VIRIDIANA LÁZARO LEMBRINO, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México. INFORURAL.
En septiembre 2021 se llevará a cabo la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ha sido ampliamente cuestionada y criticada por parte de los pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial debido a que es catalogada como reduccionista y limitada en cuanto a la concepción sobre los sistemas alimentarios.
Aún cuando se tiene conocimiento de que la transformación del sistema agroalimentario actual, hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, justos y basados en cadenas cortas de distribución, que tengan como base la agroecología y una visión de derechos humanos, podrían contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de manera drástica, y no solo eso, sino que además los sistemas de producción basados en la agroecología tendrían la capacidad de captar las emisiones de GEI ayudando a combatir el cambio climático, parece que dicha transformación no es prioritaria.
La realidad es que actualmente vivimos un sistema alimentario industrial dominante que es controlado por corporaciones trasnacionales, que promueven el uso de agroquímicos que contaminan el suelo, el agua, el aire, afectando a la biodiversidad y a la salud de las personas consumidoras y productoras y que responde a los intereses económicos de las mismas corporaciones agroindustriales y de comida chatarra que buscan que el sistema agroalimentario y nutricional permanezca tal como está.
Por eso, en la Postura de organizaciones de la sociedad civil mexicana frente a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas se denuncia que se desprotege a los sistemas alimentarios contra la captura corporativa, porque ha tenido la influencia del Foro Económico Mundial (FEM) al inicio del proceso, así como el nombramiento de la Dra. Agnes Kalibata como Enviada Especial, actual Presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), por lo que se corre el riesgo de presentar “soluciones” en sintonía con las mismas corporaciones responsables de la explotación de la naturaleza, de la mala nutrición y el cambio climático, y de no impulsar acciones para desafiar el poder y concentración de las industrias de agroquímicos, semillas y ultraprocesados.
Además de que el camino hacia la Cumbre ha sido un proceso con poca transparencia y salvaguardas contra el conflicto de interés, al ser concebida como una plataforma multisectorial en la que no existe diferenciación entre los roles de actores privados y públicos, desprotegiendo el interés público. Es un proceso muy complejo y los criterios de selección y participación en sus órganos principales son poco claros, dejando duda sobre quién decidirá los resultados de la Cumbre. Por si fuera poco, no se tomó en cuenta desde un inicio al Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) y al Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas, desarrollados por las Naciones Unidas que busca asegurar la participación e inclusión de la sociedad civil en la política.
Por lo tanto ha sido un proceso nublado que ha ignorado a las voces que participan en los sistemas alimentarios, así como de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial las campesinas y los campesinos, las mujeres, niñas y niños.
La Cumbre debería ser un espacio en donde se gesten cambios profundos de los sistemas agroalimentarios y se busque su transformación radical y se pueda proteger la salud de la humanidad y de nuestro planeta, tal como lo marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lastimosamente se está perdiendo la oportunidad de tener una transformación profunda y de raíz, que incluya la justicia social, ambiental, económica y de género, pero además existe el riesgo de que se privilegie el interés privado antes que el interés público.
