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La justicia climática y la 4T

VÍCTOR M. TOLEDO. LA JORNADA.
Por primera vez en la historia, la crisis ecológica de escala global, cuya expresión suprema es el cambio climático, pone a todos los integrantes de la especie humana ante un desafío descomunal: detener la crisis climática o correr el riesgo de enfrentar actos impredecibles o catastróficos. En este juego por la supervivencia de la especie, cada individuo, familia, colectivo, empresa, y finalmente cada Estado, asume una determinada posición y realiza acciones. Cada país se sitúa en dos posiciones ante la crisis climática: por un lado, como responsable o causante de ese fenómeno global y, por otro, como receptor o víctima de los efectos que surgen de ese mismo fenómeno. El cambio climático es un acto producto del devenir de la civilización moderna o industrial y del número de habitantes que conforman cada Estado-nación, por ello la crisis del clima es fundamentalmente un fenómeno provocado por las naciones más pobladas o industrializadas. Así, dos terceras partes (62.5 por ciento) de los gases que ocasionan el calentamiento del planeta provienen de sólo cinco entidades: China (26.8 por ciento), Estados Unidos (14.6 por ciento), Europa (9.6 por ciento), India (6.6 por ciento) y Rusia (5 por ciento). México ocupa el lugar 13 porque genera sólo 1.68 por ciento del total de gases de efecto invernadero.

Concomitantemente, cada nación presenta diferentes grados de vulnerabilidad a los cambios del clima, de acuerdo con su posición y configuración geográficas, los contextos climáticos y meteorológicos y su capacidad para reaccionar a los actos catastróficos. Por ello los países más pobres (África), las islas y las naciones con densas poblaciones costeras (como Holanda o Brasil) resultan más desprotegidas. México es uno de los países más vulnerables porque su territorio sufre ya el impacto de más y más poderosos huracanes, severas sequías (2011-2012), incendios forestales (1997-1998 y otros) y aumento de temperaturas que afectan cultivos claves –café, maíz, frijol–, además de las concentraciones urbanas a nivel del mar.

En sentido estricto, es decir, asumiendo una lógica de justicia ambiental o climática, los países que causan mayormente la crisis del clima deberían ser los que realicen los mayores esfuerzos para su mitigación y aquellos que menos contaminan y que son más vulnerables deberían recibir un trato preferencial. Esto no sólo no es así, sino que tras 25 años de cumbres climáticas hoy las grandes potencias industriales, económicas, demográficas y militares imponen su voluntad y sus intereses por sobre el resto de las naciones. El máximo avance logrado en más de dos décadas ha sido el acuerdo firmado en 2015 en París, y por el cual 196 naciones se comprometieron a reconocer la crisis climática global y a realizar de manera voluntaria, nunca obligatoria, acciones para su abatimiento. Para complicarlo aún más, al menos tres países niegan la existencia del fenómeno –Estados Unidos, Brasil y Australia– y otros mantienen posiciones ambiguas o contradictorias (China e India). Únicamente la Unión Europea asume decisiones sensatas. De ahí las protestas masivas como la lograda por la joven activista sueca Greta Thunberg y más de 7 millones de ciudadanos que tomaron las calles de 140 ciudades del mundo en el otoño pasado, y la gran decepción por los nulos avances en la COP25, en Madrid.

Es este el contexto en que debe formularse la pregunta: ¿cuál debería ser la política del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) frente al cambio climático?

La pregunta es de enorme trascendencia, porque como hemos señalado repetidamente la crisis ecológica (inseparable de la social) es, esencialmente, una crisis de la civilización industrial y ello supone cambios profundos en todos los ámbitos. La transición energética de fuentes fósiles (petróleo, gas, carbón y uranio) a fuentes solares (hidrolectricidad, biomasa, viento, geotermia, sol, etcétera), que es obligatoria para superar la crisis climática, adquiere particularidades en el caso de México. El arribo de un gobierno antineoliberal ha supuesto la recuperación de la soberanía energética en su modalidad mineral, pues los gobiernos anteriores activaron un proceso de privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que había que desmontar y remontar. La enorme dependencia del país de la importación de gasolinas y gas, lo vuelven altamente vulnerable. Por ello se ha dado prioridad a la recuperación y reactivación del último tramo con energías minerales bajo control estatal.

Como contraparte, el país dispone de suficientes conocimientos científicos y tecnológicos para llevar a cabo la transición energética, de instituciones públicas y académicas encabezadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la Comisión Intersecretarial sobre el Cambio Climático, y de instrumentos como el Atlas de vulnerabilidad (a escala municipal). En una próxima entrega revisaremos las diferentes rutas que existen contra el cambio climático y la estrategia que debe adoptar un verdadero gobierno de izquierda ante esta emergencia, atendiendo por igual la emancipación social y la soberanía de la nación, y teniendo en cuenta el enorme potencial de México en cuanto a irradiación solar y a recursos claves como el litio.

