus precios y en los ingresos de la población más vulnerable; asegurar la estabilidad en el tiempo y en todo el territorio nacional del abastecimiento de alimentos, y reforzar las medidas para lidiar con la desnutrición crónica infantil.

Una agenda de políticas de seguridad alimentaria en una perspectiva de largo plazo, debiera poner su atención en el desarrollo de mercados agroalimentarios más competitivos, eficientes y equitativos, en un patrón de desarrollo agrícola que busque crecer con inclusión social, apostando en el aumento de la productividad de la pequeña agricultura y en el abastecimiento de alimentos de consumo popular y en un sistema de protección social, cuya cobertura alcance también al sector rural.

Una agenda de este tipo no podrá llevarse sin superar las debilidades que tiene la institucionalidad agrícola y territorial rural, fortaleciendo la eficacia de sector público y reconociendo las representaciones de los productores y habitantes rurales como entidades de interés público con derechos y responsabilidades en la política pública.

Políticas públicas y la nueva situación en los precios internacionales de los alimentos
PDF - 11-11-2008 [Descargar documento]