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Disponibilidad del agua, asunto de seguridad nacional

COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.

El diputado Cipriano Charrez Pedraza (Morena) dio a conocer iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política con el propósito de que la disponibilidad del agua, se considere como prioridad y asunto de seguridad nacional.

La reforma enviada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene como objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento, distribución y control, preservación de su cantidad y calidad del agua y con ello lograr su desarrollo integral sustentable.

GACETA PARLAMENTARIA

Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El suscrito, Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto decreto que adiciona un párrafo sexto, recorriéndose lo subsecuente al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1. En el año 2000, el Consejo Mundial del Agua, que es una organización internacional que trabaja para crear una mayor conciencia a nivel global sobre los asuntos del agua, coloca el tema del agua en el punto más alto de la agenda política de las naciones y enfatiza que “La crisis hídrica internacional, no tiene que ver con tener poca o mucha agua, es una crisis de gobernanza del agua que tiene como resultado que millones de seres humanos, así como el medio ambiente, sufran gravemente”.

Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirmaba en 2001 que “la crisis del agua es ya una crisis que tiene que ver con la gobernabilidad mundial, en este nuevo siglo, el agua, su saneamiento y su distribución equitativa representan grandes desafíos sociales para nuestro mundo, debemos poner a salvo el suministro mundial de agua potable y garantizar que todos tengan acceso a la misma”.

Hasta 2012 la crisis del agua a nivel mundial, implicaba mil 500 millones de personas sin acceso al agua potable sana; 2 mil 400 millones sin servicios sanitarios; 3 mil millones sin sistema de tratamiento de aguas residuales, además de que se estimaba que 3 mil personas morían diariamente en el mundo por enfermedades relacionadas con la ausencia de agua sana.

El cuarto informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, publicado cada año conjuntamente con el Foro Mundial del Agua, es el informe principal de las Naciones Unidas sobre el agua, deja claro que el agua es el único medio, bajo el cual se pueden abordar conjuntamente, grandes retos globales, tales como la sostenibilidad del medio ambiente, el crecimiento sustentable, el empleo, la salud, la sustentabilidad alimentaria, las desigualdades, la energía y muchas otras áreas prioritarias para cada uno de los países del mundo.

A partir de 2012, el Programa Hidrológico Internacional, impulsado por la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha buscado que los países atiendan el concepto de seguridad hídrica y lo integren a sus agendas.

2. Por su parte, la Conferencia ONU-Agua del año 2013, a través del informe “Seguridad hídrica y la agenda hídrica global” buscan que el concepto “Seguridad hídrica” sea incluido en la Agenda del Consejo de Seguridad de la ONU y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en ingles).

Es de referir que los objetivos de desarrollo sostenible, fueron uno de los principales resultados de la Conferencia de Río+20, por su nombre abreviado Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en 2012, debido a que éstos conformarán la agenda responsable de las acciones en materia de desarrollo social y humano y que después del 2015, tratar que la seguridad hídrica sea incluida en los organismos y objetivos antes mencionados, lo que nos habla de la importancia que este tema tiene al seno de la ONU.

3. De acuerdo con la ONU, la asignación del concepto “seguridad”, es un proceso discursivo y político para tratar algo como una amenaza grave para el desarrollo de una sociedad, esta asignación permite al Estado la construcción de medidas excepcionales y urgentes para hacer frente a dichas circunstancias.

La seguridad hídrica es definida como la capacidad de una determinada población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita, tanto la salud humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua, inundaciones, derrumbes, subsidencia de suelos y sequías.

En cada nación, de acuerdo con los organismos internacionales que lo promueven, la seguridad hídrica, solo puede lograrse si es apoyada por un entorno propicio, que establezca cambios sistemáticos, intersectoriales y jurídicos, que incluyan políticas integradas por los distintos sectores involucrados.

Para la ONU, el tema del agua, representa una oportunidad a largo plazo en la inclusión de dialogo permanente entre las naciones, pero con grandes avances en lo inmediato:

1) A nivel internacional, el éxito en la cooperación por la gestión, administración y aprovechamiento de aguas transfronterizas ha estimulado el dialogo y la coordinación acerca de cuestiones más amplias, en el mediano plazo, garantizará la necesidad de un permanente dialogo entre los Estados soberanos.

2) El buen gobierno en materia hídrica representa una oportunidad, al interior de los países, el buen diseño y el empoderamiento de las instituciones, como el sustento de los instrumentos legislativos y políticos pertinentes, deberá traducirse en formas eficaces para integrar las complejas dimensiones sociales, medio ambientales y de aprovechamiento en torno al agua y con ello generar cambios legislativos.

