viernes , 20 septiembre 2019
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El Estado tiene que atender la violencia en el campo vinculada al crimen organizado: Briceño Zuloaga

COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.

Propuso revisar leyes municipales y estatales porque ya no responden a la realidad actual de campesinas e indígenas.

Se vive en una cultura patriarcal que deriva en machismo y misoginia.

Sólo, 26 por ciento de las mujeres son propietarias de tierras rurales.

PALACIO LEGISLATIVO. El Estado tiene que atender con toda su fuerza la emergencia de violencia en el campo vinculada al crimen organizado, porque las más afectadas son las mujeres, quienes sufren asesinatos, discriminación y desigualdad, urgió la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Agregó que todos los niveles de gobierno y poderes deben enfrentar la inseguridad, sin negarla, asumir responsabilidades y revisar las leyes municipales y estatales, porque datan de hace 50 años y no se han actualizado; prevalecen conceptos de exclusión y marginación a la mujer sin reconocerles su contribución a la producción de alimentos.

Durante el foro “Desarrollo Rural e Igualdad de Género”, apuntó que esos marcos jurídicos tampoco responden a la nueva realidad social, económica y política que viven campesinas e indígenas, quienes están en pobreza en el 62.1 por ciento de los casos. A pesar de que en 63 programas rurales el 42.2 por ciento son beneficiarias, se han tenido efectos negativos porque reproducen roles de género tradicionales, las colocan como objetos y no sujetas de desarrollo. Son prácticas clientelares que requieren erradicarse.

Debe garantizarse en la práctica la seguridad jurídica, igualdad, inclusión integral y propiedad de la tierra, porque sólo al 26 por ciento son dueñas. 

Briceño Zuloaga planteó la necesidad de superar un doble reto: desestructurar el modelo patriarcal y que las comunidades autóctonas en los usos y costumbres incluyan a las mujeres en la toma de decisiones. También es primordial empoderarlas económicamente ante la migración de varones, porque el 26.7 por ciento son jefas de familia, lo que agudiza la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

Asignar mejores presupuestos; hacer funcionables las alertas de protección; eliminar el lenguaje sexista, la división sexual del trabajo y la triple jornada laboral, sin remuneración, y que hombres y mujeres sean responsables de los cuidados de la familia y quehaceres domésticos en igualdad de circunstancias, fueron otras de su propuestas.

El momento actual plantea el gran reto y compromiso de recuperar el agro nacional, formas de vida y producción rurales, mediante la participación de hombres y mujeres en una visión de igualdad con desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente. 

Destacó que México tiene grandes pendientes con las mujeres, quienes viven una violencia diferente a la que sufren los varones, ya que se centra en agresiones sexuales y feminicidas. Son condiciones distintas que el Estado debe atender con toda la responsabilidad, además de establecer la tipificación única del feminicidio en el ámbito nacional para avanzar en la protección de sus derechos humanos.

La directora de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, Patricia Patiño Fierro, puntualizó que no se trata de hacer juicios de valor donde las mujeres sean las buenas y los hombres los malos, sino de ubicar en el centro del debate el conocimiento. “Por desgracia vivimos en una cultura patriarcal que ha derivado en un machismo y misoginia que atenta contra la vida de las mujeres”.

Sostuvo que persisten notorias brechas de género y múltiples obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres, “desde formas muy sublimes, de las que a veces nos reímos y avalamos, hasta expresiones atroces de violencia, como el abuso sexual y el feminicidio”.

Subrayó que la violencia de género no es un asunto casero o doméstico, y no aplica el dicho de que “la ropa sucia se lava en casa”. Dijo que nunca como ahora se habían vivido feminicidios, hostigamiento laboral y sexual por el sólo hecho de ser mujer.

Pidió no dejar de lado las experiencias que tienen las asociaciones encargadas de refugios para mujeres víctimas de violencia. 

Dijo que entre las propuestas que se acordaron en este foro está realizar una mesa de trabajo para el análisis de la Ley Agraria y verificar que tenga perspectiva de género, vigilar que los recursos y capacitación que partidos políticos destinan a mujeres no disminuya, así como una reunión de trabajo para que se considere la salud de las mujeres en el nuevo sistema que impulsa la actual administración.

Ada García Cortés, directora de Capacitación de la Procuraduría Agraria, señaló que la desigualdad y discriminación se da en todas las capas de la sociedad, más allá de las clases económicas. “Tenemos que luchar contra esa cultura que está arraigada en hombres y mujeres”.

Pidió ser tolerante con los usos y costumbres, pero actuar con firmeza cuando afecten los derechos humanos de las mujeres, y llamó a impulsar organizaciones fuertes y críticas.

