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¿Ecocidio presupuestal?

GERMÁN GONZÁLEZ DÁVILA. CRÓNICA.

Las sucesivas reducciones presupuestales que, año tras año, impuso el gobierno federal 2012–2018 al sector ambiental, significaron un tremendo debilitamiento de la Semarnat y sus diversos organismos. “El sector ambiental ya no aguanta más recortes”, enfatizaron los participantes (Carabias, Sarukhán, Rosenzweig, Rhodes, entre otros) en el seminario de El Colegio Nacional sobre cómo financiar la conservación, el martes 4 de diciembre (http://colnal.mx/events/conservacion-de-la-biodiversidad-como-se-debe-financiar). Sin embargo, ahora recibimos la pésima noticia de que el presupuesto de la Semarnat se reducirá otro 32% en 2019, respecto del de 2018. Con ello, el sector ambiental federal acumulará 76.7% de reducción respecto de 2012; es decir, tendrá que realizar todas sus funciones con sólo 23 centavos de cada peso del que disponía en 2012.

Que el gobierno federal 2018-2024 mantenga la tendencia reductiva presupuestal ambiental del gobierno anterior —que acumuló un 44.6% de reducción— es muy mala noticia. Ya desde 2012 muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) reclamaban que el presupuesto era insuficiente para hacer frente al deterioro ambiental y al agotamiento de recursos naturales renovables; ahora, con el anunciado 32% menos para 2019, prácticamente se le daría el golpe de gracia, pues las capacidades de operación, tanto humanas como materiales, de las instituciones ambientales, así como algunas inversiones en obras e infraestructura, ya se encuentran al límite tras los ajustes de los años previos. Los nuevos ajustes propuestos ponen en alto riesgo la seguridad ambiental de nuestro país.

Esta reducción presupuestal resulta contradictoria con los compromisos del nuevo gobierno federal. La Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para 2019, hace explícita una estrategia programática que refrenda los propósitos de control de la contaminación del suelo, del agua y del aire, de protección de la diversidad biológica, de mejoramiento de la gestión hídrica, de promoción del desarrollo forestal sustentable y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero —entre otros propósitos—, que son indispensables para el desarrollo sustentable y el bienestar de la población.

Uno de los documentos del PPEF plantea que: «Con base en los compromisos presidenciales en materia de medio ambiente, no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente». Pero ¿cómo asegurar las capacidades institucionales y humanas para evaluar rigurosamente proyectos, para mejorar y aplicar los instrumentos de impacto ambiental y de ordenamiento ecológico y territorial, para diseñar mejores normas y hacerlas cumplir, para lograr una minimización y mejor tratamiento de los residuos, para adaptarnos y combatir el cambio climático, entre muchas otras, si se continúa debilitando el presupuesto para todas estas funciones?

Existen, sin duda, amplias oportunidades para mejorar las instituciones y las prácticas de gestión ambiental, así como para racionalizar el uso del presupuesto; pero no se vale hacer inviable la indispensable gestión ambiental. Un medio ambiente sano es un derecho humano, plasmado en la Constitución; un compromiso de México en tratados internacionales; y una obligación de las generaciones del presente con las generaciones futuras. Es indispensable corregir, anular la reducción y mantener, al menos, el mismo presupuesto ambiental de 2018. ¡Evitemos un ecocidio presupuestal!

 

Coordinador Editorial de CeIBA

https://ceiba.org.mx

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