En el informe “Seguridad hídrica y la agenda hídrica global”, la ONU-Agua 2016 recomienda a los Estados que identifiquen sus capacidades existentes, así como las lagunas, a fin de abordar adecuadamente el reto de la seguridad hídrica.

4. El concepto de gobernabilidad para el caso de agua, de acuerdo con especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), refiere a la forma en que interactúan en un espacio y tiempo determinados procesos, la estructura de actores y las reglas formales e informales que permiten alcanzar la gestión integral y sustentable del agua. Por tanto los temas de gobernabilidad tienen importantes implicaciones en la gestión del recurso hídrico en todos los niveles administrativos –global, nacional, regional, local-, y son prerrequisito para la implementación exitosa de la gestión integrada de dicho recurso”.

El nivel de gobernabilidad de una sociedad en relación con la gestión del agua se ve determinado, entre otras, por las siguientes consideraciones por el grado de acuerdo social, respecto de la naturaleza de la relación entre el agua y la sociedad, por la existencia de consensos sobre las bases de las políticas que expresan dicha relación, y por la disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten efectivamente, en un marco de sustentabilidad, la implementación de dichas políticas.

María del Carmen Carmona, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que para encontrar soluciones a los problemas de gobernabilidad en materia hídrica, estas deben sustentarse en la reconstrucción del estado de derecho en materia hídrica y en el reconocimiento de los derechos emergentes asociados al acceso a los recursos hídricos.

Es justo la interpretación anterior, donde encontramos sustento a la necesidad de reconocer el agua como un tema de seguridad nacional e incorporar dicho derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, baste analizar las actuales circunstancias ambientales en las que vivimos, habrá un sin número de situaciones, intereses y conflictos que tratarán de inferir en la distribución del agua e inferirán en la gobernabilidad de las instituciones, sin embargo, el interés superior de las y los mexicanos debe prevalecer ante todo.

La idea de establecer ese derecho del agua como de seguridad nacional requiere ser relacionada abiertamente con la capacidad del Estado para actuar en favor de la preservación de la soberanía, con la participación activa de todas las instituciones y niveles de gobierno que resulten pertinentes en correspondencia a los derechos humanos tutelados en los Tratados Internacionales y en nuestra propia legislación.

La seguridad nacional difiere del concepto de seguridad de Estado, es contemplada en el artículo 27.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la que expresa que “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundad en motivos de raza, color, sexo, idioma u origen social”.

Es de considerar que la seguridad de un Estado, radica precisamente en que el conjunto de leyes que se concibe para ello y la forma en que se les aplica, deben defender el orden democrático, es decir, sean capaces de adecuarse transitoriamente a una situación excepcional, sin que por ello se altere la esencia jurídica del Estado o la violación a los derechos humanos de las personas.

Por su parte, el concepto de seguridad nacional, debe ser un recurso que va de la mano con el proyecto de país, “una situación en la cual la mayoría de los sectores sociales de la nación tienen garantizadas sus necesidades culturales y materiales, a través de las decisiones del gobierno y de las acciones del conjunto de instituciones del Estado, es decir, determinada seguridad frente a amenazas o retos internos o externos, reales o potenciales que atenten contra la estabilidad de la nación, y del Estado” de acuerdo con lo expresado por el maestro José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Es decir, lo vertido anteriormente tiene como propósito el proponer e impulsar reformas a los marcos normativos, así como desarrollar las acciones institucionales que reconozcan que los problemas sociales, de desarrollo, económicos y de sustentabilidad relacionados con el agua, son asuntos de carácter transversal, que en el mediano plazo implicarán a todos y cada uno de los mexicanos sin excepción.

5. Incluir en el ámbito constitucional los asuntos estratégicos del agua, como aspectos inherentes a la seguridad nacional, entendida como ha sido expuesta, implica tomar previsiones frente a las amenazas subyacentes para la estabilidad, el desarrollo y la sustentabilidad de nuestro país en caso de que la disponibilidad de este recurso sea crítica o genere conflictos de cualquier índole.

Hasta 2004, los mexicanos disponían de más de 4 mil 500 metros cúbicos de agua, no obstante en el norte, centro y noreste del país, donde se concentra más del 70 por ciento de la población y más del 60 por ciento de la industria y actividad económica, se cuenta con menos de 2 mil metros cúbicos por habitante, situación considerada extremadamente baja, de acuerdo a especialistas de la UNAM.

En una proyección realizada por especialistas de la UNAM, se calculaba que antes del año 2025, cada mexicano dispondría de menos de 4 mil metros cúbicos o menos, tomando en cuenta que el agua suministrada a nivel nacional, era de 321 metros cúbicos por segundo en el año 2000 y para el año 2011 fue de 329.5, indicador que expresa el decrecimiento en los próximos años, aunado a ello la sobre explotación de los mantos acuíferos, de 653, 104 estaban siendo sobre explotados.

