ÓSCAR G. CHÁVEZ. LA JORNADA DE SAN LUIS.
Los tesoros de la Sierra. No sólo en el horizonte del sur-poniente del valle y ciudad de San Luis Potosí, sino también en el imaginario de los potosinos se encuentra presente la Sierra de San Miguelito. Para sus moradores animales y vegetales, como para el hombre –su depredador– ha sido fuente generosa de agua y alimento; a aquel, lo mismo aporta madera para combustible, construcción e industria, que lo protege como barrera natural contra enfurecidos vientos. Estoica, silente, impasible y señorial, ha soportado incendios, depredaciones, ecocidios, frente a la complacencia y complicidad de quienes debieran ser los primeros interesados en protegerla: los habitantes del valle de San Luis.
No sólo provee en lo material; su bucólico misticismo también ha aportado inspiración a la creativa sensibilidad de artistas pictóricos, plásticos, y musicales, paseantes ocasionales o permanentes de sus valles, crestas, cavernas y demás accidentes morfológicos. Espacios que tampoco han escapado de la aguda fantasía del vulgo, el cual ha acuñado las más diversas leyendas sobre ellos, sobre la Sierra toda.
Cuatro siglos cabales, sino es que un poco más (los mismos que tiene de existir a sus faldas la hoy ciudad de San Luis Potosí), fecundan permanentes consejas que incrementan la codicia, generada por el oro y la plata que (en bruto, acuñada, o labrada) acompañados por joyas y cuantos botín de saqueo ocurridos entre los siglos XVII y XIX queramos imaginar, la Sierra oculta con absoluta secrecía entre sus oquedades.
No sólo es el tiempo, cuidadosas notas en folios sueltos o vistosamente encuadernados, reforzados por complejos planos, apuntalan los decires que casi irrefutables, generación tras generación, dan noticia de los tesoros que ella esconde. Por años, variando en sitios y cantidades, mucho se han mentado los tesoros de Joaquín Miramón, pero también del de Juego de Barras, de Tomás Urbina, de Pedro Astorga, o del marqués de Jaral.
No deben andar muy errados los rumores, pues la búsqueda de las mencionadas relaciones ha sido el acicate que despertó el interés de anónimos parias, acaudalados personajes y todopoderosos políticos locales. Serio y certero debe ser el asunto, ya que hasta sociedades se han constituido con tal fin, una de ellas a fines del siglo antepasado, propuesta por el general Carlos Diez-Gutiérrez, gobernador de San Luis Potosí, y propietario de la Hacienda La Pila, en las faldas de la Sierra; otra, en 1938, tenía como objetivo preciso localizar algunos tesoros. Poco se puede atribuir a la ignorancia, pues sus socios eran gente de razón y luces, destacando entre ellas el erudito historiador potosino, y conocedor del terreno como ninguno, Octaviano Cabrera Ipiña.
La conformación montañosa conocida como Sierra de San Miguelito, ubicada entre los municipios de Mexquitic, Villa de Arriaga, San Luis Potosí, y Villa de Reyes. A decir de Valeria de Regil, “es una superficie montañosa que cuenta con 109,638 95 14.39 hectáreas (según el último estudio para declararla como ANP [Área Natural Protegida], pero se deduce que sean más. Forma parte de la ecorregión Desierto Chihuahuense, la más grande en Norteamérica (630,000 km2) y la segunda con mayor diversidad a nivel mundial. Recorre los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, y Arizona, Texas, y Nuevo México, en Estados Unidos de América”. La sección correspondiente a San Luis Potosí se encuentra inserta dentro de las cuencas hidrológicas Jaral de Berrio-Catorce, y Villa de Arriaga-San Francisco (Gálvez, Hernández, y Blázquez: 1941).
La hoy ciudad de San Luis Potosí, por hecho y por derecho se debe a la Sierra, nadie puede rebatir esta verdad histórica. En torno a los manantiales se estableció el primitivo pueblo; y, como lo estableció el doctor Armando Hernández Soubervielle, de sus canteras del Aguaje se extrajo la piedra que permitió construir sus esplendorosos edificios, joyas poco valoradas de la arquitectura civil y religiosa.
