El outsourcing o subcontratación es una práctica frecuente en el ámbito de los negocios no sólo en México, sino alrededor del mundo. Para las empresas, incluido el gobierno, es común contratar a través de una tercera instancia servicios diversos y especializados. En nuestro país, además, es una actividad lícita. Sin embargo, el Ejecutivo Federal ha impulsado una iniciativa de ley que, eventualmente, prohibiría este modelo de contratación. Apenas el 9 de diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con una parte del sector empresarial y los sindicatos del país para comenzar este proceso y solicitó al Congreso realizar el debate en torno a esta iniciativa en febrero de este año.

En aquel momento, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunciaron en conjunto por regular y no prohibir el outsourcing. De este pronunciamiento, subrayo los siguientes argumentos: la eliminación de la subcontratación atenta contra miles de empleos que dan sustento a las familias mexicanas, “estigmatiza” a los empresarios porque vincula las irregularidades laborales y fiscales de una minoría con todo el gremio, pone en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas y quita responsabilidad a las autoridades competentes que supervisan las actividades empresariales para evitar cualquier abuso.

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La prohibición del outsourcing podría ser contraproducente. Su discusión no debe tomarse a la ligera. Octavio Benavides, Vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, ha señalado que de aprobarse esta iniciativa, las empresas globales no verían atractivo invertir en México y crecería el problema de la informalidad laboral en plena crisis económica y sanitaria de COVID-19. Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del CNA, ha expresado que el sector agropecuario rechazó esta iniciativa porque va en contra de la libertad de contratación y resta productividad a esta industria que, en medio de la pandemia, enfrenta diferentes retos como la prohibición del glifosato, la nueva ley de aguas y la inseguridad, entre otros.

Ante este escenario, el sector agropecuario tiene más contras que pros. Por ejemplo, la contratación de 12 meses contemplada por la iniciativa gubernamental no es compatible con la mayoría de las actividades agrícolas. En los cultivos a cielo abierto, las cosechas duran tres meses al año, mientras que los cultivos en invernadero se realizan en promedio en siete meses. La subcontratación permite que las personas que trabajan en este rubro puedan ir rotando en diferentes cultivos y así mantenerse activas todo el año. No tomar en cuenta las especificidades de este sector afectaría al campo en general y, a la larga, restaría la competitividad que con gran esfuerzo hemos construido en las últimas décadas.

Nadie está en contra de que se elimine la actividad ilegal y la evasión fiscal alrededor del outsourcing. Si se ha llegado a este punto, habría que revisar en qué medida el problema radica en la falta de aplicación de las leyes existentes en nuestro país. Lo que no se puede perder de vista son los efectos que podría tener la eliminación de este modelo de contratación en la economía real en un momento en que el país necesita crecer y crear empleos.

*Presidente del Consejo Nacional