lunes , 21 septiembre 2020
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Retienen con fin político beneficio campesino

R. Agustín Esteban. Vértice…

Chilpancingo, Gro.- La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC) detectó que al menos en cuatro municipios de las regiones Centro y Tierra Caliente los alcaldes retiene con fines políticos los paquetes industriales del Programa de Impulso al Maíz y Frijol (PIMAF).

Evencio Romero Sotelo, secretario general de la LCASC, dio a conocer que la organización ya atrajo el caso de Mártir de Cuilapan, municipio ubicado en la región Centro, en donde al menos 185 productores del campo bloquearon la carretera de acceso principal molestos por la retención de sus paquetes, que consisten en semilla, herbicida, fertilizantes e insecticidas.

En ese lugar, dijo que hay la versión de que los integrantes del cabildo retienen el insumo para darle un manejo político-electoral, situación que preocupa a los productores por el avance que registra la temporada de lluvias.

Romero Sotelo indicó que el caso está en proceso de investigación, de tal manera que una vez que se tengan los elementos necesarios habrán de presentarse ante las autoridades correspondientes, para efecto de que se aplique la ley.

No descartó la posibilidad de que se recurra a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pues la actitud irregular de los jefes de cabildo es completamente irregular.

El asunto puede alcanzar a funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El de Mártir de Cuilapan no es el único caso; el diputado local Jorge Camacho Peñaloza, recientemente incorporado a la LCASC, tiene el reporte de por lo menos tres municipios que incurren en dicha irregularidad en el lado de la Tierra Caliente.

Romero Sotelo no mencionó los casos, pues dijo que será el representante popular el que los dé a conocer en la reunión que el Foro Permanente de Organizaciones Sociales y Campesinas (FPOSC) sostendrá el próximo lunes en Chilpancingo.

Lo importante de hacer las denuncias, de acuerdo al legislador, es garantizar que los recursos destinados para el campo se utilicen adecuadamente y no se permita la manipulación de los mismos, como al parecer ocurre en por lo menos cuatro ayuntamientos.

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