La existencia de un acervo significativo de tierras de propiedad pública en un país representa un sustrato esencial de identidad nacional y regional, de igualación social y calidad de vida, y de presencia y soberanía territorial del Estado. También es fundamento de gestión racional del territorio y de conservación de bienes públicos vitales como la biodiversidad, el paisaje y los recursos naturales.

Desde luego, la propiedad privada de la tierra tiene igualmente funciones sociales o una dimensión de bienes públicos, y por eso es objeto de regulación por parte de los gobiernos tanto en el medio urbano como rural. Sin embargo, por un lado, la propiedad privada se aboca natural y primordialmente a la satisfacción de deseos y necesidades (legítimas) de individuos y familias o de determinadas agrupaciones de personas, y a la producción de bienes y servicios de carácter privado.

Por otro lado, recordemos que la característica cardinal de la propiedad privada es la exclusividad o la capacidad y el derecho de excluir de su uso y disfrute a los no propietarios, que se ejerce bajo la tutela y protección de la ley. La exclusión es por tanto el rasgo más notable de un sistema de propiedad privada y de los derechos que conlleva. Hay en este sentido dos consecuencias sobresalientes de un sistema de propiedad privada de la tierra. La primera, es una tensión entre los derechos de los propietarios y la dimensión social o de bienes públicos que tiene la tierra.

La segunda, es que en un sistema donde prevalece (casi) totalmente la propiedad privada, la mayor parte de la población pierde el acceso a la tierra y queda excluida de su disfrute.Por estas razones, es que, en gran parte de las naciones civilizadas, el Estado ha mantenido y creado sistemas de tierras públicas en la forma de bosques nacionales, parques nacionales, monumentos naturales, zonas arqueológicas nacionales, monumentos históricos y otras áreas protegidas. En ellos se garantiza su conservación a perpetuidad y el acceso público, ya que no existe contradicción entre intereses públicos y derechos privados, y dado que generalmente se encuentran bajo la responsabilidad directa de sólidas instituciones de gobierno con las capacidades técnicas, administrativas, legales, presupuestales, operativas, de regulación, vigilancia, y de gestión requeridas.

Y esto, con frecuencia, con la participación de esquemas de concesión a particulares y de diversos tipos de alianzas público-privadas para investigación, equipamiento, infraestructura y servicios. En tal escenario, se desarrolla en la población un fuerte sentido de identidad cultural y de aprecio por lo público, así como de disfrute de la riqueza natural e histórica del territorio, en un marco de seguridad, legalidad y respeto a las instituciones.

Así virtuosamente, la conservación genera recursos propios para su viabilidad financiera y un gran respaldo social. Esto es lo que ocurre en países como (notablemente) los Estados Unidos, donde el Estado es propietario de casi el 35% del territorio, así como en Canadá, Costa Rica, Chile, y diversas naciones europeas. Cabe observar que la visitación (de turistas nacionales y extranjeros) de parques y bosques nacionales en los Estados Unidos, además de ser un rasgo cultural muy extendido en ese país, produce una economía de decenas de miles de millones de dólares anuales en salarios, servicios y productos de campismo, alojamiento, alimentos, transporte, ropa, artesanías, guías de turismo, etcétera. Ahí están como emblemas los grandes parques nacionales de Yosemite, Yellowstone, Gran Cañón, Everglades, Denali, Monte Rainier, Glaciares de Montana, Zion, y otros muchos.

En contraste, en México, el Estado perdió todo su patrimonio territorial durante la Reforma Agraria del siglo XX. Prácticamente todo el territorio fue privatizado y entregado en forma de ejidos, comunidades y propiedades individuales. Casi nada quedó de terrenos nacionales. Incluso, nuestros parques nacionales y otras áreas naturales protegidas (y, por cierto, también las zonas arqueológicas) son –en su abrumadora mayoría– propiedad privada (ejidal, comunal, individual).

Por ello, nada garantiza su conservación a largo plazo, ni tampoco el acceso o el disfrute público. Peor aún, la Comisión Nacional de Áreas Naturales ha sido desmantelada por el gobierno actual, por lo que ha quedado, en la práctica, sin capacidades relevantes de operación. La Profepa ha sido destruida, emasculada la Comisión Nacional Forestal, y eliminada la Gendarmería Ambiental. México es un verdadero Estado sin Tierra.

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