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Ni un centavo a acaparadores en el agro, afirma Ramírez Cuéllar

Se acabaron los programas que beneficiaban a los proveedores

Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 16 de noviembre de 2019, p. 4

El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, que se pretende aprobar el miércoles próximo en la Comisión de Presupuesto y posteriormente en el pleno cameral, romperá con la entrega de recursos públicos a organizaciones de acaparadores y proveedores en el campo, y generará la relación directa con los productores agrícolas.

De esa forma el intermediarismo y el clientelismo en el sector campesino dejará de obtener partidas extraordinarias, “y con esas medidas radicales los productores recibirán los recursos de forma directa, para favorecer la comercialización de sus productos.

Ya no vamos a restablecer los mismos esquemas de negociación. No habrá absolutamente un solo centavo para ninguna organización, ni vamos a mantener un esquema de acopio de comercialización que en vez de beneficiar a los productores, a los únicos que les llevaba prosperidad era a los acopiadores, expuso el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Los diputados de la Comisión de Hacienda se reunirían en el palacio legislativo de San Lázaro –una vez que las organizaciones que demandan recursos extras levanten el plantón– ya sea el martes por la noche o el miércoles en la mañana, y una vez que se apruebe el texto, éste se enviará directamente al pleno.

En el cuerpo del decreto se subraya el cambio en materia de política agrícola, porque “los sistemas de negociación tradicional no van a restablecerse. Se acabaron los esquemas a agricultura por contrato que beneficiaban solamente a los grandes acopiadores, y a los industriales que seguían sacrificando a los pequeños y medianos agricultores.

Tenemos que construir algo nuevo. Se acabó también todo ese esquema de negociaciones donde había programas que beneficiaban a los proveedores y no a los agricultores, se advierte.

Así, el grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de decreto –junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– también trabajará sobre la demanda de las universidades públicas, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), con objeto de garantizar los fondos que tienen que ver con la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior.

Estamos revisando la actualización inflacionaria. Es un rubro muy importante el de la educación superior, que contiene también normales, matizó Ramírez Cuéllar.

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