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Necesario adecuar leyes para impulsar producción del campo y brindar soporte a su población rural

COMUNICACIÓN SOCIAL. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Zonas rurales de México están desvinculadas de los mercados productivo, financiero y laboral: OCDE.

 El 94 por ciento de programas de fomento agrícola se otorga a productores de nivel empresarial: Arestegui Ruiz.

TLAXCALA, Tlaxcala. Durante el 4º Foro Regional “Análisis de las Reglas de Operación 2015, el Ajuste al PEF de 2015 y su impacto en el Programa Especial Concurrente”, realizado en la ciudad de Tlaxcala, diputados y especialistas se pronunciaron por mejorar políticas públicas para impulsar la productividad del campo mexicano y mitigar la migración de capital humano de zonas rurales.

Al inaugurar el evento, el diputado por el estado de Tlaxcala, José Humberto Vega Vázquez (PRD), integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente (PEC), expresó que realizar encuentros con productores agrícolas abona propuestas que se llevan al Congreso para atender las necesidades de la población del campo.

Refirió que las reglas de operación para acceder a programas como el PEC, “en ocasiones se quedan solo en papel, y no atacan la pobreza de forma integral con proyectos que lleguen a la gente que los necesita para producir y comercializar sus productos”.

“Se necesita rescatar el sector agrícola e impulsar la producción; si bien se tendrían que generar 8 mil 500 millones de pesos para tal efecto, es importante tenerlos para empezar a trabajar efectivamente el campo”, comentó.

Planteó crear una Banca Nacional de Desarrollo, como lo han manifestado legisladores, para apoyar a los trabajadores y productores de ese sector, ya que la banca comercial no otorga créditos accesibles o los concede con tasas muy altas, lo que lleva a esa población a caer en cartera vencida y frenar sus actividades.

En tanto, el diputado Rafael Méndez Martínez (PRD), presidente de la comisión especial, consideró que la economía del país ha llevado a campesinos, grupos indígenas y obreros a un “sacrificio absurdo”.

Subrayó la necesidad de un proyecto nacional rural e incluir un modelo alternativo de desarrollo agropecuario y forestal; una reforma institucional y de marco legal que dé paso a un nuevo conjunto de leyes para ampliar la participación de las mayorías rurales en las políticas públicas.

En ese sentido, dijo, “se requiere un modelo que impulse la agricultura, la ganadería, las actividades forestales y la pesca. De esa forma se podrá avanzar hacia la soberanía y la seguridad alimentaria”.

Méndez Martínez enfatizó que ante el panorama actual del campo mexicano, es imprescindible constituir una agenda legislativa con el objetivo de adecuar las leyes a través de propuestas concretas y brindar soporte a las entidades rurales.

Por su parte, el diputado Pedro Porras Pérez (PRD) expresó que el objetivo de realizar foros fuera de la Cámara de Diputados es que las personas que conocen las necesidades de sus comunidades, muestren propuestas que posteriormente los legisladores presenten en San Lázaro.

Resaltó que “es incongruente que cada año aumenten los recursos destinados al campo y, contrariamente, crezca la pobreza en esas comunidades”; consideró, además, que se debe analizar qué programas son sostenibles para mitigar las carencias de las poblaciones rurales y cuáles “tiran el recurso a la basura”; de esa forma, aseguró, se obtendrán mejores resultados.

En su participación, el director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, Rafael Aréstegui Ruiz, expresó que es importante ubicar a la desigualdad en el centro del problema del campo.

Respecto al PEC, indicó que una dificultad importante es que el 47 por ciento de las unidades de producción cuenta con menos de 2 hectáreas para trabajar; el 94 por ciento los programas de fomento agrícola se otorgan a productores de nivel empresarial y, aunado a esto, existe rezago en servicios de salud, educación y acceso a la alimentación.

Explicó que en México la autosuficiencia alimentaria está en riesgo, pues de las 2 mil millones de hectáreas aptas para trabajo, que se ubican a lo largo del país, 978 mil están concesionadas a empresas mineras, lo que representa un 47 por ciento del total.

En su ponencia, el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Javier Juárez Sánchez, mencionó las reglas de operación 2015 para acceder a los distintos programas que ofrece esa dependencia federal a las comunidades rurales.

Puntualizó que los programas de Fomento a la Agricultura y Fomento Ganadero consisten en entregar un paquete tecnológico para contribuir al incremento de la productividad de las Unidades Económicas agrícolas e impulsar la infraestructura, equipamiento y maquinaria para la transformación de productos y el mejoramiento y manejo sanitario del ganado respectivamente.

De igual forma, los programas Mantenimiento de Praderas, e Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, comprenden aumentar la productividad de alimentos de origen animal en unidades pecuarias, y otorgar incentivos que mejoren el proceso de extracción y transformación de minerales no metalíferos, correspondientemente.

A continuación, el gerente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Octavio Jurado Juárez, expuso las oportunidades y amenazas para el Programa Especial Concurrente ante los ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Expresó que “la economía de un país se mueve bajo un principio: cuánto ganas y cuánto gastas. El presupuesto para el sector rural ha crecido 10 por ciento del 2004 a la fecha; sin embargo, no se invierte en productividad y se queda donde no se necesita”.

Las amenazas para el PEC, puntualizó, se deben a la caída del precio del petróleo, la volatilidad de la economía nacional y la desaceleración global.

Por ello, afirmó, es necesario rediseñar el gasto público para el PEF del 2016, donde se eliminen duplicidades de programas, se utilice el gasto para consolidar cambios estructurales, y se mantenga una visión de multianualidad en tal gasto.

En su turno, el investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma de Chapingo, Romel Olivares Gutiérrez Moreno, expresó que la pérdida de capital humano es el problema central del campo mexicano.

Comentó que las comunidades están perdiendo a sus relevos generacionales, lo cual lleva al mantenimiento de la mala situación o a su empeoramiento.

“Los recursos canalizados al sector rural son bastantes; sin embargo, el impacto en la producción y niveles de bienestar es de alrededor de 5 por ciento; ello se debe al fenómeno migratorio del campo hacia centros urbanos”, apuntó.

“Se requiere una política que dé certeza a los jóvenes para permanecer en sus comunidades y canalizar correctamente los programas; al día de hoy, 13 millones de ellos han emigrado a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida y han dejado el campo sin recurso humano”, subrayó.

La OCDE refiere que las zonas rurales de México están desvinculadas de los mercados productivo, financiero y laboral, lo que excluye a esa población de la marcha normal de la economía, precisó.

Al tomar la palabra, la diputada Linda Marina Dolores Munive Temoltzin (PRI), expresó que deben sumarse esfuerzos institucionales con vistas a mejorar a la sociedad; celebró el interés de los asistentes al foro y exhortó a los jóvenes a interesarse por los temas del agro.

A su vez, el diputado Méndez Martínez reiteró que “hay injusticias por corregir y se deben seguir buscando las condiciones para apoyar al campo”.

Posteriormente, el diputado Vega Vázquez clausuró el foro y recalcó la necesidad de convertir el sector agrícola en un medio productivo y sustentable para beneficiar, principalmente, a los mexicanos que viven en esas comunidades.

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