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Reglas de operación de los programas de desarrollo social

COMUNICACIÓN SOCIAL CÁMARA DE DIPUTADOS.

Francisco Javier Luévano Núñez, diputado del PAN, planteó la adición de un artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de precisar los elementos mínimos para las reglas de operación de los programas gubernamentales de desarrollo social, y fijar estándares de calidad en el diseño y garantizar su eficacia, equidad y transparencia.

La propuesta, expuso, es importante “si se considera que el gobierno federal inició sus actividades con programas, cuyas reglas han sido señaladas como insuficientes o, incluso, deficientes por instituciones ciudadanas. El desarrollo social debe ser transparente y eficaz porque no es un proyecto de gobierno, es una obligación constitucional”.

Entre los requisitos mínimos se encuentran; cobertura, geografía y las características de los apoyos de los programas sociales. Para lograr mejor uso de los recursos, se establecen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y comprobación del gasto. Contempla la necesidad de evaluar la eficiencia de los programas y una aplicación equitativa de los recursos. Será analizada por la Comisión de Desarrollo Social.

GACETA PARLAMENTARIA

Iniciativa que adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Francisco Javier Luévano Núñez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Francisco Javier Luévano Núñez y los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social.

Objeto de la Iniciativa

El objeto de la presente iniciativa es establecer de manera explícita los elementos mínimos que deberán contener los lineamientos y las reglas de operación de los programas de desarrollo social que se generan a nivel federal con la finalidad de garantizar su eficacia para mejorar la vida de su población objetivo y protegerlos del uso faccioso y clientelar. 

Se propone establecer diferentes elementos. Entre otros objetivos, una explicación de la problemática por atender, presupuesto ejercido, beneficiarios, medidas de transparencia y rendición de cuentas, indicadores de seguimiento y evaluación, así como establecer la obligación de que todos los programas de desarrollo social cuenten con un enfoque de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género y que además exista una alineación con los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Antecedentes

Para atender los rezagos que existen en la sociedad, el gobierno federal diseña y ejecuta política pública para atender los problemas sociales que existen dentro de nuestro país. Así el gobierno da cumplimiento a lo establecido en la Constitución en el sentido de integrar a todos los sectores de la población al desarrollo social sin ningún tipo de discriminación por motivo alguno.

El desarrollo social tiene su origen en Europa, en los llamados programas de protección social que beneficiaban a las personas con seguros contra enfermedades, como el caso de Alemania. En el caso de Inglaterra, los programas de desarrollo social se crearon con la finalidad de combatir la indigencia y las enfermedades.

La política de desarrollo social en nuestro país tiene su origen en la propia Constitución de 1917, aunque se pueden reconocer diferentes etapas de la misma a lo largo del siglo XX. El texto de la Carta Magna promueve un proyecto de nación incluyente en el cual se proclama la igualdad jurídica, así como los derechos sociales de la población mexicana, derechos de educación, salud y vivienda. La Constitución fue por tanto una respuesta a los problemas económicos y sociales de inicios de siglo pasado, especialmente, a la pobreza y la desigualdad.

Las políticas públicas y la intervención del Estado en apoyo a grupos sociales fueron cambiando de forma y nombres a lo largo del siglo pasado. Los años sesenta y setenta dieron lugar a programas y estrategias con distintas metodologías y objetivos. Por ejemplo, el Programa Coordinado de Inversiones Públicas para el Medio Rural, el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y el Sistema Alimentario Mexicano, que estuvieron enfocados a elevar el bienestar en el ámbito rural.

Para finales de los años 80, se anunció la creación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que estaba dirigido a pueblos indígenas, campesinos y zonas marginadas y contemplaba acciones de alimentación, vivienda popular, procuración de justicia, mejoramiento de espacios educativos, electrificación de comunidades, agua potable, infraestructura agropecuaria, salud y reforestación. 

Pronasol dio paso a los primeros programas de lucha contra la pobreza y la marginación. Sin embargo fue muy vulnerable al uso clientelar y a la corrupción, por un mal diseño del programa y pocos mecanismos de fiscalización. 

Si bien la política social se construyó a partir de aprendizajes y se fue perfeccionando, tanto su focalización como su evaluación, es apenas en 2004 que se institucionaliza este rigor con la creación de la Ley General de Desarrollo Social que creó el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como la instancia con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social. Si bien existen fuentes académicas que han analizado y evaluado las políticas sociales anteriores, no es sino a partir de la creación del Coneval que se cuenta sistemáticamente con una evaluación formal de la política y programas de desarrollo social.

Las medidas de austeridad que se han estado llevando a cabo en los últimos meses han afectado gravemente la operación de este organismo y las Secretarías del Bienestar y de Hacienda han solicitado recortes adicionales. 

La experiencia nos dice que programas sociales requieren un diseño integral y evaluaciones rigurosas, que sólo así pueden mejorarse. Bajo la coyuntura actual se vuelve aún más relevante garantizar que los programas sociales sean verdaderamente útiles para los más necesitados. Es por esta razón que resulta especialmente importante garantizar el mayor rigor en los lineamientos y las reglas de operación de los programas.

