La iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal pone en riesgo el medio ambiente y la salud de los mexicanos, al relegar la generación de electricidad a partir de fuentes limpias y dar prioridad a las centrales contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), advirtieron organizaciones ambientalistas.

El Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF, por su sigla en inglés), por ejemplo, hizo un llamado urgente al Poder Legislativo para frenar la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pues de acuerdo con la organización, se tienen que hacer valer los derechos constitucionales de los mexicanos a la salud y a un medio ambiente limpio.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo pretende modificar aspectos del diseño y operación del Sistema Eléctrico Nacional como: El principio económico en el orden de despacho, la emisión de permisos para las empresas especializadas en energía renovable, la utilidad de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Transición Energética, la obligatoriedad de las subastas que han dirigido a nuestro país hacia costos más bajos a través de la energía renovable.

Estas modificaciones de acuerdo con la organización favorecen la generación de electricidad a partir de fuentes fósiles contaminantes y caras, como el carbón y el combustóleo, a la vez que bloquean la participación y el crecimiento de proyectos competitivos de energías renovables, esto es contrario a los compromisos nacionales e internacionales de México que establecen una reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero del 22% al 2030 en relación con una línea base así como un 35% de energías limpias al 2024.

En el mismo sentido, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire afirmó que “la iniciativa ignora criterios constitucionales que debe seguir el Sistema Eléctrico Nacional toda vez que, por efecto de esta reforma, los proyectos de energías renovables son relegados al amparo del supuesto cumplimiento de un criterio de ‘confiabilidad’ y se hace caso omiso al criterio de ‘sustentabilidad’, como lo mandatan la Constitución Política y la propia Ley de la Industria Eléctrica”.

Y concluye: lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del Covid-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la multicitada Iniciativa nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción.

El WWF aseguró por su parte que, en el aspecto económico, la reforma propuesta resultaría en un aumento en los costos reales de producción de la electricidad, pues las fuentes fósiles son más caras en comparación con las renovables.

En el 2019, por ejemplo, las energías eólica y solar tuvieron un costo unitario de generación de 583 pesos por MW/h, mientras que la energía proveniente de carboeléctricas costó 1,449 pesos por MW/h.

nelly.toche@eleconomista.mx