BOLETÍN DE PRENSA SENADO DE LA REPÚBLICA.
Sientan las bases para un Estado de bienestar: Morena, PVEM, PT y PES.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideran que se necesita corregir el rumbo para detener el aumento de la pobreza.
Con motivo del III Informe de Gobierno, senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios analizaron este martes la Política Social puesta en marcha por el Ejecutivo Federal.
En el Pleno, las y los integrantes de la Cámara de Senadores abordaron asuntos como el mejoramiento de la estructura de los programas sociales y los beneficios que aportó la entrega de éstos, así como el desempeño de las instituciones en materia de seguridad y protección social.
Por Morena, el senador Américo Villareal Anaya dijo que, pese a que la oposición recrimina la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, existen innumerables pruebas sobre la asistencia a personas en situación de emergencia social o natural, apoyos que se han entregado de forma directa y sin intermediarios.
El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, afirmó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Seguro Popular atendía a más de 50 millones de beneficiarios hasta antes de su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual sólo pudo atender a casi 30 millones de personas en plena emergencia sanitaria.
Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, criticó la Política Social de la actual administración, pues, señaló, carece de una visión integral; además, aseveró que la seguridad social es la columna vertebral para combatir verdaderamente la pobreza en el país.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado aseguró que se necesita corregir el rumbo y diseñar nuevos instrumentos que generen trabajo digno con seguridad social. Para ello, indicó que es necesaria la corresponsabilidad de las empresas y el Estado, para construir una red de protección social que brinde amparo a mayores eventualidades.
La senadora del PVEM, María Graciela Gaitán Díaz, expresó que se requiere una Política Social adecuada para hacer frente a las adversidades, por lo que reiteró el compromiso de su bancada para trabajar con el Gobierno Federal, en la construcción de leyes y políticas que generen beneficios sociales.
El senador Joel Padilla Peña aseveró que el Grupo Parlamentario del PT está comprometido con la política social que impulsa el Presidente de la República, porque uno de sus principales objetivos es la construcción de un Estado de bienestar y “tenemos la certeza de que se están sentando las bases para lograrlo”.
Elvia Marcela Mora Arellano, legisladora del PES, subrayó el respaldo de su fracción a la Política Social del Ejecutivo, pues representan una transición hacia un nuevo paradigma en la materia. Agregó que se transitó de acciones focalizadas, las cuales hicieron de los programas sociales una dádiva para los pobres, hacia una política pública que dignifica a los beneficiarios.
Por el PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez denunció que las políticas públicas del Gobierno Federal son deficientes y cuestionables, ya que los programas sociales se aplican con discrecionalidad, falta trasparencia y no hay evaluaciones para comprobar si realmente están mejorando la vida de quienes reciben los apoyos.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria indicó que la pobreza extrema registra un incremento, el cual se debe, principalmente, a una caída en el ingreso laboral de las y los mexicanos, así como la falta de acceso a los servicios de salud. Desde hace 10 años, puntualizó, el 40 por ciento de la población carece del ingreso suficiente para adquirir una canasta básica y “la pandemia agravó esta situación”.
Por su parte, el senador de Morena, Gilberto Herrera Ruiz, llamó a revisar los estados en los cuales la pobreza ha disminuido como Oaxaca, Chiapas y Guerrero; mientras que, agregó, en entidades como Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y Baja California Sur, este problema registra una alta tasa de crecimiento.
La senadora Estrella Rojas Loreto, del PAN, exigió al Gobierno Federal cambiar su estrategia de Política social por un modelo sin afanes político-electorales, que contribuya de manera real y efectiva a superar las carencias de las familias, para que puedan acceder a una mejor calidad de vida. En el contexto de la pandemia, denunció, las desigualdades se han agudizado por la desaparición de programas y fideicomisos.
Analizan Senado y Secretaría del Bienestar alcance de los programas sociales del Ejecutivo
Senadoras y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios revisaron con el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez, el alcance de los programas sociales puestos en marcha por el Gobierno Federal.
El funcionario compareció ante el Pleno del Senado de la República como parte del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que la justicia social y el bienestar son valores fundamentales para el desarrollo de la nación.
En este sentido, confió en que la Secretaría trabajará de manera cercana a la ciudadanía, con una visión clara de que los beneficiarios de los programas sociales no son números, sino seres humanos con historias transformadas por el acceso a nuevas oportunidades educativas, laborales y sociales.
La senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, afirmó que esta administración ha puesto énfasis en las personas que más necesitan de los apoyos y en este sentido la percepción social es que se han mejorado las condiciones de vida de las y los mexicanos, lo cual refrenda la política del Gobierno Federal en esta materia.
Por Acción Nacional, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez cuestionó la autoridad del funcionario federal para hablar de bienestar y de crecimiento social, cuando no existe transparencia en los programas puestos en marcha por la actual administración.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, acusó que las universidades Benito Juárez, en muchos de los casos, no tienen instalaciones, los profesores no cuentan con cédula profesional y las carreras tampoco tienen aval de la SEP; con ello, “están tirando el dinero a la basura”, mientras que a las instituciones autónomas de educación superior se les asfixia presupuestalmente.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la política social es un fracaso, porque hay 3.8 millones más de pobres y 2.1 millones más de mexicanos en pobreza extrema. “¿Cómo explica que, en tres años, esta política social se convirtió en un motor de desigualdad e inequidad?”, cuestionó.
Por el PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos refirió que es necesario saber cuál es el estado actual que guardan los censos sobre los daños en las entidades afectadas por desastres naturales, así como el tiempo promedio para que una persona afectada, después de ser censada, reciba apoyo.
Al asegurar que la pandemia por Covid-19 provocó grandes retos, la senadora del PT, Geovana Bañuelos de la Torre, afirmó que “México tiene el mejor gobierno en el peor momento”; sin embargo, urgió al secretario de Bienestar a destinar recursos y acciones para reducir la pobreza en el país.
En tanto, Elvia Marcela Mora Arellano, senadora de Encuentro Social, recordó que la reforma al artículo cuarto de la Constitución marcó un nuevo modelo en asistencia y programas sociales en México, por lo que la administración actual trabaja de manera directa con los sectores más desfavorecidos.
Juan Manuel Fócil Pérez, legislador del PRD, aseguró que el clientelismo electoral en los programas sociales aún existe, pues se usa la entrega de estos recursos para condicionar el voto. Además, denunció que existe discrecionalidad y falta de transparencia en el reparto de estos apoyos.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria pidió ahondar en el fenómeno del hambre, pues, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se incrementó en más de un millón el número de personas que no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
Tras la crítica por parte de la oposición de la política de desarrollo social que implementa la actual administración, el senador de Morena, Ovidio Peralta Suárez, recordó que la operación de la política social durante los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue la de manipular y utilizarla con fines electorales.
María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora del PAN, señaló que hoy en México hay más personas que no tienen ni siquiera para comer y están sin acceso a la seguridad social. “Son casi cuatro millones de pobres más, algo se está haciendo mal”.
El senador Mario Zamora Gastélum, del PRI, recordó que en el informe presidencial se dijo que 70 por ciento de los hogares en México estaban inscrito al menos en un programa de Bienestar; sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que sólo 30 por ciento de la población reciben un apoyo social. “¿Nos podría explicar esta diferencia?”.
Por su parte, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, cuestionó al funcionario sobre la posibilidad de apoyar a 12 millones de personas que perdieron su empleo por la pandemia, mediante un ingreso básico vital.
Del PRD, el senador Antonio García Conejo dijo que no existen convenios para que los jóvenes y las mujeres puedan iniciar pequeños negocios, a sabiendas, dijo, que la generación de empleos en el país es gracias a las micro, pequeña y mediana empresas. Además, acusó que los servidores de la nación fueron operadores electorales de Morena.
El titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez, respondió que en esa dependencia “tienen otros datos sobre el tema de la pobreza”, pues, según el INEGI, los beneficios provenientes de los programas gubernamentales aumentaron en 50.4 por ciento, las jubilaciones y pensiones incrementaron 15.1 por ciento y el ingreso de los hogares rurales acrecentó un 16.6 por ciento.
De acuerdo con el Coneval, agregó, gracias a la transferencia de programas sociales la pobreza se contuvo en alrededor de 2.5 millones de personas y dos millones en la pobreza extrema. Además, detalló, 4.6 millones de personas pudieron adquirir una canasta básica gracias a estos apoyos.
Sobre el programa Sembrando Vida, el funcionario dijo que en Campeche y Tabasco se deforestó la selva desde 1970 con fines ganaderos. Gracias a este proyecto, agregó, estamos reforestando el ecosistema de la región.
