VIRIDIANA LÁZARO LEMBRINO. GREENPEACE MÉXICO PARA INFORURAL.
La reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales no es un tema nuevo, es una ley que ya existe en nuestro país y fue publicada por primera vez en 1996 y reformada por última vez en el 2012.
Sin embargo, ahora se quiere hacer una reforma a esta ley en donde se busca agregar obligaciones sumamente lesivas para el campo mexicano, como por ejemplo multas impagables a quien utilice sin permiso semillas, flores, frutos o cualquier estructura vegetal protegida y la prohibición del libre intercambio de semillas y plantas privatizadas. Lo cual pone en desventaja a las agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala y beneficia y protege a las grandes corporaciones transnacionales.
Esta ley trata de privatizar las semillas, las cuales son la principal fuente de nuestra alimentación y que han sido domesticadas y distribuidas libremente por las y los agricultores durante muchos años. ¿Y cómo se busca privatizarlas? Mediante los derechos de obtentor que según las definiciones de la ley, los obtentores se refieren a una persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie.
Aquí uno de los principales cuestionamientos es -¿quiénes son los obtentores?- Generalmente quienes obtienen dichos títulos, de acuerdo a las experiencias que hemos visto hasta ahora, son las grandes corporaciones como Bayer-Monsanto.
Privatizar la vida va en contra de la naturaleza misma, de la colectividad, del derecho humano a una alimentación adecuada e inocua y en contra de nuestra autosuficiencia y soberanía alimentaria, que es el derecho a decidir cómo y qué producir y consumir.
No hay que perder de vista que el origen de esta ley está en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
Actualmente UPOV tiene 78 miembros incluido México y existen dos actas, el Acta UPOV 78 y el Acta UPOV 91. El meollo del asunto es que México es parte de UPOV 78 y con esta reforma de ley que es sumamente excesiva, se pretende que se adhiera a UPOV 91. Las principales diferencias entre UPOV 78 y UPOV 91 radican en que en UPOV 78 los obtentores no tienen derecho sobre la cosecha, en UPOV 91 sí, y pueden reclamar regalías por la cosecha.
Además en UPOV 91 se restringe la mejora de variedades con base a material protegido, es decir, si una variedad de maíz ya está protegida, las siguientes cruzas que se obtengan de ese maíz protegido también estarán protegidas, a menos que se cambie radicalmente su composición genética, a ésto se le conocen como las variedades esencialmente derivadas y es un grave problema porque significa que el libre intercambio, adaptación y reproducción de semillas es restringido y penalizado.
Esta nueva reforma a la Ley Federal de variedades vegetales pretende implantar estás características tan perjudiciales de UPOV 91 en México, además de añadir otras afectaciones extras como las multas exageradas; cuando todavía ni siquiera estamos obligadas a adherirnos a UPOV 91.
Es por eso que se debe evitar a toda costa la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, con el fin de proteger los bienes naturales que heredamos a las futuras generaciones, el patrimonio de las agricultoras y agricultores, de las personas consumidoras y todas y todos los mexicanos.
