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Impulsan iniciativa para apoyar la economía de jornaleros agrícolas

BOLETÍN DE PRENSA SENADO DE LA REPÚBLICA.

Más del 90 por ciento de trabajadores agropecuarios tienen un salario inestable, no tienen contrato, ni prestaciones, señala el senador Salgado Macedonio.

El senador Félix Salgado Macedonio propuso, en una iniciativa, que los jornaleros agrícolas del país reciban un apoyo económico extraordinario, para mitigar los efectos de la pobreza que enfrenta una parte importante de ese sector, situación que se acrecentó con la pandemia por el Virus SARS-CoV-2.

El legislador de Morena planteó cambios al artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, prevén que el apoyo se brinde en situaciones como la que actualmente atraviesa el país, derivada de la emergencia sanitaria u otras que generen consecuencias desfavorables y vuelvan aún más vulnerable a la población en pobreza.

La iniciativa, resaltó, busca colocar al país en línea con organismos internacionales como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes proponen un bono contra el hambre, como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL.

En la exposición de motivos, Salgado Macedonio señaló que el sector rural en el país comprende un grupo poblacional de 27.4 millones de personas, de las cuales el 43 por ciento se dedica a la agricultura, ganadería, actividades forestales y pesca, principalmente.

Señaló que existe una estrecha relación de ese sector con la pobreza, ya que más del 90 por ciento trabaja sin contrato, no cuenta con seguro social, ni otras prestaciones, además de que el promedio de escolaridad es de primaria incompleta y un cuarto de ellos no habla español.

Aunado a lo anterior, los trabajadores ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada, cantidad que, a pesar de superar los 80.04 pesos diarios del salario mínimo, resulta muy bajo si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), añadió.

Esa situación, apuntó, se agravó por la pandemia y sus efectos sobre las actividades del sistema alimentario, que conllevan la producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos, lo cual a su vez tiene repercusiones en la seguridad alimentaria y el bienestar social.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

 

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