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Recurre a la herbolaria el 80 por ciento de la población

Comunicación Social Cámara de Diputados.

Plantea Aureoles Conejo dejar de relacionarla con los productos “milagro”.

En dos décadas, cultivo de plantas curativas creció 800 por ciento: diputado López Suárez.

PALACIO LEGISLATIVO. El diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que es necesario que la Ley General de Salud reconozca a la herbolaria y la medicina alternativa y se construyan mecanismos que la regulen, en virtud de que cerca del 80 por ciento de la población utiliza esta práctica para atender sus padecimientos.

Durante el “Encuentro de legisladores y la Federación Nacional de la Industria Herbolaria”, reiteró su apoyo para que a este sector “se le deje de catalogar como productos milagro”, frente a la fiebre que en años recientes se ha presentado por los productos naturales, atribuyéndoles a una misma planta medicinal propiedades curativas de enfermedades como el cáncer hasta la calvicie.

Subrayó que la herbolaria tiene que tomar el lugar que merece, ya que es una de las raíces representativas de la cultura mexicana, y aún en las zonas rurales es muy común que los padecimientos de salud sean atendidos con plantas medicinales.

Por su parte, el diputado Roberto López Suárez (PRD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, menciono que en los últimos 20 años se ha incrementado el cultivo de plantas curativas en un 800 por ciento, lo cual representa una derrama económica de cerca de 600 millones de pesos anuales.

Explicó que en el país se cultivan por lo menos 36 plantas curativas que representan el 9 por ciento de especies medicinales que se comercializan a nacional e internacional. Esta producción se realiza en 18 estados y en un área 13 mil 200 hectáreas.

De igual manera, dijo, que se recolectan 350 especies de plantas medicinales, obteniendo de ellas alrededor de 22 mil toneladas al año, las cuales se focalizan en nueve estados y de estas el 90 por ciento son comercializadas a nivel nacional generando una de derrama de 286 millones de pesos anuales.

Agregó que ante este panorama es fundamental que la Ley General de Salud reconozca tanto a los productores y recolectores del ramo como a los participantes en el tratamiento medicinal de la población.

Destacó que se buscará diseñar una propuesta de reforma legal que tenga como propósito que la herbolaria deje de ser catalogada como productos pirata o milagro.

Emanuel Zúñiga Sánchez, presidente de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, informó que la próxima semana iniciarán reuniones de trabajo con diputados, a fin de construir e impulsar una iniciativa para modificar la Ley General de Salud, ante la prohibición de vender más de 432 plantas medicinales para té e infusiones en el mercado nacional.

Se busca clarificar la regulación de este sector productivo generador de empleo y que preserva una tradición cultural milenaria de México, ya que ha sido víctima de “una cacería de brujas” por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Eso ha derivado en cierre de tiendas naturistas, decomiso de productos y multas impagables, de entre 400 mil a un millón de pesos, pese a que cada negocio tiene un valor que no rebasa los 50 mil pesos, aseguró.

Apuntó que las regulaciones incrementan los costos de producción, insostenibles para el sector, conformado en su mayoría por micro y pequeños empresarios y distribuidores. Llamó al Ejecutivo federal y a los legisladores a construir acuerdos que alienten y preserven a la medicina tradicional del país, ya que es una verdadera alternativa de salud.

“No es que nosotros queramos seguir fabricando productos milagro; elaboramos suplementos, que incluye la recolección de hierbas, deshidratarlas, encapsularlas y expenderlas con marca propia, sin afectar a los consumidores finales”, lo cual se realiza sobre bases científicas, garantizó.

Al participar, Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, destacó la importancia de estos productores que generan una derrama económica de 600 millones de pesos anuales. Manifestó a nombre del gobierno capitalino el compromiso de apoyarlos, a través de una política pública específica.

Refirió la necesidad de identificar los mecanismos que promuevan la generación de empleos y salarios dignos, con el propósito de apoyar a actividades populares como la herbolaria y la medicina tradicional, y de esa forma lograr que “crezca la actividad económica con una visión social”.

Se busca generar condiciones para que los ciudadanos, “desde abajo de las raíces de nuestras tradiciones defiendan justamente lo nuestro, lo preserven y ofrezcan fuentes de empleo”, afirmó.

En su turno, Felipe Reyes Fuentes, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, puntualizó que la regulación y prohibición de las plantas medicinales deben realizarse a través de investigaciones avaladas por científicos y especialistas que demuestren que el consumir cierto producto es nocivo para la salud.

Añadió que en la actualidad la Cofepris vetó el consumo de infusiones y té de ciertas plantas medicinales como del árnica, epazote y ruda; sin embargo, esto no tuvo un sustento científico especializado, pues en el caso del árnica fue prohibida la especie europea y los inspectores de salud multan a quienes venden las trece variedades de árnica nacionales.

Finalmente, Sara Marce Vuelvas, representante de “Parteras y Médicas Tradicionales del Altiplano”, llamó a reformar las leyes “en un marco más humanizado” y con visión integral, para evitar perder el conocimiento herbolario y la medicina alternativa que han sobrevivido 8 mil años en el país. Propuso reconocerlas como patrimonio de la humanidad, ya que su práctica se vincula con el cuidado del medio ambiente.

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