Rectora también fue de la actividad económica que generó con sus recursos. Aguas, bosques, fauna y minerales prohijaron y posibilitaron el funcionamiento de haciendas de agua, aire, tierra y fuego establecidas sobre ellas o en sus estribaciones. Los cuatro elementos conjuntados impulsaron importantes núcleos productivos en la región. Testigos mudos son los cascos de las haciendas de Santiago, San Francisco, San Luis Gonzaga, Puerto Espino, Bledos, Carranco, La Ventilla, Calderón, la Pila, Arroyos, Terrero, y La Tenería; heroicos sobrevivientes de pasadas glorias.
Es precisamente esta última hacienda, la de la Tenería (denominada así por el beneficio de pieles que en sus factorías se realizaba durante el siglo XVII) a la que se debe en tiempos recientes la generación de una enorme riqueza acaparada por fraccionadores inescrupulosos. Barones del concreto que hoy amenazan la Sierra de San Miguelito con el ecocidio.
La Tenería
Fue al parecer Francisco Ortiz, a principios del siglo XVI “en tiempo que esta ciudad era pueblo”, el primer propietario “del pueblo y sitio que llaman de La Tenería” distante como a dos kilómetros del primitivo pueblo de San Luis, y en las faldas de la Sierra de San Miguelito. Avanzando el siglo, pero en poco tiempo, a este espacio se sumaron otros por respectivas compras y ventas, siendo sus propietarios diversos personajes como Juan de San Martín; Alonso Nieto, Bartolomé de Bustamante, Diego Fernández, María de Uresti y Bustamante, Francisco Guerrero, Pedro de la Cueva, Andrés de Briones, Domingo Martín y María de León, José Francisco de Espineda, Pedro Duque de Oviedo, Josefa del Castillo, Juan Francisco de Rivadeneira, Nicolás de Salazar; el incremento del sitio era notable para 1633, cuando se encontraba en manos de Juan Eusebio de Torres.
Durante los siglos XVIII y XIX la superficie agraria experimentó diversos incrementos, uno de los más notables fue en 1819, siendo propietario Domingo Ortiz de Parada, la adquisición del rancho Los Morales cuya superficie abarcaba “cosa de caballería y media poco más o menos de tierra”. En un documento de 1824, ya se mencionan incluidos en su extensión las estancias de Canoas y San José; veintinueve años más tarde, en un protocolo de compraventa se le ubica “en términos de la Villa de San Miguelito, suburbio de esta capital”, asignándose un valor de $11,000.00 pesos.
Gracias a las cañadas y ríos que se extendían sobre su terreno su riqueza natural era envidiable, por lo que fue casi natural que las autoridades de la ciudad propusieran en 1863, la construcción de una presa para abastecimiento de agua al núcleo urbano en una cañada del rancho San José, a la que denominaron La Constancia; sin embargo, luego de rumbosa colocación de la primera piedra, la obra quedó en el olvido.
Luego de dos ventas intermedias, en 1895 la hacienda pasó a manos de una compañía anónima llamada Empresa de Aguas de la Ciudad de San Luis Potosí; en ese momento alcanzaba una extensión de 3,762 hectáreas y 7,090 metros cuadrados. La referida transacción tenía como finalidad construir una serie de obras de infraestructura hidráulica, con capital privado, para bastecer de agua potable a la ciudad.
Un año antes, la misma empresa había iniciado la construcción de una presa para almacenamiento de agua, y su posterior distribución, en los terrenos de la misma hacienda, entre los cerros de la Mesa y el Cargador, sobre el cauce del río Santiago, donde recibía los escurrimientos de las cañadas de Juan Dionisio, Juan Miguel, la Mesa, del Muerto y Tortugas. La obra fue dirigida por el ingeniero Guillermo Reitter, y concluida en 1903, llenando de su capacidad total en el mes septiembre.
