sábado , 7 diciembre 2019
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Historias negras de la CNBV y el Interés Público quebrantado

ISABEL CRUZ. EL FINANCIERO.

En el 2001, cuando se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Caja Libertad era la segunda más grande del país con 600 mil socios después de Caja Popular Mexicana que tenía para entonces 1.5 millones de socios. Causó estupor e indignación la sorpresiva privatización promovida desde el Consejo de Administración bajo el liderazgo de José Antonio Rico Rico. Pero más aún, la complacencia jurídica con que la CNBV lo autorizó. Las protestas del sector cooperativo por esa privatización provocaron una reforma de ley que prohíbe a una Sociedad Anónima fusionar a una Cooperativa.

Construir una cooperativa como la Caja Libertad llevó cerca de 5 décadas y la participación de cientos de líderes comunitarios en trabajo hormiga de autoayuda y solidaridad. En su vida de funcionamiento hubo conflictos de gobernabilidad, divisiones y desfalcos financieros pero siempre fue capaz de resolverlos y seguir adelante. Por eso Caja Libertad y el conjunto de cajas populares -250 para esa fecha-; así como organizaciones de finanzas populares (unión de crédito, experiencias de finanzas comunitarias), aceptaron el reto de crear una ley e introducir regulación profesional para controlar su funcionamiento. Fue así que nació la Ley de Ahorro y Crédito Popular en 2001 y luego la Ley que regula las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en 2009 (Ley RASCAP).

¿Cómo fue posible que un proceso de organización mutualista terminara siendo herramienta de negocios sucios de la élite de poder político y financiero?

En estos días se ha publicado información detallada a partir de la detención de Juan Collado, abogado de la élite política de México. Algo muy grave sucedió en el funcionamiento de la CNBV en los últimos seis años. Los “nombramientos de Cuates”, se sucedieron uno tras otro. Con Jaime González Aguadé llegaron Édgar Bonilla del Ángel, Marco Antonio López, Cecilia Mondragón, y otros amigos sin experiencia bancaria como reguladores, pero con puestos de poder e incidencia. La discrecionalidad política, la manipulación de procedimientos y la falta de ética generaron diversos casos de intervención gubernamental para proteger socios del poder político.

La iniciativa Aportela-Aguadé de Ley Ficrea para lavar la cara y desviar la atención del fraude Ficrea cometido por Rafael Olvera, financiador de la campaña de Peña Nieto y protegido de Luis Videgaray; el poder conjunto de Hacienda y de la CNBV contra el sector ahorro y crédito popular, golpe parado gracias al grupo de 36 Senadores comprometidos con las finanzas populares. Después del Caso FICREA que sigue dado información del modus operandi protegido por la omisión de autoridades, se han sucedido otros casos que han debilitado la credibilidad en el órgano de Supervisión y Control.

Entre esos casos, el cierre obligado y bajo coerción de las Sofipos Coincidir y de la Perseverancia del Valle de Tehuacán, mientras que otras Sofipos en peor condición financiera se les apoyó para sobrevivir; la forma en que permitieron la privatización de la Unión de Crédito Progreso para crear el Banco Progreso, concentrando la propiedad en el Gobernador César Duarte; y entre los últimos acontecimientos, la apropiación y control del Fondo de Protección (PROSOFIPO) por parte de Juan Collado, que con métodos gansteriles cambió la Presidencia del Fondo, y a todo el cuerpo técnico del mismo para colocar a sus allegados; otros muchos casos menos conocidos muestran el modus operandi de un regulador-supervisor con abierto y completo conflicto de interés; a pesar de eso, algunos de sus insignes operadores (Édgar Bonilla y Marco López) han sido premiados con el IFECOM con todo y el abierto conflicto de interés.

Al conflicto de interés que significa liquidar entidades que ellos regularon, se suman la discrecionalidad política, la falta de capacidades técnicas, -cuando no abierta ineptitud- y sobre todo, la impunidad que da la protección política, dado que nunca actúan solos, sino como parte de un grupo de interés vinculado al poder político.

Más allá del evidente conflicto de interés que existió en los casos arriba mencionados. También es cierto que la CNBV está quebrantada en el cumplimiento de su función. Para el caso mencionaré sólo dos:

La “ordeña” de sociedades. En todos los casos de defraudación hemos visto a posteriori que las sociedades “fueron ordeñadas”, los accionistas no esperan a generar la utilidad para repartir dividendos, usan a las sociedades para asignarse cuantiosos sueldos, gastos de representación, invertir en negocios, compra de propiedades, gastos exorbitantes y compra de facturas que no materializan el servicio. Siempre hay una élite de accionistas y administradores que “se reparten con la cuchara grande”, sin que existan en la CNBV alertas tempranas, revisiones y mecanismos para detectar el desvío de recursos, para verificar si los costos son reales o son actos de simulación contra el fisco federal. Ni siquiera existen criterios unificados entre el SAT y la CNBV para verificar la ordeña de las sociedades. La CNBV necesita tecnologías suficientes: alertas tempranas, regulación prudencial más analítica, análisis de riesgos, cuestionarios de gobernabilidad y capacidad de verificar a los accionistas, incluso como en Brasil, acceso directo a los sistemas de información de las sociedades.

No es sólo un problema entre particulares. La demanda de Sergio Bustamante socio y accionista de Caja Libertad y los relatos de cómo inventaron actas, falsificaron su firma para despojarlo, traen a la luz un problema frecuente en el sector finanzas. Presentar quejas o denuncias ante la CNBV contra administradores y consejeros corruptos encuentra un muro insalvable bajo el argumento de “es un problema entre particulares”, lo que crea burbujas de impunidad para los defraudadores. Y quebranta el interés público. En la actualidad, los afectados deben acudir a instancias civiles y judiciales que desconocen la lógica y los tiempos financieros. Son procesos largos, complejos y costosos. La CNBV debería tener medidas precautorias expeditas, alertas y un mecanismo de arbitraje rápido de tipo judicial. Todo para dar certidumbre a nuestro sistema financiero popular.

En todos los países, se espera del regulador la máxima eficiencia y confiabilidad, de eso depende en gran parte la calidad del sistema financiero. Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuide el interés público tiene que hacer una profunda reforma de sus procesos y dignificar la función ética del regulador. Las nuevas autoridades están llamadas a hacerlo.

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