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miércoles , 20 octubre 2021
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La pobreza y el hambre

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MARIO LUIS FUENTES. EXCÉLSIOR

Las cifras preliminares sobre la pobreza en México, relativas a que podría haber pasado de 52.4 millones de personas en el 2018 hasta 67 millones en pobreza en 2020, y de 9.3 millones a más de 18 millones en pobreza extrema en el mismo periodo, colocan a nuestro país ante el drama exacerbado de la desnutrición y la inseguridad alimentaria de millones de familias.

Se trata de una realidad que se ha profundizado por covid-19, y sobre la que muy poco se ha avanzado en las últimas décadas. En efecto, si se revisan los datos sobre inseguridad que calcula el Coneval, se tiene que desde el 2008 es una de las vulnerabilidades en que menos logros se han conseguido.

No es, desde luego, un problema exclusivo de México: en el 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimó que en América Latina y el Caribe había alrededor de 47 millones de personas en situación de hambre y 190 millones que vivían en condiciones de inseguridad alimentaria.

De igual forma, el sobrepeso y la obesidad infantil siguen incrementándose, al nivel de un 7.5% del total de las niñas y niños de la región, cifra por arriba del promedio mundial de 5.6%, pero que, en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, rebasa el 30 por ciento.

Reconocer que no es un problema reciente o exclusivo de nuestro país, no debe tomarse como justificación para la inacción; por el contrario, se trata de uno de los más graves problemas que el Estado mexicano debe resolver, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, reconocidos en su artículo 4º.

En este escenario es que resultan preocupantes las actuales tendencias de la inflación, porque aun cuando se argumenta, desde la perspectiva económica, que se trata de un fenómeno temporal, cuando se trata de un proceso de incremento de precios de los alimentos y los productos básicos, que éstos impliquen mayor gasto para los hogares de por sí ya empobrecidos, aun cuando sea “sólo durante dos o tres meses”, constituye un duro golpe a sus capacidades de supervivencia, salud y desarrollo presente y futuro, sobre todo si se piensa en los hogares en pobreza extrema y con recién nacidos, para quienes los primeros tres meses de vida son cruciales para la existencia.

En ese sentido es que también es urgente confrontar el discurso oficial, relativo a que la política social que hoy tenemos es suficiente; porque si la cifra del Coneval se confirma, esto significaría que habría, al menos, 16 millones de personas que han caído en la pobreza y que no formarían parte de los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

¿Cómo incluirlos en ellos? ¿Cómo hacer para generar nuevas condiciones de desarrollo que eviten que, frente a otra eventual emergencia económica, no pierdan patrimonio y oportunidades de desarrollo? ¿Cómo lograr que el crecimiento y la recuperación económica no se den a costa del medio ambiente y los recursos naturales de que aún disponemos?

El Ejecutivo federal no abordó estas cuestiones en su más reciente informe, por lo que lo deseable es que, en el informe que constitucionalmente está obligado a rendir ante el Congreso en septiembre, las presente de cara a la nación, junto con una convocatoria a un nuevo diálogo público, que permita replantear las políticas sociales y evitar que las condiciones sociales continúen deteriorándose, sobre todo en un escenario pandémico que está muy lejos todavía de concluir.

México está comprometido a erradicar la pobreza en todas sus formas en el año 2030; por lo que tendría que sacar de la pobreza a 8.37 millones de personas cada año; esto es, 22 mil 945 cada día. Se trata de un reto inmenso, que sólo con el concurso y esfuerzo de todas y todos podría lograrse.

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