En cuanto al presupuesto de la Secretaría a su cargo, puntualizó que desde 2018, los recursos destinados a programas sociales son progresivos, por lo que incrementan cada año. En ese año, detalló, se le otorgaron a la dependencia 44 mil 199 millones de pesos, pero para 2020 se le asignaron 165 mil 738 millones de pesos.
Actualmente, reveló May Rodríguez, existen 12 millones 158 mil 686 personas beneficiarias, para lo cual se invierte un monto de 378 mil 258 millones de pesos. Ahora es un derecho establecido en la Constitución y no es asistencial, subrayó, por lo que el padrón de derechohabientes aumenta constantemente.
Con el Estado de bienestar que se impulsa mediante los programas de ayuda directa a la población, aseguró, se contribuye a erradicar la desigualdad que se generó en el país a través de las décadas. “La verdadera polarización es la que existe entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco”.
Se entregan apoyos a damnificados por inundaciones, informa al Senado Javier May Rodríguez
El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, informó al Pleno del Senado de la República que este martes “se empezaron a entregar los apoyos” a las y los damnificados, por las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo.
May Rodríguez compareció ante la Cámara Alta para dar cuenta de la Política Social del Ejecutivo Federal, con motivo de la Glosa del III Informe de Gobierno. Previo a su intervención inicial, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, le tomó la protesta de decir verdad en la información que expuso ante la Asamblea.
El funcionario federal dijo que también está por iniciar la entrega de recursos a las demás entidades que fueron afectadas por fenómenos climáticos en nuestro país, y que se levanta un censo para identificar afectaciones por las inundaciones en el municipio de Ecatepec, Estado de México, así como los daños ocasionados por el huracán Nora, en Puerto Vallarta, Jalisco.
En todos los casos, asentó, hay plena coordinación con los tres niveles de Gobierno. Además, informó a senadoras y senadores que, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, se entregaron apoyos económicos o en especie a 258 mil 684 personas de dos entidades federativas.
Este apoyo incluye a las personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, registradas a finales de 2020, ayuda que ascendió a más de dos mil millones de pesos; así como a migrantes en la frontera sur y norte.
May Rodríguez señaló que la corrupción provocaba la tardanza que había con la aplicación del FONDEN, “pero ahora los apoyos se entregan de manera directa, sin corrupción y de inmediato y no se permite que nadie lucre con las desgracias de la gente”.
Ante el Pleno del Senado, el secretario de Bienestar afirmó que “los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del Gobierno, sino un derecho constitucional que estamos cumpliendo”.
Dio a conocer que se estableció un blindaje a dichos programas, porque por mucho tiempo los fueron utilizados de manera clientelar y con propósitos electorales. “Condicionaban la ayuda a la gente a cambio de votos”.
Además, aclaró que el presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría de Bienestar pasó de 44 mil millones de pesos en 2018, cuando todavía era SEDESOL, a 178 mil millones de pesos este año 2021.
Y, para el 2022, se tienen proyectados recursos por 289 mil millones de pesos. De aprobarse este monto, dijo, los recursos destinados a ayudar a las y los más pobres y desprotegidos, habrán crecido “556 por ciento, en comparación con 2018”.
Entre otros datos, dio a conocer a los legisladores que, a junio de 2021, la pensión para el Bienestar para personas adultas mayores se entrega a 8.3 millones de beneficiarios, de los cuales el 10 por ciento es población indígena o afromexicana.
Las pensiones para personas con discapacidad permanente se entregan a 934 mil 895 derechohabientes. El programa “Sembrando Vida” genera más de 418 mil empleos en 28 territorios de 20 estados del país.
Y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijas de madres trabajadoras, ha atendido a 184 mil 920 derechohabientes, en beneficio de 193 mil 329 niñas y niños, con un presupuesto de mil 584 millones de pesos.
Si no hubiesen existido estos programas -acotó el funcionario- no hubiésemos resistido a la pandemia.
“Por fortuna, las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, siempre contaron con la entrega de los apoyos sociales, incluso de manera anticipada, así tuvieron recursos para su alimentación y para mantenerse en sus casas”, expresó.
Además, informó que, en las elecciones recientes, tanto a fines del 2020 como en el 2021, “no tuvimos ninguna intervención, ninguna denuncia con injerencias de la Secretaría de Bienestar en los procesos electorales”.
