RUBÉN ZERMEÑO. REPORTE ÍNDIGO.
Los jornaleros mexicanos que trabajan el campo en Estados Unidos se enfrentan a una dura realidad, por un lado, al ser en su mayoría indocumentados, no pueden acceder a los apoyos por COVID-19 que brinda ese país, y por el otro, los empleadores no les dan los equipos de seguridad necesarios para realizar sus tareas.
Don José Martínez ha entregado toda su vida al campo de Estados Unidos. Gracias a él y a miles de jornaleros mexicanos, el suministro de alimentos está garantizado en el país con más contagios de COVID-19 en el mundo.
Sin sana distancia, equipos de protección o protocolos sanitarios claros, estos miles de connacionales laboran día a día, ya que si no trabajan, no ganan y no comen.
Si llegan a enfermarse o contagiarse de SARS-CoV-2, están solos, debido a que la mayoría de ellos no cuenta con seguro médico ni de desempleo.
Don José llegó hace 50 años a Estados Unidos proveniente de Michoacán, tenía tan solo 14 años y sabía que si se quedaba en su lugar de origen probablemente moriría de hambre, ahora un virus de origen chino amenaza su vida.
“Ha sido muy complicado, primero, porque uno no habla la lengua de ellos, la comunicación es importante y si uno no tiene esa habilidad es muy duro. En los trabajosa veces hay malos tratos y violaciones a nuestros derechos laborales, muchas veces uno ni se da cuenta”, revela.
Durante todos estos años, José ha trabajado en el campo, intermitentemente, en establos o en construcciones, pero siempre regresa al campo. Actualmente labora en Washington en una compañía que cultiva hongos, un lugar donde los abusos no han cesado.
Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció como pandemia al COVID-19, don José y sus compañeros trabajaban sin equipos de protección ni protocolos sanitarios y así siguieron varias semanas. Incluso, les llegaron a ocultar contagios.
En el lugar donde trabajo y en otros lugares me he percatado de que tienen un reglamento pero no lo cumplen. No recibimos cubrebocas, ni guantes, ni nada. El factor más importante fue que había personas infectadas y no nos lo hicieron saber a los trabajadores. Así hubiéramos podido tener precauciones y prevenirnos, pero no nos lo dijeron. José Martínez, Campesino migrante.
A inicios de mayo, José acudió al hospital debido a un accidente de trabajo, se cortó parte de un dedo, le dieron 8 puntadas y a las pocas horas comenzó a sentir dolor de huesos, de cabeza y a tener fiebre.
Pensaba que solo era un resfriado, pero en el hospital le dijeron que había salido positivo por COVID-19. Pese a pertenecer a la tercera edad, ser hipertenso y asmático, solo le recetaron Tylenol y lo mandaron a su casa a descansar durante 15 días.
Los problemas en el trabajo no cesaron, el capataz de José le llamó para pedirle que regresara al trabajo y para intimidarlo.
“Hace unos días tuve un problema. Aquí son un poco difíciles. Uno de mi trabajo me habló para intimidarme por no ir. Me hizo sentir mal y como soy voluntario en algunas organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores le hablé a mi abogada para que me ayudara. Ella se encargó y le llamaron la atención a ese hombre.
“Lamentablemente el sistema de este país está muy mal y está en manos muy malas. Falta apoyo para que haya un mejor trato a las personas que venimos a trabajar. No venimos a hacer maldades como dice el presidente Trump, venimos a trabajar y ahorita somos los que estamos trabajando, aunque no tengamos protección”, finaliza don José, aferrándose a sus analgésicos como única cura para sobrevivir y pronto regresar a trabajar.
El contagio de don José no es un caso aislado, el 25 de abril se reportó que 36 de 71 trabajadores de un huerto propiedad de Stemilt Ag Service en el centro de Washington dieron positivo por COVID-19, aunque varios de ellos no mostraban signos de enfermedad.
