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Es el turno de la reforma legislativa al campo mexicano

VÍCTOR CHÁVEZ. EL FINANCIERO. Foto: Cuaartoscuro…

El ciclo de las grandes reformas debe cerrarse con cambios para transformar el agro, afirma José González Morfín. Diputados esperan que en breve llegue al Congreso el paquete de iniciativas

La reforma legislativa al campo, en la agenda del Congreso de la Unión

CIUDAD DE MÉXICO. Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados enlistaron la reforma al campo como una de las prioridades para el periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre próximo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRD, Silvano Aureoles, planteó que “una vez terminadas las reformas energética y de telecomunicaciones, sigue la del campo, que es la que esperamos llegará en los próximos días a la Cámara”.

Esta reforma –añadió– irá acompañada con otros pendientes como el de salud y, sobre todo, concluir con el órgano anticorrupción, el fuero, el arraigo y la ley de disciplina financiera, que tiene que ver con las deudas de estados y municipios.

“Terminaron algunas, yo creo que están pendientes temas como el de salud, o temas como el campo, que entiendo serán parte de las iniciativas que estarían pendientes por llegar al Congreso”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista José González Morfín, sostuvo que “esta es la Legislatura de las grandes reformas para México y confío en que cerrará ese ciclo con una que transformará el campo mexicano”.

Afirmó que la nueva política agroalimentaria debe discutirse ampliamente en esta Cámara y de frente a la sociedad. “La tarea legislativa exige que tengamos la información técnica más precisa al momento de proponer nuevas leyes para impulsar el desarrollo rural del país”, indicó.

Comentó que se han iniciado diversos foros, dentro y fuera del Poder Legislativo, con la intención de aportar propuestas a la iniciativa de reforma del campo “que presentará el gobierno federal en los próximos meses”.

ESPERAN RESPUESTA

El diputado federal priista duranguense Rubén Escajeda Jiménez, coordinador de diputados federales de la CNC, ratificó que “estamos en espera de la propuesta del gobierno federal que prometió para este 2014, con el fin de impulsar una gran reforma del campo mexicano, cuyos niveles de producción actuales son muy bajos”.

Incluso, anticipó que “esta iniciativa de reforma al campo surge por gestión de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que encuentra eco en la sensibilidad del actual presidente de la República, disposición que se demuestra en todos los cambios estructurales que se han realizado en materia financiera y energética, una banca agropecuaria y una disminución en los precios en fertilizantes”.

Comentó que se plantearon seis foros en toda la República con expertos, productores, legisladores y funcionarios federales para conformar una reforma que lleve a la transformación del campo mexicano.

“La información que se obtenga de esos foros enriquecerá la propuesta de reforma que enviará el Ejecutivo federal para el siguiente periodo ordinario de sesiones, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social del sector rural del país”, dijo.

NO MÁS DIAGNÓSTICOS

“Ya no es tiempo de diagnósticos, llevamos más de 20 años con un modelo obsoleto y el discurso político del campo ya se agotó, es tiempo de actuar con soluciones”, plantea el presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, Marco Antonio González Valdez.

Juan Antonio Medrano Agüero, del Comité Central de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas A.C. (CODUC), propone crear un Banco Nacional de Fomento Agropecuario, que atienda a productores en general: pequeños, medianos y grandes, de manera equitativa y justa, así como cambiar la política alimentaria del país: “no más importaciones”.

Buscan desburocratizar, ordenar y darle sustentabilidad al campoA

Desde la reforma constitucional en el sexenio de Salinas no se había revisado el marco jurídico del agro

Con ocho ejes principales, la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados presentó este jueves una “Propuesta a la Reforma para la Transformación del Campo”, como la base para “impulsar un campo mexicano autosuficiente, sustentable, justo, solidario y competitivo:

Reestructurar y simplificar las leyes y reglamentos para desburocratizar y ordenar funcionalmente el sector; Productividad del minifundio, agroclúster y Sistema Nacional de Agroparques; Reordenamiento de los mercados, balance de oferta y demanda, precios justos (Tablero de Control) y comercio internacional; Financiamiento especializado y desarrollo de los esquemas de aseguramiento.

Organización del uso del agua, producción de fertilizantes y equipamiento del sector agroalimentario; Extensionismo holístico e innovación y desarrollo tecnológico; Sanidad, inocuidad, biotecnología y semillas mejoradas; Impacto social de la Reforma al campo mexicano.

La presidenta de la Comisión, Gisela Raquel Mota Ocampo, explicó que esta propuesta será entregada al Ejecutivo federal, misma que “espero que sea tomada en cuenta para la reforma que se presentará en los próximos meses”.

La legisladora perredista aseguró que “en estas propuestas se plasma el sentir y pensar del sector agrario del país, desde una óptica propositiva y constructiva, ante las condiciones desafiantes del contexto nacional e internacional”.

Recordó que las causas que han propiciado la necesidad de impulsar una reforma al campo es que México está importando ya casi la mitad de los alimentos que se consumen en el país.

Precisó que la propuesta de la comisión se elaboró con las aportaciones recogidas en los foros y reuniones realizadas en varias ciudades del país durante un año y medio.

Para su ordenamiento y sistematización se consideraron los siete ejes propuestos por el Ejecutivo federal y se agregó un octavo correspondiente al tema social y de derechos humanos.

En los foros y reuniones que organizó la comisión participaron organizaciones de productores de los ejidos y comunidades, representantes del Tribunal Superior Agrario y de las universidades estatales, además de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Antonio Narro, así como funcionarios de la Procuraduría Agraria, y legisladores locales y federales.

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