EDUARDO VÁZQUEZ HERRERA. EXCÉLSIOR.
La gestión del agua en México enfrenta escenarios de alta complejidad política y social que obligan a una reflexión sobre el diseño de las instituciones, así como el modelo de administración del agua para las próximas décadas.
Esta revisión, sin duda, debe ir también acompañada de nuevos modelos y esquemas financieros que permitan detonar las amplias necesidades de inversión que requiere el sector, para poder atender los temas prioritarios y la problemática que enfrentamos ya en la actualidad.
Estimaciones de la Conagua refieren que el agua renovable per cápita a nivel nacional disminuirá de 3,692 metros cúbicos por habitante por año a 3,250 para el año 2030, como resultado del crecimiento de la población y la demanda de agua y alimentos que ello conlleva.
No es una labor sencilla si consideramos que el 50% del volumen del agua subterránea que se utiliza proviene de acuíferos sobreexplotados; que la crisis climática ya afecta al país con intensas sequías y precipitaciones, incrementando la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometereológicos, todo esto aunado a que 10 millones de mexicanos todavía no tienen acceso al agua.
De acuerdo a un estudio del World Resources Institute, entre 2015 y 2030, asegurar el agua para nuestras sociedades para 2030 podría costar un poco más del 1% del PIB mundial, es decir, alrededor de 29 centavos de dólar por persona por día. Por cada dólar invertido en acceso al agua y saneamiento se genera un rendimiento promedio de 6.80 dólares. Es decir, invertir en agua es una buena y necesaria inversión. Fortalecer a las instituciones del agua y proponer nuevos modelos para su administración operativa son temas que deben ocupar un espacio prioritario en la agenda nacional, así como una intensa discusión sobre las atribuciones, capacidades, herramientas y recursos humanos, técnicos y financieros con los que deben contar para cumplir con tan importante función.
Es en este contexto que recientemente se presentó, por parte del Ejecutivo federal, la propuesta de desaparecer instituciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (que se integraría a la Comisión Nacional del Agua) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (que sería integrado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).
Ha surgido un gran debate en distintos sectores y actores del sector del agua alrededor de esta propuesta, dado el impacto que potencialmente pudiera tener una decisión de este alcance en el sector hídrico del país, siendo que, como mencionamos anteriormente, a la luz de la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos en materia hídrica en el país, parecería necesario fortalecer aún más las instituciones existentes y dotarlas de las capacidades y presupuestos necesarios, en lugar de compactar y reducir las estructuras institucionales.
Se requiere, por tanto, una discusión amplia y abierta entre las autoridades y todos los actores del sector sobre la pertinencia de este tipo de decisiones, evaluando su alcance y costo-beneficio, poniendo especial énfasis en cómo podremos atender de mejor manera como país, autoridades y sus distintos sectores, usuarios y sociedad en general, los retos a los que nos enfrentamos en materia de seguridad hídrica y por los efectos del cambio climático en los recursos hídricos.