Debido al contagio masivo ocasionado por la falta de protocolos y equipo de seguridad, el sindicato más grande de trabajadores del campo y lecheros en Estados Unidos, United Farm Workers of America (UFW por sus siglas en inglés) y la asociación Familias Unidas por la Justicia presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Skagit.
En el recurso legal, solicitaban que el departamento estatal de Salud y el de Labor e Industrias comenzaran “inmediatamente” a implementar medidas para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores.
Gracias a la lucha, protestas y trabajo de sindicatos y organizaciones sociales, poco a poco los campesinos comienzan a tener una barrera de protección contra el virus y las violaciones a sus derechos laborales, pero falta mucho trabajo por hacer.
En Estados Unidos la mayor parte de los alimentos se cosechan a mano, de acuerdo con cifras de la “Comission on Agricultural Workers” hay cerca de 3 millones de trabajadores agrícolas de los cuales el 75 por ciento nació en México.
El 53 por ciento del total de los jornaleros en Estados Unidos son indocumentados, el 25 por ciento son ciudadanos estadounidenses y el 21 por ciento son residentes permanentes autorizados.
Por considerarse trabajadores esenciales, se estima que por lo menos 20 mil empleados jornaleros del campo siguen laborando y se prevé que la cifra aumente debido a que en mayo comienza la temporada alta de la labor agrícola, la cual termina hasta inicios de noviembre.
De no cuidar la salud de los jornaleros no solo se pone en peligro su vida, sino que la cadena de suministro del segundo país con mayor consumo de alimentos, Estados Unidos, podría romperse, trayendo como consecuencia la escasez de diversos productos.
Los aliados de los trabajadores del campo en EU
Para ayudar a superar las precarias condiciones laborales que enfrentan las personas que trabajan en el campo, el sindicato agrícola más grande de Estados Unidos se ha dedicado a hacerle contrapeso al abandono de las autoridades estadounidenses.
En 1962 se fundó en Estados Unidos la Asociación Nacional de Campesinos de la mano de Dolores Huerta y César Chávez, dos activistas en pro de los derechos de los trabajadores del campo.
A raíz de la “Huelga de la Uva”, que se originó en 1966 en los viñedos de Delano, California, por el uso de pesticidas que enfermaban a los campesinos, se ganó un contrato colectivo, salario justo y seguridad en el trabajo bajo el lema de “¡Sí se puede!”.
A más de 50 años de distancia, los derechos de los trabajadores del campo siguen sin ser efectivos y aunque son considerados empleados esenciales, no se les trata como tal por ser, en su mayoría, personas indocumentadas.
Aquí el Gobierno federal ha designado a los trabajadores del campo como esenciales, pero esta administración ataca mucho a nuestra gente porque está trabajando sin documentos, los considera como criminales, como personas que solo vienen a ocasionar problemas. Teresa Romero, Presidenta de la United Farm Workers of America.
“Es falso, nuestros migrantes vienen a hacer el trabajo más difícil porque es un trabajo físico y solo lo pueden hacer los profesionales”, comenta Teresa Romero, actual presidenta de la United Farm Workers of America (UFW), el sindicato agrícola más grande de Estados Unidos.
Desde que comenzó la pandemia, la UFW ha intentado hacerle contrapeso al abandono de las autoridades estadounidenses y mediante cabildeos o protestas han ganado algunas batallas.
“Desafortunadamente como son personas indocumentadas todos los beneficios que el Gobierno da, no los incluye, ni siquiera si tienen hijos ya nacionalizados en Estados Unidos.
“Por eso hemos estado trabajando, en California ya logramos que las personas contagiadas tengan el derecho a 2 semanas de cuarentena para que puedan estar en su casa y se les pague. También estamos peleando para que los trabajadores puedan reclamar un monto económico como riesgo de trabajo si se contagian”, dice Teresa.
En la UFW ayudan a los jornaleros que trabajan en las empresas que tienen contrato con el sindicato, pero también a los que se encuentran completamente desamparados.
