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viernes , 22 enero 2021
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Ser mujer, indígena, migrante y jornalera agrícola

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OMAR LIZÁRRAGA MORALES. NOROESTE.

Una investigación académica que se encuentra actualmente en curso, dirigida por profesoras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y en la cual participo como acompañante, arroja información preocupante de la condición en la que laboran las y los migrantes jornaleros agrícolas en México, pero particularmente ellas.

Para el caso de Sinaloa, las autoras calculan que ya hace más de una década, los enclaves agrícolas del estado empleaban cada temporada por lo menos 200 mil jornaleros migrantes, la mayoría de origen indígena provenientes de estados considerados expulsores como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Entre este grupo de migrantes, cada año llega una gran cantidad de mujeres para las que el trabajo agrícola representa la única opción de ingresos. Por su condición socioeconómica, ellas se ven obligadas a soportar el abuso de poder y distintas manifestaciones de violencia por parte de los distintos actores sociales involucrados en la organización del trabajo agrícola, ya sean compañeros, contratistas, cuadrilleros o transportistas, quienes no en pocas ocasiones suelen acosarlas, al punto de condicionar el traslado, el acceso a un trabajo, o la obtención de un sueldo justo a cambio de favores sexuales.

Se destaca en el informe parcial de este estudio, que en el caso de las mujeres jornaleras migrantes, la vulnerabilidad por su condición genérica no comienza en el espacio laboral, sino más bien se presenta como la continuidad de una condición de sometimiento desde su comunidad de origen, pero que ahora lo sufren ante nuevas figuras masculinas. Si a ello se agrega el faactor étnico -mujer jornalera indígena-, las trabajadoras, además se enfrentan al racismo y la discriminación étnica-lingüística como vergonzosos pretextos que legitiman la explotación laboral.

Al estar expuestas a un sueldo menor al que reciben los jornaleros varones por el mismo trabajo, proporcionalmente, y a una situación de subordinación que las hace vulnerables al acoso y otras formas de violencia sexual y de género, es posible categorizar su condición como trata laboral.

Pero la violencia no se queda en el plano de la política pública o la correcta aplicación de las leyes laborales, autores han destacado la falta de atención y la revictimización por parte de las autoridades correspondientes ante las denuncias de las jornaleras agrícolas. Dichas autoridades suelen no estar capacitadas para responder a las denuncias de violencia doméstica o laboral, fallan en dar seguimiento a las denuncias o eligen deslindarse de la responsabilidad, prevaleciendo la impunidad y dejando a las mujeres en una situación de gran vulnerabilidad.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, ha recibido numerosas quejas de índole laboral de parte de este grupo de personas, y ha investigado de oficio otros abusos de los que son víctimas, pero para asegurar el respeto a sus derechos, es necesaria la construcción y aplicación de un modelo de atención basado en la acción pública a través de una intervención multidimensional y articulada que coordine el trabajo entre el Estado y las instituciones en todos los niveles de gobierno. Un modelo integral y participativo, construido desde la interculturalidad y una perspectiva de género.

Es cuanto….

 

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