La revolución mexicana trajo a San Luis Potosí –como a todo México– una serie de alteraciones que afectaron y modificaron los latifundios; la hacienda La Tenería no fue la excepción. Durante la década de 1920, es expropiada una parta de la hacienda, lo que posibilita la creación del ejido Garita de Jalisco en 1927, que en 1930 es dotado con ocho mil hectáreas, y ampliado en 1937 con 492 hectáreas.
La parte no afectada de la hacienda permaneció en propiedad de la Compañía de Aguas hasta 1937, año en que la empresa inicia negociaciones de compraventa con el gobierno del estado de San Luis Potosí, representado por el gobernador Genovevo Rivas Guillén y el licenciado Franco Carreño, secretario general de Gobierno. En agosto del mismo año, Carlos López Zertuche adquirió los excedentes y sobrantes de La Tenería a la Empresa de Aguas; una superficie de 528 hectáreas.
La aparición de este personaje gracias a esta operación de compraventa, se convertiría en la llave que abrió la caja de Pandora, para el ejido de la Garita, las comunidades de San Juan de Guadalupe y Escalerillas, así como para la Sierra de San Miguelito.
El latrocinio de los Carlos López
En la superficie adquirida, López Zertuche proyectó (sobre las antiguas Lomas de los Valentinos) la construcción de un fraccionamiento al que llamó Lomas de San Luis; pero conjuntamente con este inicio, vinieron para el empresario lotificador una serie de confrontaciones con la instancia gubernamental y la Universidad de San Luis Potosí, por la posesión de terrenos donados a esta última y al Hospital Central.
Luego del éxito inmobiliario generado con ese fraccionamiento, continuó expandiendo el concreto por las secciones segunda y tercera de las Lomas, y paralelamente, durante la década de los setenta, su hijo Carlos López Martín del Campo, inició la lotificación y urbanización en otro espacio, contiguo al casco de La Tenería, al que denominó Balcones del Valle.
Un salto a la década de los noventa, puso en el escenario a otro Carlos, hijo y nieto de los anteriores; éste, de apellidos López Medina, conocido como Chato López. Su actuar, como heredero de dos grandes “barones del concreto”, lo retrata muy bien Federico Anaya-Gallardo en su texto “Sobre el notorio papel de los notarios en la injusticia”:
“En la segunda mitad de los años 1990, Carlos Gerardo López Medina (a quien para facilitar la exposición llamaremos Carlos III) inició un proyecto urbano al poniente de la ciudad (colonia Lomas IV). Se ostentó como propietario de la tierra a fraccionar con una escritura pública dada ante la fe del Notario Público 11 de la capital (Bernardo González Courtade) el 14 de Agosto de 1981. Esta escritura consignaba que el padre de López Medina, Carlos López Martín del Campo (Carlos II), hizo una rectificación de escritura previa y como consecuencia, pidió una rectificación de medidas y colindancias, reempadronación y reinscripción de predios (dos predios de los cuales se dan medidas y colindancias, pero se omiten mencionar la superficie de los mismos –calculados planimétricamente, se trata de alrededor de 197 hectáreas). El notario se comprometió a tramitar las últimas rectificaciones ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC). Es decir: un privado declaró ante un notario que había un error en una escritura que documentaba una propiedad a su nombre y que esos cambios debían oficializarse. ¿Cuál era el supuesto error? En 1981 Carlos II declaró ante el notario que su padre, Carlos A. López Zertuche (Carlos I), había comprado un terreno a la Empresa de Aguas, SA en el año 1937 y que la compra había sido inscrita en el RPPC en 1940. Sin embargo, según dijo Carlos II al notario en 1981, treinta años antes (en 1951) él mismo (Carlos II) habría vendido algunas fracciones de ese terreno al General Roberto Morales Zaragoza. Y supuestamente allí ocurrió el yerro: dijo Carlos II en 1981 que “por un error involuntario en aquél entonces de la Tesorería General del Estado, actualmente (Secretaría de Finanzas); así como en la Oficina del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, indebidamente se cancelaron los empadronamientos y registros del resto de la propiedad del compareciente (Carlos II)”, mismos que Carlos II pasó a describir. (Acta 24 del Tomo 28º del Protocolo del Notario 11, según copia de la inscripción 3539, fojas 57-58, Tomo 155 de Escrituras Públicas del RPPC.)
