La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que debido a la crisis causada por el coronavirus “es probable que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado laboral”, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil en la región.

En el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales, la Cepal apuntó que 10.5 millones de niñas, niños y adolescentes de la región se ven obligados a trabajar. Esto representa 7.3% de la población de 5 a 17 años.

En México trabajan más de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes. Casi el 90% de ellos lo hace en actividades peligrosas para su edad y que no les permiten seguir estudiando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con esas cifras, según la Cepal, México tiene el segundo lugar en América Latina en ocupar la fuerza de trabajo de personas que deberían estar siendo cuidados, en la escuela o tomando tiempo de recreación. El primer sitio le pertenece a Brasil.

Este Día de la Niña y del Niño “tenemos poco de celebrar”, lamenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Pero “su capacidad de resiliencia para afrontar este confinamiento, que 60% de la población está cumpliendo” es digno de festejarse.

Antes de la pandemia, de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México, 22 millones vivían en pobreza. De esa población que vive con menos de los necesario, 4.7 millones padece pobreza extrema, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Formación de capacidades, detenida

En dos meses de pandemia en México, la Covid-19 ya cobró la vida de más de casi 875,000 empleos formales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La pérdida de estos puestos de trabajo afecta directa e indirectamente a infantes y adolescentes. Por un lado, con el cierre de escuelas para cumplir con la sana distancia, muchos pequeños están sufriendo de crisis alimentaria, pues recibían alimentación en sus centros escolares.

Esta situación está teniendo “un profundo impacto en su proyecto de futuro”, señala en entrevista Juan Martín Pérez. La falta de preparación digital de sus profesores, les están proveyendo de muy mala educación a distancia.

En países como España, se acordó exentar a todos los alumnos, para que su única preocupación sea aprender lo que les están enseñando. Pero en México, “veremos a muchas niñas o niños que no pasarán a la secundaria y adolescentes que no podrán salir de la secundaria, la preparatoria o la universidad”.

Esto les afectará en un futuro, cuando quieran elegir una carrera o cuando estén en edad de salir al mundo laboral, agrega.

Desempleo adulto, empleo infantil

El activista previó también que las tasas de empleo infantil en México aumenten. Miles de madres o padres de familia se están quedando sin empleo y, sobre todo, sin la posibilidad de darles sustento a sus hijos, por lo que muchas niñas, niños y adolescentes saldrán a buscar un empleo.

Según la Cepal, los efectos del desempleo afectarán “de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios”.

La fuerza de trabajo infantil ha sido vista por muchos empleadores como la oportunidad de disminuir costos. Se corre el riesgo de que, cuando se puedan volver a los centros de trabajo, algunas empresas sigan utilizando a las niña y niños, como lo han hecho hasta ahora, y otras más se sumen a la explotación infantil.

Juan Martín Pérez observa otro problema: los grupos criminales, que hasta ahora no han parado sus actividades. La crisis económica de las familias pondrá en mayor riesgo a los niños y adolescentes de ser reclutados por el crimen organizado. “Y a las niñas de ser explotadas sexualmente”.

Todos los indicadores de trabajo infantil en los que se había avanzado, “se vendrán abajo nuevamente”. El año pasado, 2019, el Inegi levantó la encuesta que permite conocer las cifras más actualizadas sobre el tema.

Debido a los recortes presupuestales del gobierno federal, esta investigación estuvo a punto de no realizarse. Pero fue el Departamento del Trabajo de Estados Unidos quien la financió, informó el defensor de los derechos de la infancia y la adolescencia.