La transición energética y la 4T

En continuación a nuestro artículo anterior ( La Jornada, 31/12/19), abordamos ahora la transición energética, es decir, el paso de energías fósiles a energías renovables, que es sin duda la principal acción para detener y remontar la crisis climática, que se expresa actualmente de manera dramática en los incendios forestales de Australia que han arrasado más de 10 millones de hectáreas y desplazado a casi medio millón de ciudadanos. Como se sabe, todos los países se comprometieron mediante la Cumbre de París de 2015 a realizar sus propios cambios en las fuentes de energía pues, como se recodará, la mayor causa del calentamiento del planeta es el uso del petróleo, gas y carbón. Esta metamorfosis energética es hoy el mayor desafío que enfrenta la humanidad. ¿Qué modalidad debería tomar este proceso para un gobierno antineoliberal que se ha propuesto como tarea esencial rescatar a la población socialmente más marginada del país (más de 50 millones) y darle una vida digna?

Primero se deben precisar los compromisos de México ante los Acuerdos de París. El país prometió la reducción no condicionada de 22 por ciento de los gases de efecto invernadero que emite para 2030, además de: disminuir el riesgo de los 160 municipios más afectables según el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, reducir la deforestación a cero por ciento, y generar mecanismos de prevención y alerta temprana ante eventos climáticos extremos. Aquí la tarea más ardua es, por supuesto, la transición energética. Hacia 2015 en México más de 70 por ciento de la emisión de gases invernadero provenían de usar energía fósil para el transporte (automotores, barcos y aviones) y de la generación de electricidad. El resto surgía del ganado bovino (que eructa metano), de residuos y de ciertos procesos industriales. Lo anterior significa bajar significativamente el uso de combustibles fósiles para el transporte (principalmente autos) y garantizar que la generación de electricidad provenga cada vez más de vías renovables. Hoy la electricidad del país se genera a partir del gas (50 por ciento) buena parte importado, petróleo (20), carbón (10.7) y energía nuclear de la planta de Laguna Verde (3.7 por ciento). Es decir, 85 por ciento del total, y sólo 15 por ciento se produce de energías renovables. Por ello, en concordancia con lo comprometido, existe el plan de pasar al doble de energías renovables en 2021, a 35 por ciento en 2024 y a 43 en 2030.

Hasta aquí el perfil general energético de México. Ahora bien, la ruta convencional o dominante de las transiciones energéticas en el mundo se realiza bajo el predominio de las corporaciones eólicas, solares, hidroeléctricas, geotérmicas, automotrices, aeronaúticas, etcétera. Se trata de una vía conducida por el capital corporativo que domina al planeta. Sólo en algunos casos el Estado toma la dirección de la transición y casi en ningún lugar el proceso queda en manos de los ciudadanos organizados. Es esa la ruta neoliberal que se pregona tanto en las cumbres climáticas como en los organismos internacionales (Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, etcétera), medios de comunicación y centros académicos, científicos y tecnológicos.

Se trata de una visión internalizada en los discursos de un ambientalismo dominado por las ideas de la economía verde, los mercados del carbono, el capital natural y artimañas que la ideología mercantilizada ingresa, multiplica y potencia en los medios posibles, que ingenuamente reproducen buena parte de los salvadores del planeta. Como he documentado en mi último libro ( Los civilizionarios: repensar la modernidad desde la ecología política, 2019, Juan Pablos Editores), remontar la crisis ecológica (aun la transición energética) implica un cambio profundo de la civilización industrial, es decir, que no hay salida moderna a la crisis de la modernidad y todo debe reinventarse.

He aquí que este gobierno emancipador, hoy conducido por una generación de pensadores que en su momento de mayor madurez dirige buena parte de las acciones de gobierno de la Cuarta Transformación, está en posibilidad de diseñar una ruta innovadora para enfrentar la crisis del clima, y mostrar al mundo, como lo hace en muchos campos, que existen otras vías a las que busca imponer el capital corporativo. En la tercera entrega de esta reflexión, analizaremos las principales tesis y acciones que se fraguan en la 4T para propiciar una transición energética soberana, conducida por el Estado, con empresas públicas, sociales y privadas, de pequeña y mediana escala, que requerirá desmontar las leyes dejadas por la reforma energética neoliberal.

*Más información en: México ante el Cambio Climático. https://cambioclimatico.gob.mx/ y Plataforma de divulgación. http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx/

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