Los lineamientos y las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar de un programa con la finalidad de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

Permiten conocer quién es sujeto de recibir los apoyos, además de conocer cuáles son los apoyos específicos que ofrecen los programas, así como los requisitos para obtenerlos. Además, permiten que los ciudadanos vigilen que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han sido programados.

Del contenido y redacción que tengan los lineamientos y las reglas de operación dependerá el éxito de los objetivos planteados por el programa. Si los lineamientos y las reglas de operación no son claras y precisas los programas quedan expuestos al fracaso.

Por lo tanto, es importante que los lineamientos y las reglas de operación cuenten con información clara sobre los objetivos, montos del presupuesto, características de los apoyos, beneficiarios y principalmente, medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como indicadores de evaluación y seguimiento que puedan evaluar el avance en sus objetivos. 

Fundamento legal de la iniciativa

El artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Artículo 7 señala que toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política de desarrollo social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa.

Asimismo, el artículo 8 dicta que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

La Ley General de Desarrollo Social establece el derecho de todos los ciudadanos a beneficiarse de los programas sociales que sean elaborados para combatir la desigualdad entre sectores e impulsar su desarrollo y crecimiento, sin distinción por motivos de edad, sexo, discapacidad, condición económica, condición migratoria y de cualquier otro tipo. 

En el artículo 10 se establece que uno de los derechos de los sujetos de desarrollo social es acceder a la información necesaria de los programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura, así como el derecho a recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada.

Dentro del artículo 26 se señala que el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a la necesidad de contar con reglas de operación para los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos, sin embargo, dentro de la Ley General de Desarrollo Social no existe un apartado o artículo que determine el contenido que deben tener dichas reglas de operación. Esta situación permite el diseño arbitrario de los programas y débiles mecanismos de supervisión. 

Para poder hablar del éxito de un programa social es necesario analizar su funcionamiento; por lo que contar con indicadores y mecanismos de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas deben ser características obligadas en la elaboración y operación de toda política de desarrollo social.

De manera adicional, resulta importante contemplar dentro de las reglas de operación los enfoques de perspectiva de género y de derechos para las personas que pertenecen a algún grupo vulnerable, ya que, en muchas ocasiones, los programas no toman en cuenta las necesidades especiales y las diferencias inherentes a distintas condiciones. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, es necesario que el marco jurídico en la materia cuente con un mínimo de reglas que establezca un “piso parejo” para la elaboración de programas sociales. De esta manera, se evitarán omisiones y asimetrías entre programas, lo que a su vez se traduce en mayor certeza y seguridad para todos los ciudadanos del país que se ven beneficiados por estos apoyos.

Por lo tanto, se propone agregar el artículo 26 Bis en la Ley General de Desarrollo Social para establecer los requisitos mínimos que de manera obligatoria estarán contenidos en las reglas de operación de todos los programas de desarrollo social del gobierno federal.

Por un lado, se propone, entre otros puntos, objetivos y una explicación de la problemática que atiende para conocer a fondo las razones y causas de la creación de dicho programa. Por otro lado, deberán contar con información sobre las características de los apoyos, el presupuesto a ejercer, los montos y topes máximos y medidas de transparencia y rendición de cuentas para que no exista ningún tipo de abuso ni corrupción en la implementación del programa. 

Finalmente, se contempla establecer como requisitos contar con mecanismos de participación social, un enfoque de derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género y que cada programa se encuentre alineado con los objetivos planteados en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Lo anterior con el objetivo de lograr que todos y cada uno de los programas aprobados a nivel federal garanticen la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación por motivos de género, condición económica, origen, discapacidad, ni de ningún otro.

A continuación, se describen las modificaciones propuestas en la Ley General de Desarrollo Social:

En función de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 26 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 26 Bis. Los lineamientos y las reglas de operación de los programas de desarrollo social que formule el gobierno federal deberán contener cuando menos:

I. Objetivos;

II. Autoridad responsable;

III. Presupuesto a ejercer;

IV. Problemática que atiende;

V. Cobertura geográfica;

VI. Población o grupo objetivo;

VII. Padrón de beneficiarios;

VIII. Características de los apoyos;

IX. Montos y topes máximos;

X. Derechos y obligaciones de los beneficiarios;

XI. Causales y procedimiento de baja;

XII. Instrumentación del programa;

XIII. Medidas de comprobación del gasto;

XIV. Indicadores de seguimiento;

XV. Medidas de transparencia y rendición de cuentas;

XVI. Mecanismos de participación social;

XVII. Enfoque de derechos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad;

XVIII. Perspectiva de género;

XIX. Alineación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; y

XX. Quejas y denuncias.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía empleada:

https://www.jornada.com.mx/2011/04/11/politica/003n1pol

https://funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/index. htm

https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/por-una- austeridad-mejor-implementada-coneval/

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/IEPS M.aspx

Revista Cámara, “Programas sociales: Principales aspectos”, número 33, año 3, 2014. 

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.

Diputado Francisco Javier Luévano Núñez (rúbrica)

Un comentario

  1. La 4T tiene pendiente urgente con el campo mexicano, ojala renuncien al burocratismo actual.

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