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miércoles , 3 marzo 2021
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Jalisco: exigen nahuas entrega de 18 mil 532 hectáreas o indemnización

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JUAN CARLOS  G. PARTIDA, ENVIADO. LA JORNADA.

La Sedatu revirtió resolución de la SCJN // En curso, queja ante la CIDH

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▲ En 2015 se reunió el consejo de Mayores de la comunidad nahua de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, para denunciar que Marcelino Bracamontes amenazó de muerte a familias indígenas por trabajar y habitar en la zona ejidal de La Huaca. Foto Arturo Campos Cedillo

Colima, Col., Autoridades tradicionales y agrarias del ejido nahua de Ayotitlán, en el sur de Jalisco, pidieron la intervención del gobierno federal para que les sean restituidas las 18 mil 532 hectáreas que no les han sido reintegradas tras el reconocimiento de la resolución que, en 1963, emitió el entonces presidente Adolfo López Mateos para dotarlos de 53 mil 232 hectáreas.

En entrevista, el comisariado ejidal, ejidatarios, representantes del Consejo de Mayores y abogados del ejido de Ayotitlán denunciaron que los bosques y recursos minerales de esa región han sido saqueados durante décadas, a lo que se suma el despojo territorial que el propio Estado mexicano propició al incumplir órdenes judiciales y la resolución presidencial de hace 57 años.

En 2018 los nahuas de Ayotitlán presentaron la queja 2950-18 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sigue en curso, pero confían en que una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, podría poner fin a la disputa.

Los orígenes del conflicto datan del Virreinato, cuando se concedió el título sobre lo que en el siglo XVI la corona española nombró República de Indios de la Nueva Galicia, dividida en tres provincias; una de ellas, la de Colima, fue otorgada a los nahuas y abarcaba casi nueve veces más que la superficie otorgada por López Mateos.

Leonel José Corona Morales, uno de los dos representantes legales del ejido nahua de Ayotitlán ante la CIDH, explicó que el título virreinal que poseen les daría derecho a 446 mil hectáreas (casi 80 por ciento de la superficie actual de Colima o 5.57 por ciento de Jalisco), pero ellos disputan las 53 mil hectáreas de la resolución presidencial de 1963, de las cuales sólo han recibido 34 mil 700.

Creemos que vamos a obtener un buen resultado en la CIDH, pero queremos que el gobierno federal se manifieste sobre este asunto. No descartamos que hay buena voluntad del subsecretario Alejandro Encinas porque se trata de un conflicto histórico que afecta la vida de los ejidatarios; se trata de un reclamo por el despojo de 40 por ciento de nuestro territorio, manifestó.

Carlos González García, el otro abogado de los nahuas y especialista en juicios agrarios interpuestos por comunidades indígenas en México, explicó que tras la dotación en el sexenio de López Mateos sólo se entregaron 34 mil 700 hectáreas.

Entonces los nahuas interpusieron un juicio de amparo (935/68, hoy 1261/2004) para que les fueran entregadas las 18 mil 532 hectáreas faltantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón. Sin embargo, esa resolución fue revertida por un recurso de queja que en la pasada administración federal interpuso la entonces secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, con el argumento de que no había tierras colindantes con el ejido para restituir lo faltante a los nahuas, debido a que estaban en posesión de otros núcleos agrarios.

La Corte declaró fundado el argumento de Robles en 2018 y en octubre de ese año los indígenas se inconformaron ante la CIDH, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La querella quedó asentada en el expediente 2950-18 y se encuentra en etapa de integración.

Es cierto que es imposible reponer las tierras complementarias en las inmediaciones porque ya fueron dotadas a otros núcleos agrarios, pero también es cierto que esa imposibilidad la generó el Estado mexicano ante su omisión para dar cumplimiento a la ejecutoria. Tanto la Corte como el juzgado de distrito y el Ejecutivo federal en su momento fueron omisos, expuso.

La solución que los nahuas consideran la mejor es que se les dote de 18 mil hectáreas en tierras cercanas al ejido de Ayotitlán, no necesariamente colindantes y no en otra entidad, como ha ocurrido en años recientes en otras disputas agrarias. O bien que les paguen por el despojo.

Gaudencio Mancilla, representante del Consejo de Mayores de los nahuas de Ayotitlán, destacó que la disputa ha sido tan larga que de los dirigentes nahuas que la iniciaron en 1963 sólo quedan tres vivos.

Juan Aguilar Díaz, presidente del comisariado del ejido, refirió que los núcleos agrarios a los cuales se dotó de parte del territorio que no se reintegró a Ayotitlán son Cuzalapa, cercano de la cabecera municipal de Cuautitlán, además de El Rodeo, en Chacala, en las colindancias con Colima, y La Loma, en territorio colimense.

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