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Perfila Gobierno viraje en campo

ANTONIO BARANDA. REFORMA…

De las tres mesas de diálogo entre el Gobierno federal y organizaciones campesinas pactadas gracias a diversas movilizaciones campesinas, sólo se ha desarrollado una. Foto: Archivo

Cd. de México (06 agosto 2014).- El Gobierno federal perfila un viraje en la política financiera del sector agroalimentario con el fin de incentivar la productividad del campo, satisfacer las necesidades del mercado nacional y fortalecer la plataforma de exportación.

En una propuesta denominada “Acuerdo Marco para la Reforma del Campo”, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto plantea un nuevo modelo de presupuestos multianuales y un sistema de financiamiento integral.

El documento, fechado el 14 de julio, advierte que el principio de anualidad -tanto del presupuesto como de los programas orientados al sector- limita las inversiones productivas y la planeación efectiva en el mediano y largo plazos.

“De ahí, que se plantee la conveniencia de contar con una política y presupuesto multianual en los programas y proyectos estratégicos de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), en coordinación con la Secretaría de Hacienda”, indica.

Con esa política presupuestal, la Federación se dispone a orientar los recursos básicamente en proyectos de infraestructura productiva, innovación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, sanidad e información, aunque no se indican montos específicos.

En tanto, el nuevo sistema de financiamiento al sector agroalimentario estaría formado por la banca de desarrollo, fideicomisos financieros, banca privada especializada, dispersores de crédito e intermediarios financieros sociales.

De ser aprobado, se fortalecería con la inclusión de políticas sobre aseguramiento catastrófico y fondos de garantías diversos que permitan ofrecer financiamiento competitivo en tasas de interés, plazos, oportunidad y garantías.

Para la conformación de este sistema, se concretaría la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, un organismo que ya contempla la recién aprobada reforma financiera y que se especializaría en la atención de pequeños y medianos productores.

También de prevén modificaciones al Proagro Productivo (antes llamado Procampo), un programa de Agricultura enfocado a incrementar mediante incentivos la producción y productividad de las unidades económicas rurales.

El principal ajuste consiste en reducir la cobertura máxima de 100 a 20 hectáreas de cultivo, lo que beneficiaría directamente a los minifundios y pequeñas y medianas unidades productivas de agricultura familiar.

Ese ha sido uno de los principales reclamos de las organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, Central Campesina Cardenista y Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Demandan campesinos reanudar el diálogo

El diálogo entre el Gobierno federal y organizaciones campesinas se enfrió tras la aprobación de las leyes energéticas en la Cámara de Diputados.

De las tres mesas que se proyectaron el 24 de julio, durante las movilizaciones campesinas, sólo se desarrollo una, la relativa a los alcances de figuras como “fracking” y “ocupaciones temporales”.

Se preveía que las otras dos, relacionadas con la reforma del campo y la ley de amnistía para campesinos detenidos, se desarrollaran la semana pasada, pero el Gobierno no las agendó.

La urgencia de los líderes campesinos de llegar a un acuerdo en los próximos días es que sus demandas se incluyan en el paquete presupuestal de 2015.

De lo contrario, tendrían que esperar hasta 2016 para acceder, por ejemplo, a una bolsa de 40 mil millones de pesos que demandan para proyectos productivos.

Organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Central Campesina Cardenista entregaron ayer un exhorto en Gobernación para reanudar las mesas a la brevedad posible.

Además, anunciaron la creación de una Comisión Nacional de Diálogo que negocie los acuerdos para salvaguardar los derechos agrarios, ambientales y sociales de los pueblos y comunidades indígenas.

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