La escritura pública ocupó dos fojas (tres páginas) del tomo correspondiente del RPPC. Al parecer, en 1981 Carlos II habría presentado físicamente los documentos base de su dicho: la compraventa de 1937 hecha por Carlos I (comprador) y la compraventa de 1951 hecha por Carlos II (vendedor); pero el Notario 11 decidió no reproducirlas en detalle. Esta decisión es conspicua en comparación con la costumbre de otros empresarios. Por ejemplo, en una escritura de 2005 que documenta un poder para pleitos y cobranzas, Bancomer reprodujo en detalle una multitud de escrituras públicas desde la constitución de la sociedad El Nuevo Mundo, SA en 1945 hasta una reforma integral de Estatutos de BBV Bancomer en 2002. El notario describió con detalle –citando largos trechos de cada documento que tuvo a la vista– ¡veintidós eventos relevantes de la evolución de la compañía durante 57 años! (Historia de Bancomer, documento de trabajo de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, 2005.) La conspicua cortedad del Notario 11 potosino, obviamente, levantó sospechas. ¿Había habido realmente un error en la venta de 1951? ¿No se trataba de un artificio para hacer un empadronamiento e inscripción que nunca habían existido?
El regidor encargado de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de San Luis Potosí en el trienio 1997-2000, Manuel Nava Calvillo, impugnó el proyecto de fraccionamiento que presentó Carlos III porque, entre otras cosas, la propiedad de la tierra que se usaría no era clara. El regidor Nava Calvillo organizó un equipo externo de abogados para analizar el caso. Este equipo encontró que el Municipio podía reclamar la propiedad de los terrenos y elaboraron un proyecto de demanda y los necesarios estudios cartográficos e históricos. En una cerrada decisión, en la que el Presidente Municipal (Alejandro Zapata Perogordo) debió usar su voto de calidad, el cabildo aprobó pagar al equipo especial de abogados por estos trabajos –con lo cual se reconocía el interés público de realizar la demanda propuesta. Los trabajos del equipo especial demostraron que los terrenos deberían haber sido adjudicados al Municipio desde hacía décadas y que la razón por la que el Notario 11 no reproducía los documentos base de la rectificación de 1981 podría ser porque los mismos no correspondían con el supuesto dicho de Carlos II ante ese fedatario. Un análisis más detallado de la escritura presentada por Carlos III y de los registros públicos mostró inconsistencias potencialmente atribuibles a confusión entre los tres Carlos involucrados (abuelo, padre y nieto) y por lo mismo, la posibilidad de que las modificaciones a los registros públicos fuesen indebidas. Los trabajos del equipo especial fueron presentados de nuevo ante el cabildo en 2000. Cuando el cabildo trató el punto, tanto el alcalde Zapata como el regidor Nava estaban de licencia pues contendían en las elecciones de ese año. Nava solicitó estar presente pero se le negó la entrada. A la sesión, sin embargo, se invitó al privatus Carlos III y éste hizo una encendida defensa de los aportes de tres generaciones de su familia al desarrollo urbano de la capital potosina. (Aportaciones debatibles, que merecerían reflexión aparte.) El cabildo potosino conoció dos dictámenes opuestos sobre el asunto. Uno, elaborado por el equipo especial, proponía acudir al Ministerio Público para que este promoviese las acciones civiles que permitieran al Ayuntamiento recuperar los terrenos. Otro, elaborado por la Sindicatura municipal, proponía dejar de lado el asunto y reconocer los derechos de Carlos III dado el grave riesgo de una onerosa contrademanda por parte del privatus. En una decisión perversamente salomónica, el cabildo dejó sin votar la cuestión. Ante la inactividad de sus representantes municipales, durante los siguientes nueve años, Manuel Nava Calvillo litigó como privatus el asunto, argumentando que en cuanto que ciudadano del municipio, tiene interés en que la propiedad pública del Ayuntamiento se recupere. Carlos III ha impugnado judicialmente cada paso del proceso mediante diversos recursos ante el sistema de amparo y ante el tribunal de lo contencioso administrativo estadual. Hacia 2008, finalmente, el Poder Judicial Federal reconoció la legitimidad del ciudadano Nava y el contencioso administrativo ordenó al Ministerio Público iniciar la vía civil requerida. Pero estas decisiones tan sólo ordenan que el Ministerio Público empiece el largo trayecto judicial que el equipo especial había sugerido desde 2000. Carlos III ganó ocho años, en los cuales terminó de fraccionar la tierra en cuestión y vendió multitud de terrenos. De este modo, este otro privatus ha creado una situación de hecho que hará aún más complejo (y largo) un proceso de reivindicación por parte del Municipio. (Entrevista Personal, Manuel Nava Calvillo, mayo 2009)”.
