miércoles , 13 noviembre 2019
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Empresas españolas se apoderan de la operación de agua en BCS

La Paz, BCS, 1º de junio. En un intento más por privatizar el agua, las plantas desaladoras de líquido marino son construidas y operadas por empresas particulares que destinan el recurso a los desarrollos turísticos, en una región donde la población padece escasez y hay sobrexplotación de acuíferos. Esto ocurre en medio de un vacío legal que permite el uso irrestricto de un bien nacional, el mar, y no considera sanciones, situación a la que se suman los daños ambientales que este proceso provoca, advierten expertos.

En la entidad llueve una semana al año, no hay ríos, sólo afluentes efímeros, y es una zona de “muy baja” disponibilidad del líquido, según la Comisión Nacional del Agua. La extracción de hídrico supera la recarga; ejemplo de esto es que el acuífero de La Paz se recarga con 18.5 millones de metros cúbicos al año y de él se extraen 32 millones de metros cúbicos, lo cual provoca un déficit de 13.5 millones de metros cúbicos.

La presencia de desaladoras se ha extendido en años recientes; en la región noreste del país hay una gran cantidad de pequeñas plantas tanto de desarrollos turísticos como de industrias y sólo existe una pública, la de Los Cabos, que funciona desde el año pasado. Fue construida y es manejada por la compañía española Inima, filial de la empresa OHL, una de las mayores constructoras de España.

Subsidio

La empresa vende el agua a 12.50 pesos el metro cúbico al municipio y éste subsidia el líquido a la población, por lo que cobra 60 pesos por 18 metros cúbicos, explica en entrevista Antonio Agundez, director general del organismo municipal de agua potable de Los Cabos.

Precisa que en ese municipio la desalación lleva siete años de experiencia, debido al crecimiento turístico, y con la planta desaladora municipal, que tuvo una inversión de 330 millones de pesos, se obtienen 200 litros por segundo; abastece a 10 mil personas, pero se busca ampliar la producción porque es insuficiente.

La creciente demanda se deriva de que el auge turístico trae consigo el incremento poblacional: “por cada nuevo cuarto de hotel llegan 19 personas”, reporta la investigadora Aurora Breceda.

La salida que el gobierno ha dado para satisfacer la exigencia de líquido es que cada desarrollo turístico cuente con su propia planta desaladora; en municipios como La Paz también se considera que sería una opción para abastecer del servicio a la población. En Los Cabos, las plantas de los conjuntos turísticos y la municipal producen el equivalente a uno por ciento de la recarga de ese acuífero, 2.5 millones de metros cúbicos al año.

Entre las desaladoras privadas que funcionan en la capital del estado está la del desarrollo turístico Costa Baja, en la cual se obtienen 300 metros cúbicos al día que se utilizan para un hotel, pero se prevé llegar a mil 700, ya que el complejo crecerá, explica Federico Ortega, asesor de la instalación. El proceso que se utiliza –el más común– es el de ósmosis inversa, el cual deja como desecho la salmuera, con concentraciones de sales hasta de 60 mil partes por millón, casi el doble de lo que tiene el agua de mar; la mitad se va a un pozo de absorción y el resto se diluye en el mar, explicó el técnico.

Si la salmuera se vierte directamente al mar ocasiona daños al hábitat. En Murcia, donde existe gran experiencia en la instalación de esas plantas, se han encontrado daños a los pastos marinos –ecosistema del Mediterráneo–, debido al vertimiento de salmuera, indica Juan Manuel Ruiz, del Centro Oceanográfico de Murcia. La instalación de plantas desaladoras comenzó en México en 1970; en el mundo se utiliza en países árabes y España recurre al proceso de forma masiva.

Vacíos legales

Sobre la desalación de agua de mar no hay una política pública; el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aún no está listo, por lo que esta actividad no está regulada, y tampoco hay una norma técnica, “es tierra de nadie”, señalan especialistas.

El agua desalada, aunque tiene un precio, se debe considerar un bien social; es un recurso natural que requiere la población y es un satisfactor, “es parte del derecho de la gente a tener agua, se trata de un derecho privado que proviene de un bien público que es el mar”, señala Felipe Correa, de la Universidad Autónoma de Baja California.

Por su parte, César Nava Escudero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisa que en las legislaciones hay unas cuantas menciones del tema. Refiere que la Ley de Aguas Nacionales sólo dice que se requiere una concesión para extraer el líquido marino, porque se parte de que es un bien nacional y para ello se debe dar una asignación; la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que para instalar una planta de este tipo se debe hacer una manifestación de impacto ambiental (MIA), existe otra mención escueta en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En su participación en el seminario Alternativas para un modelo sostenible sobre el uso y gestión del agua, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, recuerda que el reglamento de la ley de aguas no se ha publicado, a pesar de que esa legislación entró en vigencia en 2004 y las MIA, en muchos casos, se convierten en una forma de legitimar la destrucción del agua, “hay gran corrupción”.

Apunta que ninguna ley hace referencia a sanciones aplicables hacia esas instalaciones, a pesar de que la desalación ya es un hecho en México; “hay un campo abierto, es un paraíso fiscal. Si se regula se pueden afectar intereses e inversiones privadas y extranjeras, no hay línea del gobierno federal y el plan hídrico no dice si se busca la desalación y si el Estado va a intervenir”, señala.

Considera que con esta actividad hay un problema de distribución del recurso, aunque indica que “no hay que endiosarla ni satanizarla; hay sectores que se oponen, porque se piensa que esos proyectos sólo benefician a grandes empresarios y sus desarrollos, pero deben cubrir también un mercado interno que son las zonas más pobres que no tienen agua potable; la verdadera demanda de agua está en las comunidades”.

En este caso, los hechos se adelantan al derecho, “se requiere una regulación jurídica para que se cubra la demanda de agua de la gente que todavía no la tiene, es un problema ético, no sólo científico. ¿Qué derecho tienen hoteles de tener agua desalada y las comunidades aledañas no?”

El gobierno podría considerar la desalación como una medida excepcional que se requiere para hacer frente a un problema de escasez, declarado tema de seguridad nacional, para lo cual se necesita una legislación y políticas públicas en la materia, señala.

Este procedimiento tiene como objetivo principal obtener agua dulce para regadíos, usos turísticos, industriales y consumo humano, pero en el proceso de producción se generan altos costos de energía, que a su vez producen gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, indica.

Los investigadores difieren en cuanto al porcentaje del costo que representa la energía eléctrica en el proceso de desalación, pero sí es alto, ya que iría de 45 por ciento a 80 por ciento del valor total del proceso; para subsanar esto se debe apostar por energías renovables, señala Nava Escudero.

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