Para tener un mejor parámetro de la problemática, es necesario mencionar que en 1975, solo eran 32 y en 1980 80, un incremento de más del 100 por ciento, en solo 10 años. Además de que, desde hace cerca de una década, existen más de 17 acuíferos costeros que hoy en día tienen problemas de inclusión salina, en Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora y Veracruz, de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico 2007-2012.

Es menester referir que de los 653 acuíferos en México, estos:

1) Son las únicas fuentes confiables de suministro de agua en las regiones áridas y semiáridas del país.

2) Proporcionan el agua que requiere prácticamente la totalidad de la población rural y en un contexto más amplio, el 70 por ciento de la población del territorio, así como la mayoría de los desarrollos industriales.

3) Sustentan el riego de dos millones de hectáreas, prácticamente la tercera parte de la superficie total de riego en el país.

6. La seguridad nacional, entendida como una condición permanente de paz, libertad y justicia social dentro del marco de derecho, se establece bajo las bases de un sistema jurídico dinámico y siempre perfectible, orientado a la protección de los derechos de las y los mexicanos. Su conservación implica equilibrio dinámico de los diversos intereses de la sociedad para el logro de los objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía e independencia nacional.

7. En este tenor, la Ley de Aguas Nacionales:

1) Declara como te utilidad pública

• y “define la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional, artículo 7o., fracción I.

2) Señala a la Comisión Nacional del Agua, como responsable de

• “atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica”, artículo 9o., fracción VII;

3) Establece a los Organismos de Cuenca, como encargados de:

• “operar, conservar y mantener obras y servicios hidráulicos, cuando se declaren de seguridad nacional o de carácter estratégico, cuando así lo disponga “la Comisión”, artículo 12 Bis 6, fracción VI.

4) Delimita la Política Hídrica Nacional

• El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finita, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional, artículo 14 Bis 5, fracción I.

• La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad, es un asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos, artículo 14 Bis 5, fracción IX.

5) Define prioridades en el conocimiento sobre las aguas nacionales:

• “En tratándose de un asunto de seguridad nacional y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública Gubernamental, ‘la Comisión’ será responsable, con el concurso de los Organismos de Cuenca y con el apoyo que considere necesario de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, así como de asociaciones de usuarios y de particulares, de realizar periódica, sistemática y prioritariamente los estudios y evaluaciones necesarias para ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico…,” artículo 84 fracción V.

8. No obstante, este esquema en materia de agua en nuestro país, omite posibles riesgos y desastres potenciales, los cuales son crecientemente importantes y acumulativos.

En la actualidad, los indicadores señalan que el país cuenta con agua, no de forma total y suficiente, sin embargo, requerimos necesariamente que se garantice en condiciones seguras y suficientes para los mexicanos, por lo que es de la mayor importancia impulsar el tema del agua como un componente de seguridad nacional desde la propia Constitución Federal, lo que permitirá establecer parámetros, esquemas y acciones que garanticen su adecuado uso en beneficio de los mexicanos.

9. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, en su párrafo quinto refiere que las aguas son propiedad de la nación y establece las bases legales de la propiedad, aprovechamiento, distribución, clasificación y administración del agua que se encuentra ubicada dentro de territorio nacional, así mismo, en los artículos 4o., párrafo sexto, 42, 48, 73 y 115 de la misma Constitución se establecen los lineamientos y bases que la regulan, así como las competencias de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las consideraciones anteriores y a partir de la normatividad secundaria vigente en materia de agua que tiene como objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de la misma, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable, es propongo se tutele desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a considerar que la disponibilidad del agua para los mexicanos, se considera como prioridad y asunto de seguridad nacional y con ello el Estado mexicano fortalecer la atención a las recomendaciones realizadas por organizaciones internacionales, por lo que someto a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo sexto, recorriéndose lo subsecuente al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo Único. Se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose lo subsecuente al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. … (primer párrafo intocado).

… (Segundo párrafo intocado).

… (Tercer párrafo intocado).

… (Cuarto párrafo intocado).

… (Quinto párrafo intocado).

La disponibilidad del agua, se considera como prioridad y asunto de seguridad nacional.

… (subsecuentes párrafos y fracciones intocadas.)

I. a XX. Intocadas.

Artículos Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 60 días de publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las leyes, corresponderá a la federación aplicar esta Ley en el ámbito local, coordinándose para ello con las autoridades estatales y, con su participación, con los municipios que corresponda, según el caso.

Tercero. Para la elaboración de la reglamentación de esta ley, el ejecutivo cuenta con un plazo máximo de noventa días hábiles.

Cuarto. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias de esta ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Cipriano Charrez Pedraza (rúbrica)

 

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