Incluso antes de la contingencia sanitaria por la Covid-19, el gobierno federal habilitó un grupo interdisciplinario para homologar las políticas públicas en materia de alimentación, nutrición y salud y, sobre todo, combatir los efectos de las pandemias que asolan al pueblo mexicano: la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

Atrás quedarían ocurrencias mediáticas como las campañas financiadas por las instituciones del sector salud para concientizar a la población sobre el chikungunya o la reactivación física (el spot de “¡Chécate, Muevete, Mídete!” es el de mayor recordación del sexenio peñista). Vendrían otras, como Susana Distancia y toda su familia, que incluso han salido de las pautas oficiales.

Destacados miembros de ese grupo interdisciplinario son María Elena Álvarez BuyllaMaría Luisa AlboresHugo López-GatellRuy López RidauraJosé Alonso Novelo y Jesús Ramírez Cuevas. Y uno de sus exponentes más influyentes es el extitular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien resumía que el origen de las pandemias está en los sistemas de producción agroalimentaria del capitalismo.

En el Palacio Nacional, el equipo encabezado por Alfonso Romo poco pudo hacer para desideologizar las políticas públicas. La Cuarta Transformación atribuye a consorcios multinacionales muchos de los males que aquejan a los mexicanos. Y los problemas de obesidad, cáncer, cardiopatías y diabetes proceden de una industria alimentaria que domina toda la cadena productiva e incluye a los mayores productores de harinas de maíz y trigo (Gruma, Bimbo, Kellog’s), de carne, pollo y huevo (Sukarne, Granjas Carroll, Kekén, Bachoco y Pilgrim’s), y de semillas, agroquímicos, pesticidas y transgénicos (Bayer, Syngenta y Corteva, la fusión de Dow, Dupont y Pioneer).

Las leyes para proscribir la comida chatarra de las escuelas, el etiquetado frontal y la sanción a los fabricantes que malinformen a los consumidores sobre sus productos, son las medidas más recientes y radicales, en la misma línea ideológica que la desaparición de los fideicomisos o la prohibición para la importación del glifosato. Al carajo la ciencia neoliberal; la dieta de la milpa, como política pública…

Los IEPS también fueron descartados como medidas compensatorias en la definición de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal 2020, recientemente aprobadas en San Lázaro. El diputado Iván Pérez Negrón y el senador Gerardo Novelo habían retomado la propuesta de cambiar el modelo ad valorem del IEPS a las bebidas espirituosas, por uno ad quantum. El IEPS se cobraría al productor por contenido alcohólico, no por facturación.

Una medida que implicaba subir un peso al precio de cada lata de cerverza —con lo que la recaudación hubiera aumentado 20,000 millones de pesos— y un impulso a los cerverceros artesanales.

Las paradojas de la 4T se extienden a otras ramas. La prohibición gradual para el uso del glifosato en el campo mexicano hace casi imposible cumplir, en el corto plazo, con la promesa presidencial de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Y la negativa de las autoridades medioambientales para permitir su importación ha abierto un peligroso mercado negro.

Semarnat decidió suspender la importación del herbicida en diciembre del 2019, ante las “evidencias claras” del daño que ese compuesto químico genera a la salud de la población y la biodiversidad, y en atención a una recomendación de la CNDH.

¿Y la Secretaría de Economía? ¿Y SADER? ¿Y la cancillería? La política ambiental sobre el uso del herbicida —cuyo uso cuenta con autorización de Cofepris— generó un cúmulo de consultas de representantes de las oficinas comerciales de una veintena de países con embajadores acreditados en México. Para responder a esas inquietudes, Semarnat convocó al cuerpo diplomático a una reunión, hace ocho meses.

Los funcionarios de la dependencia sustentaron esa decisión en el principio precautorio. Y definieron que la negativa de importar glifosato a México se mantendrá “en tanto no existan elementos e información científica contundente” para garantizar que su uso no pone en riesgo a la salud humana y al medioambiente.

Restringida la importación, no el uso del glifosato en México. La eliminación de su uso todavía está lejos, sin claridad sobre el marco jurídico aplicable, así como los criterios de aprobación de las autorizaciones competentes.