miércoles , 12 agosto 2020
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La política ambiental en México y las nuevas realidades después del Covid19

LUIS EDUARDO GARCÍA GÓMEZ. EL UNIVERSAL.

México mira hoy, con preocupación y temor, la evolución del aumento de pacientes con infeccion por el Coronavirus COVID-19 en todo el país, intensificandose en las zonas de mayor densidad poblacional como son las zonas metropolitanas de todos las entidades federativas.

La presencia de una nueva enfermedad infecciona supone siempre una situación difícil, más aún si lo hace como pandemia de extensión o gravedad significativas.

Con relación a los recursos naturales en México dicha dificultad se agrava ante la reducción presupuestal significativa que ha experimentado el sector ambiental sin tomar en consideración que es el gran valuarte de nuestro país, que aunque el tema de la epidemia no ha golpeado de frente a las comunidades que las habitan, si las afecta la falta de sensibilidad y abuso de empresarios y saqueadores de recursos que han aprovechado la pandemia para enriquecerse ilicitamente.

La ubicación de México, así como el complejo sistema orográfico que impera en la mayor parte de su territorio, le permiten contar con una enorme variedad de ecosistemas, que van desde las selvas húmedas, bosques de niebla y manglares, hasta los desiertos y selvas bajas caducifolias.[1]

Asimismo, los espacios naturales comprenden el hábitat de un gran número de especies de flora y fauna silvestres, lo que le ha valido a nuestro país el reconocimiento como uno de los poseedores de la mega-diversidad biológica en el mundo. Esta diversidad comprende el patrimonio natural de la Nación, por lo que es responsabilidad de todos, tanto sociedad como gobierno, el preservarlo.[2]

Por otra parte, los espacios naturales se ven afectados por las actividades del ser humano. En cuanto a las actividades más importantes causantes de impactos sobre el ambiente, encontramos la deforestación, la cual normalmente es causada por la expansión agrícola y ganadera, construcción de infraestructura, cadena energética y el crecimiento poblacional y la pobreza.

México resulta estar a la vanguardia, al menos en su previsión constitucional, al hablar de las previsiones medioambientales, debido a que desde principios del siglo veinte en su artículo 27, párrafo 3, establece que “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de […] regular en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación […] En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para […] evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.[3]

De esta manera, el Estado Mexicano, a través de la implementación de políticas públicas[4], tiene la capacidad de resolver los problemas ambientales, económicos y sociales, con la finalidad de crear oportunidades de crecimiento verde[5] y al mismo tiempo, lograr transitar hacia un desarrollo sustentable.[6]

Cabe señalar, que gobernar a través de políticas públicas significa incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, logrando con esto gobiernos elegidos democráticamente, la elaboración de políticas compatibles con el marco constitucional, mismos que se sustancian con la participación intelectual y práctica de los ciudadanos, políticas que no coartan arbitrariamente las libertades, las oportunidades y las utilidades de los ciudadanos.[7]

Aunado a lo anterior y ante la obligada experiencia que hoy vivimos por la epidemia del coronavirus COVID-19, nos hemos dado cuenta que en cualquier proceso presente y futuro implica una moderna interacción entre sociedad y gobierno, más aún y coincidente con lo que vivimos por la pandemia supimos de los recortes presupuestales que experimento la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tanto en el personal de operación como en el presupuesto directo a la conservación.

De este modo, encontramos una nueva capacidad de organización e iniciativa de los grupos sociales para promover autónomamente sus intereses, debido al buen conocimiento que ciudadanos y organizaciones poseen de sus problemas particulares y de los asuntos públicos.[8]

En materia ambiental dichas capacidades vienen a redefinir las políticas públicas en materia de conservación ambiental siendo esta la nueva realidad y llevan de la mano a la sociedad y al gobierno a actuar de forma coordinada para lograr que mediante la coordinación y suma de intereses se logré el combate frontal a las actividades, que por demas ilegales, realizadas contra el medio ambiente y los recursos naturales propiedad de todos los mexicanos.

En materia ambiental existen varios ejemplos que podriamos citar para robustecer lo antes dicho, tal es el caso de las denuncias que atienden las procuradurias ambientales tanto en materia ambiental como en otros ambitos de la protección ambiental en el país, sin embargo nos referiremos a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que se erigen como uno de los principales instrumentos de la política pública ambiental encaminados a lograr la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ambientales y, de otro modo, para que el Estado Mexicano garantice el derecho humano a un ambiente sano,  donde toda persona goce de este derecho para su desarrollo y bienestar.

Sin embargo, en atención a la corresponsabilidad en materia ambiental que también recae en los gobernados [9], la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) ha incorporado instrumentos que no sólo permiten, sino que promueven su participación directa en la gestión ambiental. Dandonoes una nueva realidad para lograr la conservación ambiental sin recursos públicos. Tal es el caso del reconocimiento de predios sujetos a cualquier régimen de propiedad como “Áreas destinadas voluntariamente a la conservación” (en adelante ADVC), y que constituyen una categoría de ANP de interés de la Federación.

