ALICIA SALGADO. CUENTA CORRIENTE. EXCÉLSIOR.
Con la desaparición de la Subsecretaría de América del Norte en Relaciones Exteriores, es evidente que toda negociación comercial bilateral tendrá que realizarla directamente el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
Hasta ahora, de las presiones iniciales, los productores nacionales han salido bien librados en una de tres amenazas. El equipo de Luz María de la Mora priorizó la negociación con Robert Lighthizer, de la USTR, para que a México no le reinstalaran el arancel del 10% al acero bajo la sección 232 aludiendo causas de seguridad nacional. El 6 de agosto se aplicó al aluminio canadiense.
Pero las otras dos amenazas son reales y electorales. Una semana antes de que entrara en vigor el T-MEC y que el presidente López Obrador viajara a Washington para la ceremonia, el jefe de la USTR había expresado ante legisladores, que se iniciaría el procedimiento de revisión de las quejas de los productores de Florida, representados por el senador Marco Rubio, para establecer restricciones temporales de acuerdo con la temporada de producción a la importación de productos frescos de México, incluyendo berries, fresas, pimiento, hortalizas y varios vegetales. El martes, justo el día del informe del Presidente mexicano, la USTR emitió un comunicado que apunta que Trump no hará caso de la libertad de comercio firmada con México, pues por su compromiso electoral se perfila para establecer “temporalidades” a la exportación de productos agrícolas mexicanos, acción que eliminaría el libre comercio e impondría cuotas de exportación.
Ayer se pidió a la Comisión de Comercio Internacional que realice la investigación sobre lo testificado virtualmente el pasado 13 de agosto por los 60 productores que argumentaron daños ocasionados por la importación de productos procedentes de México, y notifica que iniciarán conversaciones gobierno-gobierno para atender la preocupación de sus productores, pero que podrían tomar una decisión aplicando salvaguardas antes de que termine el año.
El tercer riesgo brincó ayer cuando Richard Trumka, líder de la ALF-CIO, anunció que interpondrá dos demandas contra México por incumplir los compromisos en materia laboral inscritos en el TMEC. Se desconocen los dos, pero en líneas generales, uno de ellos cuestiona la lentitud en el avance de la democratización sindical en México.
Los dos temas están en la agenda prioritaria de la secretaria Márquez y su subsecretaria de Comercio Exterior, e inclusive en el tema de temporalidades agrícolas también el tema es prioritario para la Sader, y están trabajando directo con la representación empresarial y los empresarios potencialmente afectados, puesto que los hearings permitieron identificar con mayor precisión a quienes y con qué argumento pretenden establecer temporalidades.
La mesa Estado-Estado podría ser benéfica porque primero hay consultas (30 días), luego se revisa el mérito de la misma (75 días) y, finalmente se tendrá que establecer el panel de resolución y, segundo, porque también en México hay grandes quejas por prácticas de desplazamiento y subsidios enormes. En el caso laboral, el mecanismo de respuesta rápido tiene la misma temporalidad, pero como le dije, se desconoce aún el detalle, sólo la información fue levantada por Inside Trade y luego por Bloomberg apuntando a que lo que se cuestiona es el escaso cumplimiento de la democratización de los sindicatos y la reforma laboral.