“Vienen las reformas a la Ley Agraria y quiero ver que las injusticias queden subsanadas. Una vez que esté listo el cambio, tengamos la fuerza para hacerlo sustantivo, lo defendamos en la práctica y no quede sólo en lo escrito”, precisó.

Necesario, trabajar desde el Poder Legislativo para erradicar la desigualdad y pobreza en el campo

Por su parte, el diputado Carlos Javier Lamarque Cano (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, durante el Foro “Desarrollo Rural e Igualdad de Género” señaló la importancia de trabajar desde el Legislativo para erradicar la desigualdad y pobreza en el campo, así como apoyar a los grupos más vulnerables del sector. “El trabajo en el campo es fundamental para la vida del país; hablar del campo es hablar de historia y de cultura”, añadió. 

Dijo que es indispensable combatir la corrupción en la gestión de los recursos a pequeños y micro productores, pues esta problemática ha mermado el avance en la productividad agraria; el crecimiento en este sector sólo ha sido del 0.5 por ciento que, comparado con países de América Latina, como Chile, que es del 3.8 por ciento, nuestro incremento es casi nulo. 

El 62 por ciento de la pobreza en el país se concentra en este sector; en los últimos 7 años ha existido un aumento sustancial de inversión pública para el campo, cerca del 180 por ciento; sin embargo, no se refleja en el combate a la pobreza; solo existe 4 por ciento de avance contra este problema. 

El legislador indicó que se tiene que observar detenidamente a las organizaciones civiles que funcionan como intermediarios en la distribución de recursos, porque se prestan para malas prácticas y a la hora de que los campesinos solicitan el capital, no se les otorga lo necesario. “Del 100 por ciento sólo llega el 20 o 10 por ciento al productor”, aseguró. 

Lamarque Cano señaló que la desigualdad ha sacudido con gran fuerza al género femenino del agro, orillándolas a trabajar como jornaleras en condiciones desfavorables, incluso en situación de embarazo. “Tenemos que trabajar a favor de mejorar las condiciones de nuestras mujeres del campo”, exhortó. 

Además, expresó que tiene que haber coordinación con el actual gobierno, para garantizar créditos accesibles a los pequeños productores y que “lleguen a quienes tienen que llegar”. 

Sugirió que se debe hacer frente a los altos índices de contaminación por los pesticidas para frenar la destrucción de los recursos naturales. Esto afecta con gran fuerza la productividad y el bienestar de la población agrícola. “Estamos trabajando para que ya no se utilicen los pesticidas y buscando productos alternativos”, mencionó. 

Durante el encuentro, los agricultores reclamaron la falta de apoyos, así como políticas públicas claras. Pidieron facilitar los requisitos para acceder a préstamos, además de fortalecer los derechos de las mujeres del campo.

La mayoría de los asistentes coincidieron en que se requieren funcionarios más eficientes para la atención de los campesinos que buscan acceder a mecanismos y programas federales.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena), secretario de la Comisión de Desarrollo Social, se dijo convencido de que la transformación debe basarse en una economía social y solidaria. “Debe ser uno de los pilares fundamentales de la nueva estrategia de desarrollo de México”.

Puso de ejemplo el programa de Sembrando Vida, pues no se trata sólo de reforestación, sino que toma en cuenta a las comunidades que deciden quiénes participan y busca introducir el ingrediente de finanzas populares para conformar a mediano plazo, cajas de ahorro.
Aseguró que hay millones de personas que no se han acercado a la conformación de empresas sociales, pero es factible que se adhieran a la economía solidaria, que les ayude a tener un empleo digno.

El objetivo es combatir las desigualdades regionales que hay en México y que “son brutales”, pues no es lo mismo la realidad que impera en el norte del país, que la del sur, por lo que no alcanzan los programas sociales. 

“En la Cámara de Diputados estamos en un momento inmejorable para reformar el marco jurídico y abrirle cancha al sector social que fue el gran damnificado de la política neoliberal. Debe ir de la mano con los esfuerzos del gobierno federal”, subrayó. 

Propuso hacer una consulta abierta con representantes del sector cooperativo, así como organizaciones y académicos, para tener una discusión nacional que ayude a poner en el centro la economía social y solidaria.

Salvador Fernández Rivera, coordinador general de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguró que los sectores agropecuarios y las dependencias coinciden en que la prioridad está en las zonas más marginadas. Aclaró que el difícil acceso a las comunidades no debe ser razón para que los programas no lleguen, pues hay instrucciones de quién debe tener la prioridad.

Dijo que uno de los puntos más débiles es la relación de los pequeños productores con los proveedores de insumos, pues son transacciones muy desventajosas, además que quienes compran el producto se quedan con una buena parte del valor del mismo.

La propuesta del proyecto de desarrollo rural es que se acabe el intermediarismo.

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