Para tal efecto menciono algunos antecedentes.  En 1996 se publicaron una serie de reformas y adiciones a la LGEEPA [10], las cuales actualizaron su contenido, destacando la inclusión del reconocimiento de las iniciativas voluntarias de conservación, mediante la certificación voluntaria de predios privados y sociales. Asimismo, a finales del año 2000 entró en vigor el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas (RANP), con lo cual se desarrollaron las disposiciones generales previstas en la ley, incluyendo la certificación de predios destinados voluntariamente a la conservación.[11]

Al 31 de enero de 2019 hay 332 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación con certificado vigente en México, protegiendo una superficie de más de 493,420.hectáreas en 24 estados del país, entre los que destacan: Petróleos Mexicanos, que en 2002 certificó el primer predio en México, con las casi mil hectáreas del “Parque Ecológico Jaguaroundi”, en Coatzacoalcos, Veracruz;  la Compañía Ganadera los Ojos Calientes S.A de C.V., que en 2006 certificó cerca de 34 mil hectáreas en el estado de Sonora; la asociación civil Pronatura Península de Yucatán, que en 2006 certificó cerca de dos mil hectáreas mediante el “Área de Conservación El Zapotal”, en Yucatán; el ejido San Joaquín de Soto, que en 2007 certificó más de 6 mil hectáreas denominadas “Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano San Joaquín de Soto”, en Nuevo León, sólo por mencionar algunos; lo que demuestra el éxito del reconocimiento de predios como ADVC.

Dicho éxito se debe en gran medida a que involucra a la sociedad en la conservación del ambiente, ya que al ser de naturaleza voluntaria los propietarios participan directamente en la protección y manejo de sus predios, asumiendo el compromiso de protegerlos sin que ello implique la imposición de modalidades o restricciones a su propiedad. Ello conlleva la comprensión de la importancia de la conservación del ambiente y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, práctica que se va transmitiendo a nivel familiar y comunitario, lo que desencadena que se replique la adopción del instrumento.

A saber, el reconocimiento de predios como ADVC se suma a una nueva realidad, de falta de recursos presupuestales y a las políticas ambientales que ayuden a una buena gestión medioambiental y en particular, a los esfuerzos emprendidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para el establecimiento, administración y vigilancia de ANP, así como de corredores biológicos y otras modalidades de conservación, con el objeto, entre otros, de preservar los ambientes naturales representativos del país, asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático, mantener e incrementar los sumideros de carbono, y garantizar la conectividad ecológica entre ecosistemas terrestres.

Finalmente, cabe destacar  la importancia de la iniciativa que lleva a cabo el gobierno en conjunto con la sociedad, cuya finalidad es promover la protección y conservación del ambiente. De esta manera, se vislumbran políticas ambientales que coadyuven a la consolidación del sistema nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como otras modalidades de conservación de los ecosistemas representativos de México y su capital natural. Lo anterior, de manera corresponsable con todos los sectores de la sociedad en coordinación con el gobierno y de este modo, promover el uso sustentable de los recursos naturales.

Es importante mencionar que estas áreas naturales no tienen ningún otro esfuerzo por parte del gobierno más que el de la asesoría gratuita y el reconocimiento del valor ecosistemico que se reune al interior de las áreas. Por lo que a la fecha se vislumbra como un buen ejercicio por parte de particulares de lograr, por el bien de todos los mexicanos, ejercicios de conservación sin que implique la aplicación de recursos presupuestarios públicos.

Procurador Ambiental del Gobierno del Estado de México

Referencias
AGUILAR L, El estudio de las Políticas Públicas, México, 2a Ed, Miguel Ángel Porrúa, 1996.
CHALLENGER A, J. SOBERÓN. Los ecosistemas terrestres, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, 2008.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

[1] CHALLENGER A, J. SOBERÓN. Los ecosistemas terrestres, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO, México, 2008; Pág. 88

[2] Ídem. Pág. 89.

[3] Artículo 27, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[4] “Una política pública es un conjunto (consecuencia, sistema y ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, en tanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía; acciones que han sido decididas por las autoridades públicas legítimas; acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos y civiles), y; que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad”. (Aguilar, 2007)

[5] De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la finalidad del “crecimiento verde” es mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.

[6] El concepto de desarrollo sustentable fue adoptado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, el cual fue definido como aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

[7] AGUILAR L, El estudio de las Políticas Públicas, México, 2a Ed, Miguel Ángel Porrúa, 1996; Pág.  33.

[8] Ídem. Pág. 24.

[9] Fracción III del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

[10] El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996.

[11] Capítulo II del Título Séptimo del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, relativo al “Reconocimiento de áreas productivas dedicadas a una función de interés público”.

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