jueves , 14 noviembre 2019
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Diputados batean propuesta sobre agua de 450 científicos

ISAAC TORRES CRUZ. CRÓNICA.

Cutzamala. Especialistas proponen cambios en los trasvases.

El pasado 9 de febrero, investigadores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil entregaron a 42 legisladores (20 diputados y 22 senadores) una propuesta de iniciativa integral para considerarse dentro de la Ley General de Aguas, misma que fue soslayada por los representantes legislativos en el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, refiere Pedro Moctezuma Barragán, profesor-investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y responsable del proyecto de Investigación Sierra Nevada.

El documento elaborado por 450 científicos de 19 universidades del país —entre ellas la UNAM, UAM, UdeG, BUAP, UV y la Universidad de Chapingo— “es una iniciativa integral que comprende una agenda nacional”. Esta iniciativa ciudadana, dijo en entrevista, solicita agua para soberanía alimentaria, los ecosistemas y cuencas, así como la atención ante inundaciones y sequías. “Incluye la participación comunitaria y ciudadana de cuencas y subcuencas, planes rectores vinculantes, además una contraloría social del agua como instancia ciudadana”.

El también director del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la UAM agrega que la propuesta también reconoce y restaurara fuentes históricas de agua de pueblos originarios que han sido despojados, así como desmontar el sistema de concesiones, referido en el capítulo II del dictamen:

“En el ámbito de su competencia la autoridad debe fomentar, en los términos que disponga la Ley, la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé este Capítulo.

“Los títulos de concesión y los contratos de asociación público-privada y demás instrumentos de carácter municipal, local, estatal y en su caso federal que concierten la participación privada y social en la prestación de los servicios públicos deben ajustarse a las disposiciones de la presente Ley y demás normatividad aplicable”.

En su artículo 54 refiere que la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos que prevé dicho capítulo podrá incidir en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. “La ley abre así el camino al fracking, mediante concesiones y cediendo aguas a mineras incluso sin concesión”, puntualiza Moctezuma Barragán.

Por otra parte, en su capítulo de Trasvase (VII) el dictamen establece que el trasvase —uso de las aguas trasladadas de una cuenca a otra con la que no tenga conexión natural “que realiza la Federación o los concesionarios”— puede ser directo: realizado por “los concesionarios con autorización de la Comisión (Nacional del Agua)” e indirecto: El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada… “Eso permitiría, por ejemplo, concesionar el sistema Cutzamala. Este concepto de ‘concesión’ debe ser desmontado”, añade el investigador de la UAM.

El especialista puntualiza que la propuesta de científicos y organizaciones civiles —que puede consultarse en http://aguaparatodos.org.mx— también propone la reorganización del líquido para el sector agrícola y el riego y promueve el derecho humano al agua y saneamiento, así como la prohibición de grandes proyectos de explotación en zonas con estrés hídrico, hundimientos y grietas. “En zonas de Chihuahua e Iztapalapa están consumiendo agua de hace miles de años, lo cual puede afectar la salud de la población”. La propuesta explica cómo llevar a cabo una política de aprovechamiento del agua pluvial, tratamiento de aguas residuales y restauración de cuencas.

“En las condiciones actuales, el dictamen no reúne las condiciones del artículo 4 constitucional —que garantiza el derecho humano al agua—, así como tampoco su sustentabilidad, equidad en su acceso y desestima la participación ciudadana”, manifiesta el investigador de la UAM. “Ahora exigimos a los senadores un debate razonado, cuidadoso e informado, se frene el fast track y se genere una legislación de cara a los intereses del país y no re corporaciones”.

Dictamen de Ley General de Aguas criminaliza investigación: científicos

Conagua. Contravenir el artículo 148 de la ley alcanzaría multas de hasta 50 mil días de salario mínimo.

Científicos de la UNAM han manifestado su rechazo a diversos artículos del dictamen de Ley General de Aguas —aprobado en comisiones el miércoles en la Cámara de Diputados— puesto que “criminalizan la investigación científica, legalizan la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.

De acuerdo con un documento difundido por académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Geografía e Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, el dictamen “carece del total respaldo científico”, el cual “como académicos no reconocemos”.

El dictamen criminaliza la investigación a través del artículo 148, donde se refiere que “los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta ley deben solicitar permiso a la Comisión (Nacional del Agua) en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente”.

Agrega que la Conagua sancionará “realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”, con multas de hasta 50 mil días de salario mínimo.

“Ahora no podremos hacer monitoreo de la calidad del agua sin permisos de la Conagua”, refiere en entrevista José Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía. “Hay una gran preocupación entre investigadores y alumnos porque no sólo interferiría con el programa de investigaciones en el futuro, sino que también sancionaría la publicación de resultados realizados con anterioridad”. Entre estos, agregó, hay muchas tesis en curso con datos de monitoreos hechos en los últimos meses y años, y que publicarlos resultaría un “crimen”. Incluso, hay profesionistas que se dedican al monitoreo y tienen una empresa.

“No es correcto, no tiene sentido, la ciencia no puede estar acotada ni pedir permiso para pensar”, puntualiza Rafael Huízar Álvarez, académico del Instituto de Geología. “Impedir la toma de muestras o condicionar su permiso podrían significar muchas cosas…”.

El especialista en reconocimiento y evaluación de acuíferos manifiesta que si bien no existe justificación alguna para aprobar este aspecto del dictamen, podría significar que el gobierno federal “no quiere que se evidencie algo y limitar la investigación e información a datos que sólo ellos tengan”.

El documento de los universitarios también enfatiza que todas aquellas personas “que hemos cuestionado” el desempeño histórico de la administración del agua por parte de las instituciones de la administración pública, serán sancionadas.

Además, la investigación científica no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento, dice.

CONTAMINACION. Los investigadores citan además que la actual definición de “contaminación” indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de “x” elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar. Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales. Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico. “De poco a poco acumular arsénico, por ejemplo, el compuesto evidentemente contaminará el líquido”.

DERECHO HUMANO. Por otra parte, el dictamen refiere en su artículo 49 que “es obligación de las autoridades garantizar el derecho humano al agua de los asentamientos humanos”, para lo cual han establecido un mínimo vital de 50 litros diarios por persona. “Esto es incorrecto porque el derecho humano al agua corresponde a las personas, no a los asentamientos humanos, tal como lo establece el texto del artículo 4 constitucional que da origen a esta ley”, puntualizó ayer en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas corresponde a 100 litros diarios por persona.

Finalmente, científicos y organizaciones de la sociedad civil, que han conformado la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, denuncian que el dictamen de ley ratifica la restricción de la participación ciudadana en la gestión del agua. Carrillo Rivera explica que la participación sólo se mantiene a través de los Consejos de Cuenca, donde la opinión de los ciudadanos sólo puede transmitirse a través de las cámaras industriales. “Así que ciudadanos y académicos seguiríamos sin tener voz ni voto”.

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