“Desgraciadamente muchas trabajadoras y trabajadores no tienen contrato con un sindicato, nosotros tratamos de darles información, incluso, mediante donacionescompramos y les damos máscaras para que se protejan.
“También les damos información para que se mantengan seguros porque los empleadores no los están informando. Nosotros estamos tratando de ayudarlos para que se mantengan sanos, pero si ha habido contagios en la Casa Blanca, en el campo puede ser peor”, concluye Romero.
Leydy Rangel, especialista en comunicaciones de la Fundación de la UFW, trabaja directamente con los migrantes todos los miércoles y con el apoyo de la World Central Kitchen del chef José Andrés Puerta, lleva alimento a los campesinos.
Solo durante el mes pasado repartieron cerca de 20 mil platos preparados y entregaron 3 mil cajas con alimentos no perecederos, frutas y verduras.
Para ella, uno de los principales problemas que enfrentan y por lo cual se pueden contagiar es que viajan hacinados a sus destinos de trabajo para recortar gastos.
Por ser personas indocumentadas en su mayoría quienes laboran en el campo, no tienen acceso a los beneficios que el gobierno da por la pandemia, ni siquiera si tienen hijos ya nacionalizados.
“Los campesinos son un grupo muy vulnerable porque cuando viajan al trabajo usualmente comparten auto los más que quepan para recortar gastos. También sabemos que hay empleadores que utilizan su propio sistema de transporte. Esa es otra manera en la que pueden contagiarse porque viajan muy cerca uno del otro, pues no tienen otra manera de ir”, revela.
Al inicio de la pandemia, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA por sus siglas en inglés) del Department of Labor (Departamento del trabajo) emitió recomendaciones para proteger la salud de los trabajadores, pero no han supervisado su cumplimiento”.
“OSHA emitió recomendaciones pero no vigila que se cumplan, siempre es así, los trabajadores del campo siempre son excluidos de sus derechos laborales, por ejemplo, en California es el único lugar donde les pagan extra si trabajan más de 40 horas a la semana”, señala.
ALOR IGNORADO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
Los jornaleros connacionales que trabajan en Estados Unidos no solo tienen una valía para ese país, en México representan un fuerte ingreso por el dinero que mandan a sus familias.
Para José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sus remesas van a ser de vital importancia para los meses que vienen.
Estos jornaleros tanto regulares como irregulares dan un aporte muy importante por las remesas y en la coyuntura actual son un sector muy relevante, sobre todo, tomando en cuenta la recesión que se viene para el país. José María Ramos, Profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Pese a esta valía, el Gobierno mexicano también los ha olvidado, pero de acuerdo con el especialista, es el momento de tomarlos en cuenta.
“En este marco en donde se está hablando de una nueva relación con Estados Unidos a raíz del apoyo que México ha dado en materia de seguridad fronteriza en el sur y en el contexto del próximo encuentro que se va a dar entre ambos presidentes, es la oportunidad de insistir en el fortalecimiento de los protocolos sanitarios en las actividades agrícolas.
“Este es un problema que desafortunadamente pese al aporte que están haciendo los jornaleros agrícolas en términos de las remesas, no se logra resolver. Se necesita que las autoridades fortalezcan la atención y generar algunos esquemas de colaboración con las instancias de EU”.
Si Estados Unidos no quisiera cooperar para apoyar al sector, José María Ramos opina que el asunto se podría escalar a instancias internacionales, partiendo de que recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un documento en el que plantea las acciones y políticas públicas que se deben de llevar a cabo para reducir las situaciones de contagio.
Generar esquemas de colaboración entre las instancias de EU y las nacionales así como fortalecer la atención que se le brinda a estos trabajadores migrantes es fundamental para garantizar su bienestar.
“Es un problema que tiene muchas aristas: sociales, laborales y ahora con el tema de la pandemia se puede agudizar, por eso debemos de ayudarlos”, concluye.