Con la lotificación de los ejidos de la Garita iniciada en 1993 se abrió el mercado de la especulación inmobiliaria a los codiciosos fraccionadores, los cuales –comprando conciencias y escrúpulos de instituciones y académicos– lograban matizar la inmoralidad de los despojos. En 1996, por ejemplo, donan una considerable cantidad de terreno al Tecnológico de Monterrey, para que edifique su campus, ¡sobre un área natural de protección a la vida silvestre! Después, en 2003 y 2006, vendrían los cambios de uso de suelo sobre esos espacios; la vida silvestre dejó de importar.
Con una brutal embestida, entre los años 2000 y 2005 arrasaron con los terrenos de la Garita; las incalculables fortunas obtenidas a partir del despojo, fueron las que a partir de ese momento, gracias a corruptelas y compras de conciencias de comuneros, ejidatarios, académicos, ambientalistas, abogados, notarios, y funcionarios de los tres niveles, comenzaron a decidir los destinos económico y político de la ciudad y valle de San Luis.
No habiendo más tierra para disponer en esa zona, Chato López voltea ojos e intereses inmobiliarios sobre los terrenos de la comunidad de San Juan de Guadalupe (creada por resolución presidencial en febrero de 1954, con una dotación de 14,869 hectáreas, y ejecutada el 14 de julio del mismo año, en favor de 328 comuneros), extendidos sobre las faldas de la Sierra de San Miguelito.
El asunto de la Sierra
Carlos Chato López Medina logró en 2009 apropiarse de la representación popular de los comuneros de San Juan de Guadalupe, logrando que la representación recayera en Margarito Jasso Menchaca.
Margarito (hijo del legendario defensor de los terrenos de San Juan de Guadalupe, don Pedro Jasso Bravo, quien a sus 87 años y solo con la compañía de su burro Chaparro,emprendió una caminata a la Ciudad de México, (de la que Pedro Nájar hizo un puntual seguimiento: https://www.jornada.com.mx/1997/12/14/mas-chaparro.html) para plantarse en el Zócalo, y solicitar: frenar la venta ilegal de tierras en el ejido de San Juan de Guadalupe, y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito) desde entonces se ha convertido en el principal operador de López Medina, para lograr convencer o forzar a los comuneros para vender sus tierras.
El interés se encuentra sobre la Sierra de San Miguelito, concretamente sobre 2,069 hectáreas sobre las que Inmobiliaria Espacios en el Horizonte SA de CV, propiedad de Carlos López Medina, pretende desarrollar el proyecto Las Cañadas.
La pretendida sociedad con los comuneros, de llegarse a concretar, dejaría a cada uno de los 331 comuneros, 4 millones ochocientos diez mil pesos, ¡entregados en un lapso de 20 años!, y considerando que por metro cuadrado (que la inmobiliaria venderá sobre 20,000.00 pesos) cada comunero recibirá 83 pesos.
