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Ejidatarios demandarán al titular de la Sagarpa

ADRIÁN QUINO. EL ECONOMISTA.
La Central Urbana Campesina del Centro informó que 12 ejidatarios perdieron 50 hectáreas por omisión de los tres niveles de gobierno.
Denuncian. Armando Rivera Reséndiz dio a conocer las supuestas violaciones por exfuncionarios del estado. Foto EE: M. Blancarte

El presidente estatal de la Central Urbana Campesina del Centro, Armando Rivera Reséndiz, afirmó que se trata de 12 ejidatarios afectados debido a las omisiones de diversas autoridades de los tres niveles, lo que provocó la pérdida de 50 hectáreas que pasaron a manos de 29 personas.

Abundó que ante un posible conflicto social informaron —desde diciembre del 2011— al entonces gobernador, José Calzada, de la situación, incluyendo la violación de 16 sentencias del Tribunal Unitario Agrario así como dos amparos y denuncias en contra de los presuntos invasores, sin que hubiera respuesta de la autoridad estatal.

“A pesar de que los compañeros ganaron varios juicios, el exgobernador Calzada jamás hizo algo para ayudarlos. Decidimos hacer esta denuncia para litigar en contra del exgobernador y de los funcionarios que denunciamos”, destacó Armando Rivera.

El grupo de ejidatarios pidió la intervención del actual titular del Ejecutivo estatal, Francisco Domínguez, para que sea el gobierno quien ayude en las gestiones ante las autoridades competentes para presentar las denuncias pertinentes, que incluirán al exgobernador; al exgobernador sustituto, Jorge López Portillo Tostado; al exdelegado del Registro Nacional Agrario, Adolfo Contreras Roy; al exalcalde capitalino, así como exdirectores de asuntos agrarios.

Tras la invasión, comentó, en el 2013 el gobierno municipal comenzó a realizar obras en los terrenos en conflicto, donde el entonces delegado de Sedesol, Manuel Pozo, a nombre de los ejidatarios, pidió detener los trabajos.

Precisó que podrían proceder con el presunto delito de desacato, ya que los actores involucrados omitieron las sentencias del Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 42 de Querétaro así como del TUA en San Luis Potosí.

“Además serían actos de corrupción por lo que tendríamos que acudir a la Secretaría de la Función Pública; una serie de delitos se generó con estos actos de los funcionarios que trabajaban ante el gobernador”.

Por último, lamentó que existan intromisiones en los litigios que han alargado las denuncias existentes, ya que el expediente donde pueden comprobar la invasión de terrenos fue reservado por 12 años.

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