ALBERTO LARA LÓPEZ Y ERNESTO FERNÁNDEZ ARIAS. EL ECONOMISTA.
De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y representa una presión constante sobre la sociedad y el medio ambiente.
El cambio climático amenaza la producción de alimentos, el calentamiento y aumento del nivel del mar, disminuye las cantidades de nieve y hielo en el planeta y al mismo tiempo, incrementa el riesgo por inundaciones catastróficas en una escala sin precedentes.
Debido a las emisiones de efecto invernadero, es probable que al final del siglo, la temperatura media mundial presente un aumento de 1-2°C en relación con el nivel de 1990.
Además, existen pruebas alarmantes de que se pueden haber sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en el sistema climático y en importantes ecosistemas, tal como lo señala el reporte del IPCC al mencionar que el 2030, es la fecha límite para que la humanidad tome acciones que permitan revertir el calentamiento global.
La claridad en la selección de los proyectos, así como el establecimiento de criterios de medición de impacto que coadyuven a transitar a una economía baja en carbono, son condiciones necesarias en la emisión de un bono verde.
El mercado de bonos verdes inició en el 2007 con una emisión de 600 millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones y desde ese momento, ha crecido sustancialmente. De acuerdo a lo señalado por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés), en el transcurso del 2017 la emisión de bonos verdes creció 78% a nivel internacional, alcanzando un monto de 155 billones de dólares. Se espera que para al cierre del 2018, se hayan colocado 250 billones de dólares.
En México, la BMV ha liderado los esfuerzos para la creación de un mercado verde a través de la iniciativa MexiCO2 con quien ha desarrollado instrumentos de mercado que promueven y coadyuvan a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Bajo esta iniciativa, se imparten también talleres y guías, se alienta a emisores a etiquetar bonos verdes y crear índices, entre otros mecanismos de otorgamiento de visibilidad, y se promueven estándares por medio del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes.
De esta forma, el primer bono verde en el país se colocó en el 2015 y, desde entonces, se han realizado nueve emisiones verdes. En la columna de este próximo viernes, aportaremos datos importantes sobre el reto que enfrenta el sector agroalimentario por el cambio climático, y cómo FIRA, entidad de fomento originada en el Banco de México, incursiona en el mercado de deuda con mecanismos que contribuyen a la inversión de proyectos verdes.
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Dado el reto que enfrenta el sector agroalimentario por el cambio climático, FIRA incursionó en la emisión de su primer bono verde en el mercado de valores, sumándose a los esfuerzos que otras entidades como Nacional Financiera, Grupo Aeroportuario, el Gobierno de la Ciudad de México, Banobras y Rotoplas han realizado ya
El primer bono verde de FIRA fue por 2,500 millones de pesos a tres años por medio de una oferta pública nacional. Se suma a la serie de emisiones que la institución, a través de su fondo FEFA, ha realizado como emisor recurrente en el mercado de deuda local desde el 2012, con 205 emisiones por 201,000 millones de pesos.
Para la emisión de un bono verde, es necesario cumplir con los cuatro principios básicos establecidos por el International Capital Market Association, los cuales han sido adoptados en México y promovidos por la Bolsa Mexicana de Valores a través del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Estos principios son: uso de los fondos de la emisión, selección y evaluación de proyectos, administración de los recursos de la emisión y reportes periódicos de su uso.
Adoptar los cuatro principios implicó para FIRA cambios en los procesos internos para asegurar su cumplimiento, pues a nivel de pequeños proyectos, no existían criterios claros para identificar aquellos que fueran elegibles, por lo que a través de una alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se diseñó una metodología que permite su identificación como proyectos verdes.
Con la asistencia técnica del BID, se consolidó una metodología para la selección, clasificación y medición de impacto de activos verdes; luego se propuso al Climate Bonds Initiative adoptar e incorporar a sus criterios de selección un estándar internacional que permitiera la certificación de bonos verdes en materia de agricultura protegida en México. FIRA obtuvo la opinión favorable de parte de Sustainalytics y, con ello, la certificación sobre la emisión.
Este bono verde será el primero de muchos que se emitirán como parte de la estrategia sustentable de FIRA que, en los últimos cinco años, ha logrado integrar el apoyo de organismos financieros internacionales y convenios con dependencias del gobierno federal, para operar proyectos sustentables en el campo con préstamos y cooperaciones técnicas. Entre ellas la colaboración con el BID para otorgar más de 600 créditos por 50 millones de dólares en tecnificación de riego y otras tecnologías que disminuyen el consumo de energía, logrando reducir más de 620,000 toneladas de CO2.
*Alberto Lara López y Ernesto Fernández Arias se desempeñan como director general adjunto de Finanzas y director técnico de Pesca y Redes de Valor respectivamente. La opinión aquí expresada es de los autores y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.