En el año 2014, el empresario Alejandro Tamayo también puso sus intereses en la zona y comenzó con el Chato López una disputa por la posesión del terreno, la cual acabó en un pacto de 500 y 1,500 hectáreas respectivamente; contando con la complicidad de la Procuraduría Agraria. Mientras tanto los comuneros fueron motivados con un “préstamo” de 132 millones, 82 aportados por López, y 50 por Tamayo.
Cuatro años después, el alcalde de la capital, Xavier Nava (ya en evidente contubernio con los lotificadores) autorizó el cambio de uso de suelo; ese mismo año un fuerte incendio en la sierra, diluyó los alcances del hecho. Luego, en 2019 durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le solicitó que no se urbanizara la sierra, a lo que éste se comprometió.
En aras por detener la depredación, en 2021 la Semarnat comenzó una consulta para delimitar el perímetro que comprendería el Área Natural Protegida; la consulta, por demás absurda derivado de los complicados métodos y recursos, alcanzó 2400 participaciones, de las que 1,800 se dieron a favor de la declaratoria. Desafortunadamente en el comité técnico de esta consulta se encuentran agentes de los lotificadores, como Edgardo de los Santos (ambientalista operador de López Medina).
El siete de junio de 2021, la dependencia federal decidió que no sería autorizado el proyecto Cañadas. Sin embargo, un mes después, en sorpresiva modificación, autorizó la exclusión de 1,805 hectáreas, para urbanización. Es decir, mediante la construcción de un falso discurso ambientalista, sometido a los intereses empresariales, se propone que esta exclusión se convierta en moneda de cambio, para conceder la declaratoria de Área Natural Protegida.
El domingo 11 de julio, en votación de una asamblea comunal, totalmente amañada, de entre 341 comuneros, con 141 votos a favor, 13 en contra, 17 abstenciones, y 10 desalojados mediante la intervención de la fuerza pública, la comunidad de San Juan de Guadalupe decidió lo que ya se había pactado con la autoridad federal ambiental, la exclusión de 11,805 hectáreas.
El asunto, aunque pareciera una simple disputa por acuerdos internos de una comunidad, va mucho más allá; de entregarse la referida superficie a los lotificadores, se les estaría entregando la totalidad de la Sierra de San Miguelito y sus recursos naturales, que evidentemente serían arrasados en unos años (recordemos Cerro de San Pedro); se les estaría entregando el agua que abastece la ciudad de San Luis Potosí, y el control total del estado.
De entregarse la Sierra de San Miguelito, los hijos y nietos de los potosinos se estarían hipotecando al Chato López.
Lecturas sugeridas:
Federico Anaya Gallardo, “Sobre el notorio papel de los notarios en la injusticia”, en Revista La Corriente, SLP, 2008.
Vicente Gálvez, Apolinar Hernández y Luis Blásquez, Estudios hidrogeológicos practicados en el estado de San Luis Potosí, México, IPGH, 1941.
Armando Hernández Soubervielle, La desigual carrera por la Sierra de San Miguelito: https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/la-desigual-carrera-por-la-sierra-de-san-miguelito/?fbclid=IwAR1Yy069tSXtz9yNn975BulRKs0QNe8wwigt-4XNM4WPEDMfWsLG-s0Yvtk
Hylian Lobo-Guerrero Serrano, Proceso de urbanización en la Garita de Jalisco, periferia surponiente de la ciudad de San Luis Potosí en el periodo 1970-2014, tesis de maestría, COLMICH, 2015.
Carlos López Zertuche, A la opinión pública, refutación documentada a un folleto que se repartió en la ciudad de San Luis Potosí… en el mes de abril del año 1954 bajo el rubro de “Dictamen acerca de la situación jurídica de los terrenos del Hospital Central…, San Luis Potosí, Compañía Constructora y Urbanizadora Las Lomas, 1954.
Alfonso Martínez Rosales, Colección de documentos para la historia de la hacienda de la Tenería, San Luis Potosí, AHESLP, 1991.
Valeria de Regil, La Sierra resiste, SLP, Guardianes de la Sierra, 2021.
UASLP, Dictamen acerca de la situación jurídica de los terrenos del Hospital Central y Anexos, San Luis Potosí, UASLP, 1954.
