Alrededor de 4 mil millones de pesos logran evadir los contrabandistas que introducen a México “azúcar gris” procedente de Guatemala.

Popularmente la conocen como “azúcar gris” y su introducción ilícita al país lo denominan en el gobierno como contrabando técnico.

Se trata de una práctica con la que un pequeño grupo simula la importación de supuestas preparaciones alimenticias que están exentas de aranceles, cuando en realidad se trata de azúcar combinada con carbón activado. De esa forma evitan pagar el arancel de 360 dólares por tonelada.

Posteriormente con otro proceso industrial la reconvierten en azúcar y la venden a precios por debajo de lo que se comercia en el mercado nacional.

Para el ciclo de producción 2020/2021, las ventas de azúcar nacional cayeron 4% debido al problema de contrabando técnico del producto en el país, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

Este porcentaje es adicional al 2% de caída anual que ha venido registrando la industria por los ataques constantes al consumo de azúcar, relacionados con temas de salud, y que en la última década acumula un 20%.

Humberto Jasso Torres, presidente ejecutivo de la CNIAA, advierte que el azúcar con carbón activado es tóxico y tiene que procesarse en fábricas de azúcar líquida u otras.

Exige que la autoridad investigue a fondo y actúe con toda la fuerza de la ley a lo largo de toda la cadena de ilegalidad.

Es necesario castigar desde los importadores, los procesadores y los que compran esa mercancía que entra al país de contrabando.

Reconoce que el sector privado ha trabajado coordinadamente para la investigación y detección de éstas actividades de contrabando.

Han participado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aduanas, y otras instancias gubernamentales.

Y a la Cofepris, ya le fue solicitada su intervención.

Sin embargo, el empresario dice que es necesaria la decisión del más alto nivel para poder acabar con el contrabando de azúcar gris.

Se trata, sin duda, de un problema grave.

Va directamente en contra de las finanzas públicas porque la evasión daña los ingresos públicos.

Además de que afecta a los intereses del sector agroindustrial de la caña de azúcar, y a las finanzas de los 49 ingenios.

Pero también afecta directamente el empleo de más de 185 mil cañeros y a la cadena de empleos rurales.