miércoles , 23 octubre 2019
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Corrupción en la Secretaría de Agricultura: ¿una fatalidad?

LAURE DELALANDE. ANIMAL POLÍTICO.

¿Cómo pudieron los servidores públicos y otros actores involucrados en la política agropecuaria llegar a niveles de corrupción nunca antes vistos? La respuesta no solo se halla en lo sucedido en el sexenio pasado, sino también en el “ADN” de la Secretaría de Agricultura, pues siempre ha sido, de por sí, una institución gubernamental altamente vulnerable a la corrupción.

La política agropecuaria y rural de nuestro país ha tenido resultados francamente decepcionantes debido a la corrupción estructural que merma a las instituciones públicas. A pesar de los cuantiosos montos canalizados por la Secretaría de Agricultura, ser agricultor en México es sinónimo de perseverancia, en particular si se es pequeño productor. Si bien la administración de Enrique Peña Nieto se ha vanagloriado de haber sido partícipe de un crecimiento importante del sector, en términos estrictos, sus funcionarios fueron espectadores pasivos de una coyuntura favorable para las agroexportaciones que poco ha tenido que ver con las acciones del gobierno.

Lo que más bien se ha observado en los últimos años son niveles de corrupción inauditos en la Secretaría de Agricultura. La pregunta aquí es: ¿cómo pudieron los servidores públicos y otros actores involucrados en la política agropecuaria llegar a niveles de corrupción nunca antes vistos? La respuesta no solo se halla en lo sucedido en el sexenio pasado, sino también en el “ADN” de la Secretaría de Agricultura, pues siempre ha sido, de por sí, una institución gubernamental altamente vulnerable a la corrupción.

Solo algunos programas podrían salir indemnes ante un diagnóstico de si son, o no, afectados por la corrupción; uno de ellos es el Proagro -actualmente Producción para el Bienestar- porque opera sobre la base de un padrón público, con transferencias bancarizadas, lo cual impide que los funcionarios públicos o gestores puedan extorsionar a los beneficiarios. Sin embargo, aún con este escenario favorable, este programa ha beneficiado principalmente a los productores más pudientes del norte del país, lo cual ha puesto en duda la relevancia del fuerte gasto público que implica. La actual administración ha decidido limitar a veinte el número máximo de hectáreas de las parcelas beneficiadas.

Una investigación reciente ha mostrado que varios factores se unen para facilitar que la gran mayoría de los programas que opera la Secretaría de Agricultura se presten a un robo generalizado: el presupuesto es cuantioso, las formas de capturarlo son diversas (moche, padrinazgo, manipulación de proveeduría, etc.), y los actores involucrados en la operación de los programas son numerosos, entre otros. Los funcionarios y las organizaciones campesinas que tienden a manejarse con opacidad son los mejor identificados por la vox populi, pero existen otros grupos de interés no menos importantes: políticos, empresas agropecuarias o de proveeduría, despachos o gestores de los apoyos, son algunos de ellos. Las acciones de supervisión y fiscalización son, o bien improcedentes, o no conducen a castigos y rectificaciones. En estas condiciones, la tarea de supervisar y rastrear problemas de corrupción implicaría esfuerzos colosales.

Es importante comprender que cuando se vuelve estructural, la corrupción no solamente implica una pérdida de recursos: también repercute sobre la forma en que operan los programas y reduce sus posibles impactos, que pueden incluso llegar a ser negativos. La construcción de un invernadero, por ejemplo, cuyos recursos se ven mermados por el moche a un funcionario o a un gestor, deja una huella oscura en el panorama social de una comunidad: el tiempo y recursos invertidos por los productores defraudados, el desánimo y desconfianza hacia las instancias de gobierno, la percepción de que los recursos públicos pueden ser desperdiciados sin que ello tenga consecuencia alguna, son factores de frustración que indudablemente erosionan el paradigma de la democracia.

El nuevo gobierno no desconoce los problemas de corrupción en este sector, pero tiene una visión sumamente simplista de lo que ahí ocurre. El Caballo de Troya de Andrés Manuel López Obrador para este tema es suprimir a los intermediarios. Con ello, el gobierno comete dos errores conceptuales que ponen seriamente en duda los resultados que podemos esperar de los nuevos programas.

En primer lugar, nunca se ha dicho bien a bien quiénes son los intermediarios, que entonces pueden ser cualquier tipo de organización, persona o institución extra-gubernamental. De esta forma, cada quién puede traer su propia definición a la mesa y con ello intentar deshacerse del “vecino incómodo”.

En segundo lugar, cae en la trampa de personalizar el problema de la corrupción, lo cual no deja ver su carácter estructural. Al designar un culpable -en este caso, los intermediarios- se asume que, al quitarlos del panorama, se obtendrán de forma automática programas libres de corrupción.

Los principales incentivos para la corrupción surgen de las dinámicas administrativas y cómo se ajustan las piezas políticas en este sector. Lo que necesitamos son esquemas de supervisión serios, auditorías sistemáticas y no dejar sin castigo a quienes, inevitablemente, cometen estos actos; al mismo tiempo de que se revisen, con ímpetu reformista, las formas en que opera la administración y cómo se toman las decisiones.

* Laure Delalande es directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).

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