IOAN GRILLO. THE NEW YORK TIMES.
Los grupos del crimen organizado extorsionan a los agricultores en México, pero castigar económicamente a la industria del “oro verde” no va a ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
El éxito del aguacate es un ejemplo de cómo sigue creciendo el comercio a través del río Bravo, pese a las quejas del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca del déficit. Cuando resultó electo en 2016, las importaciones totales de mercancía mexicana tuvieron un valor de 293.000 millones de dólares; el año pasado, se dispararon a 358.000 millones de dólares.
Las exportaciones de aguacate, conocido como “oro verde”, han ayudado a sacar de la pobreza a mexicanos de las zonas rurales del país, sobre todo en el estado de Michoacán, lo cual ha reducido la necesidad de migrar a Estados Unidos. Por desgracia, también han llamado la atención de los cárteles de la droga, que han estado extorsionando a los agricultores de aguacate y a menudo les cobran por cada kilo que exportan.
Los productores de aguacate, hartos de la situación, han tomado las armas en contra de los cárteles y han salido a las calles a manifestarse. El gobernador de Michoacán ha prometido instaurar una nueva unidad antiextorsión, pero aún habrá que ver si da resultados. Si bien estas intimidaciones han sido un problema desde hace años, una oleada reciente de atención de los medios de comunicación ha suscitado un debate sobre si es ético comprar “aguacates de sangre”, ahora considerado un “producto conflictivo”.
Como alguien que ha dado cobertura a la violencia del narcotráfico en México desde 2001, creo que es errado proponer un boicot al consumo de aguacates con el fin de combatir a los cárteles. Si los agricultores diligentes ya son extorsionados por los narcos, es una locura dar un nuevo golpe a sus ingresos. Tenemos que presionar a las fuerzas de seguridad mexicanas para que frenen la extorsión, no castigar a los negocios.
Algunos informes también arguyen que los mismos cárteles se han apoderado de las plantaciones de aguacate. Es cierto que los grupos del crimen organizado en México lavan dinero en una amplia variedad de negocios en el país, como lo evidencia una lista negra redactada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También “invierten” sus ganancias en Estados Unidos, tal como lo reveló un caso infame de cárteles que ocultaron dinero en carreras de caballos estadounidenses. Esto no significa que un sector completo deba ser castigado por estas acciones.
Es verdad que hay problemas preocupantes de deforestación y uso excesivo de agua debido a la producción de aguacates en México, pero este también es el caso de muchos cultivos y lo que se requiere es que se aplique la legislación ambiental, no que se ataque a todos los agricultores, incluidos quienes sí obedecen las reglas.
